Ortega arrasa con los grupos críticos

Lo que se postulaba como la era de la libertad en el país tras el triunfo de la Revolución Sandinista -con Ortega en la guerrilla- que derrocó a la dictadura de la familia Somoza en 1979, se ha convertido en la época más oscura de la historia reciente para miles de empresas y organizaciones que trataban de hacer contrapeso al actual régimen. El Estado centroamericano atraviesa una crisis política y social desde 2018, que se ha recrudecido hace tres años tras la controvertida reelección del veterano líder para un quinto mandato -cuarto consecutivo-.

Al igual que la Iglesia Católica, algunas organizaciones han sido acusadas de «financiar el terrorismo» o «apoyar el golpismo». Otras por «incumplimiento de las leyes». Según el Ministerio de Interior, se han clausurado por tener «inconsistencias en la información y variaciones en sus cuentas». Algo que los directivos de las asociaciones y empresas afectadas rechazan. Alegan haber presentado todo en regla y que la ilegalización es una respuesta por criticar la «represión» que el Ejecutivo ha ejercido durante años.

Cientos de opositores en el exilio o desterrados, unos cuarenta presos políticos y decenas de miles de ciudadanos exiliados conforman sólo una parte de lo que vive Nicaragua. La persecución a toda forma antigobierno se ha plasmado en la ley. Las empresas y asociaciones que no han sido cerradas han decidido marcharse de manera voluntaria del país en rechazo a la normativa que Ortega ha instaurado para asegurarse de que todo se ciña a su ideal. En marzo de 2022 la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL). que prohíbe a organismos defensores de derechos humanos hacer campañas de concienciación sobre la realidad política, económica, social y ambiental que atraviesa la nación.

También está en vigor la llamada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que obliga a registrar ante el Estado toda operación o personas que «se desempeñe o trabaje como agente, representante, empleado o servidor (...) o bajo orden, supervisión o control de un organismo extranjero (...) o subsidiada en su totalidad o en parte por gobiernos, capital, empresas o fondos de otros países». Un cortapisa que varios empresarios han decidido no asumir.

Unos cincuenta medios de comunicación, 19 cámaras empresariales y 26 universidades han quedado ilegalizadas. Entre ellas centros de renombre como la UCA, el Consejo Superior de la Empresa Privada, la Asociación de Combatientes Históricos de San Marcos 'Moya Larios', la Fundación Vidas sin Cáncer, la Cooperativa de Pequeños Productores de Café de Nicaragua o la Fundación Masaya Contra la Pobreza dan cuenta de que el régimen no discrimina sector o alcance.

No basta con cerrarlas. También han sido confiscados todos sus bienes y sus miembros desterrados, exiliados o perseguidos. Sólo nueve de las organizaciones que han sido disueltas habían generado a las arcas del Gobierno unos cuatro millones de dólares en bienes incautados y dejado a más de 50.000 personas sin acceso a los servicios que se prestaban en más de cincuenta municipios del país, principalmente de las zonas rurales.