El mal de los tiroteos en los colegios se extiende de EE UU a Brasil

La seguridad que tenían los menores al estar en clase y no en las calles, donde los males agobian con mayor facilidad, se ha visto ensombrecida con los episodios violentos que han aumentado durante el último año. «Tengo miedo de enviar a mi hijo a la escuela», afirma Vanusia Silva Lima, de 42 años, madre de un chico de 5 al diario 'Los Angeles Times'. Al igual que ella, varios padres de familia reclaman al Gobierno frenar los ataques armados que afectan al sistema educativo de Brasil.

El caso más reciente se registró hace más de una semana en un colegio del Estado de Paraná, en el sur del país. Un joven de 21 años, exalumno del instituto, ingresó con la excusa de buscar su «expediente académico» y disparó contra una estudiante de 17 y otro chico de 16. La menor, que según medios locales sería expareja del atacante, falleció en el lugar y el adolescente quedó herido pero murió en el hospital por un «fallo múltiple de órganos». Dos días después de que la Policía detuviera al agresor por los asesinatos fue hallado muerto en su celda por causas que se investigan.

«Estamos viendo que se instala el pánico dentro de las escuelas y las familias» con esta «epidemia de violencia», ha asegurado el ministro de Justicia, Flávio Dino. Los ataques a los centros educativos han experimentado un aumento exponencial desde el 2019. En un 74% de los centros de enseñanza de Río de Janeiro tuvo lugar al menos un tiroteo, según el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de Brasil. Entonces inició el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, a quien Lula culpa de haber incentivado el uso de armas con su política permisiva para la tenencia de estos artefactos. Hasta 2022 –año en que terminó el mandato del líder ultraderechista– los ciudadanos habían comprado en promedio más de 1.300 armas nuevas por día, de acuerdo al Instituto Sou da Paz, una ONG especializada en temas de seguridad con sede en São Paulo.

La respuesta de Brasilia toma como ejemplo la de Estados Unidos y su éxito o defectos. Tras la masacre de Uvalde, donde diecinueve niños murieron después de que un joven, de 18 años, abriera fuego en una escuela primaria en Texas, el Gobierno ordenó la presencia policial en los institutos. Esa misma imagen tienen hoy los centros educativos de Sao Paulo. Más de 1.000 guardias privados fueron contratados para custodiar la entrada de los centros.

Mientras en Norteamérica se instalaban detectores de metales y se inspeccionaban las mochilas de los estudiantes, el presidente brasileño se negó a esta opción cuando el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair, propuso implementar estos controles de seguridad.

Otras de las medidas que ha adoptado el Ejecutivo, que concuerdan con las aplicadas por el país norteamericano, han sido la creación de líneas telefónicas especiales, aumentar los fondos federales para la salud mental y dotar de equipos e infraestructura de seguridad a las escuelas. Además ha iniciado la capacitación del personal académico en cómo enfrentarse a una situación de violencia armada.

El debate sobre el acceso a las armas –que EE UU vive desde hace décadas– no ha tenido tanto protagonismo en Brasil, salvo culpabilizar a Bolsonaro por su política. En cambio, sí ha logrado impacto la discusión sobre los contenidos que se difunden en las redes sociales. La lucha de Lula ha sido contra las plataformas –Meta, Kwai, TikTok, Twitter, YouTube, Google y WhatsApp–, que ha catalogado como las responsables de que mensajes de odio y racismo lleguen a los jóvenes. El Gobierno ha aprobado denunciar y aplicar sanciones a empresas de redes sociales que no tengan una política para la retirada de publicaciones que hagan apología de la violencia escolar y alienten a cometer masacres.