Ortega cierra la Universidad de los jesuitas y liquida la educación libre en Nicaragua

Hace una semana todas las cuentas de la institución académica fueron bloqueadas, su centro de mediación –uno de los más prestigiosos de la nación– perdió su acreditación y el miércoles pasado recibió la estocada final: fue clausurada bajo acusaciones de terrorismo. Si cerrar la universidad arrebatándole su personalidad jurídica –concedida en 1960– no fuera suficiente, el Ejecutivo ordenó el lunes confiscar todas las viviendas de los jesuitas en Managua. Las escrituras en mano de la residencia Villa del Carmen, propiedad de la comunidad, donde vivían seis religiosos que trabajaban en la universidad, no sirvieron de nada ante la Policía. «Es propiedad del Gobierno», justificaron las autoridades en lo que ha sido calificado por la Compañía de Jesús en Centroamérica como un «atropello». Los religiosos desalojados han sido acogidos por la comunidad San Ignacio del Colegio Centroamérica en la propia capital nicaragüense.

Ortega cumplió su amenaza y «limpió» el país de toda fuente de pensamiento contraria a la suya. La UCA era la única universidad privada que quedaba en pie después de que el Gobierno pasara como un huracán sobre otros 26 centros de estudios. De los 30.000 alumnos que se quedaron sin su 'alma mater', más de 9.000 eran estudiantes de la UCA. Gloria María Saavedra, la jueza que firmó la «sentencia» por la que se confiscaba la sede académica, también lo fue. La abogada se licenció en 2008, y quince años después ha «sepultado» la UCA con la acusación de «terrorista», lo que curiosamente también deja el registro de su título de Derecho en el limbo.

Con cuatro años en el poder todavía or delante, el régimen Ortega-Murillo no quiere perder tiempo para alistar a más seguidores. De manera exprés, la fachada de la UCA cambiaba el jueves pasado de nombre y con ello sus seis décadas de historia. Ya está abierta en su lugar la nueva Universidad Casimiro Sotelo Montenegro, que evoca a uno de los mejores amigos del presidente cuando los dos eran militantes del frente sandinista. Desde este martes se habilitó el sistema de registro académico porque el régimen planea retomar las clases el próximo lunes con los estudiantes que deseen ser educados por funcionarios fieles a la dictadura.

«Un intento del Gobierno de silenciar las voces críticas y autónomas en el país». Así ha descrito la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas (IAJU) las acciones contra la institución académica. La conmoción por el hostigamiento a la UCA ha provocado que la comunidad internacional vuelva los ojos al clima de violencia e inseguridad que se ha instaurado en el país, según el superior general de los jesuitas, el padre Arturo Sosa. «Es una gran sorpresa y dolor por las consecuencias que tiene para la juventud y para todo el pueblo de Nicaragua. Las acusaciones que se le hacen a la universidad son totalmente falsas y carecen de fundamento alguno», afirmó.

Las voces de rechazo se han proclamado como un aluvión de condenas que intentan frenar el «acoso oficial». La provincia centroamericana de la Compañía de Jesús (CAM) ha lamentado los hechos y asevera que la confiscación es el precio a pagar «por la búsqueda de una sociedad más justa, por proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense».

Naciones Unidas también ha desaprobado la situación de Nicaragua.Un portavoz del secretario general, António Guterres, emitió un comunicado en el que aseguraba que un Estado «que cierra una universidad por la seguridad nacional o la preservación del orden público tiene la carga de justificar esa medida tan grave con relación al pacto del que hace parte de respetar la libertad de educación religiosa y moral».

El destino de la UCA se escribió en abril de 2018, cuando miles de jóvenes participaron en una protesta opositora en Managua denominada «la madre de todas las marchas». Abrir la puerta para resguardar a los manifestantes de las revueltas, que terminaron bañadas de sangre con más 300 fallecidos tras una dura represión policial, convirtió a la institución académica en objetivo de Ortega. Ya en 2021 se redujo un 65% la asignación presupuestaria estatal anual a la universidad. Incluso antes del cierre, había disminuido un 40% el número de estudiantes y se había recortado la cantidad de becas, afectando a casi 2.000 alumnos.