Milei cierra el instituto argentino contra la discriminación porque «no sirve para nada»

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«No vamos a seguir financiando ni la rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos, ni cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman nada», ha defendido Manuel Adorni, portavoz del Ejecutivo, al comunicar que el Inadi tiene los días contados. «Nos encantaría que esté cerrado hoy, pero eso no es posible por cuestiones administrativas», ha reconocido. El organismo echó a andar en 1995 a partir de una ley aprobada en el Congreso y, aunque inicialmente dependía del Ministerio del Interior, ahora estaba integrado en la cartera de Justicia. En sus filas, sin embargo, hay «funcionarios de dudosa idoneidad». Milei no ha ocultado sus recelos hacia ellos, ni hacia el trabajo de este instituto hasta el punto de que decidió intervenirlo al asumir la presidencia en diciembre.

«Hay un sinfín de institutos que el presidente está decidido a desmantelar; la batalla de achicar el gasto público es central en nuestro plan de gobierno», ha insistido Adorni para enmarcar el cierre del Inadi en esos «ideales» de reducir el Estado. Milei ha despedido en apenas dos meses y medio a 30.000 empleados estatales, no ha renovado a otros 10.000 y, además, ha paralizado las obras públicas. El fin del organismo que lucha contra la discriminación en cualquier ámbito mediante grupos de trabajo contra la gordofobia, campañas para promover la igualdad en el deporte o programas para el reconocimiento de la comunidad afroargentina es, en realidad, una muerte anunciada. Hacía tiempo que voces afines al presidente se habían quejado de que este instituto callaba cuando personas fuera de su 'agenda' sufrían desigualdad.

La oposición argentina ha cargado contra el cierre del Inadi, que se encuentra en manos de una interventora desde la llegada de Milei. Hasta entonces estuvo liderado por la abogada y periodista Greta Pena, que asumió el cargo en 2022 tras la polémica que empujó a la renuncia de su antecesora, Victoria Donda, denunciada por ofrecer supuestamente un puesto en el organismo a su empleada doméstica. La mujer había trabajado de forma irregular en su casa y el trato consistía, al parecer, en que dejara esa labor a cambio un empleo público. El caso sólo dio argumentos al nuevo Gobierno argentino para fulminar este instituto que la gente, en palabras de Adorni, no puede «seguir sosteniendo» con sus impuestos.