Colombia, Brasil y México convocan a Maduro y el opositor González a aceptar un diálogo político

El mandatario fue proclamado presidente el mismo lunes, mientras todavía quedaban por contabilizar dos millones de papeletas. Un hecho que al Centro Carter le provocó asombro. El Gobierno quiere ahora certificar aquel acto con un recurso de amparo ante el Tribunal Superior presentado por el propio Maduro que, en teoría, le permitirá 'legalizar' su victoria sin necesidad de presentar los informes electorales. Por su parte, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, lidera una campaña de desprestigio sobre las actas reunidas por la oposición mesa a mesa que demostrarían que su candidato, Edmundo González, aventajaba en más de tres millones de votos a Maduro con el 73,2% de las urnas contabilizadas.

La jefa de la misión del Centro Carter, Jennie Lincoln, ha destacado la calidad del sistema electoral venezolano, pero se muestra crítica con el hecho de que, casi una semana después de los comicios, solo se hayan publicado resultados parciales. «Esto es responsabilidad del Gobierno y del Consejo Nacional Electoral. Ellos saben que su sistema es un buen sistema y ellos tienen todavía la oportunidad de revisar sus datos, compartirlos y darle explicaciones al pueblo venezolano», ha afirmado Lincoln en los portales informativos Efecto Cocuyo y TalCual. La responsable afirma que la Comisión Nacional Electoral no ha actuado de «manera transparente» y mantiene serias dudas sobre el contenido de los datos que a partir de ahora pueda recibir de este organismo. «No sabemos lo que vamos a recibir. Estamos hablando de varios días después para un segundo boletín», ha dicho.

Por otro lado, Nicolás Maduro ha expresado su agradecimiento a los gobiernos de Colombia, Brasil y México por su voluntad de iniciar un proceso político que ponga fin a la crisis venezolana. «Están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela, para que Estados Unidos no haga lo que está haciendo», ha señalado el líder chavista que, por otro lado, no ha respondido a las dos principales exigencias de los tres ejecutivos: transparencia en los resultados electorales y la apertura de un diálogo directo con Edmundo González, el candidato opositor.

La idea de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador consiste en formar una coalición de intermediación para sentar a Maduro y González en una mesa de negociación. Las cancillerías de Brasil, Colombia y México ya se han puesto a trabajar rápidamente en conversaciones con embajadores de otros países de América y Europa, así como con organismos internacionales, para sumar adhesiones a esta coalición, que podría bautizarse como G3, según las conversaciones mantenidas por los tres presidentes.

Como primer paso, este nuevo frente quiere celebrar la próxima semana una reunión virtual entre Petro, Lula, Obrador y Maduro para darle a este último detalles del plan y sondear su disposición a un diálogo político. En caso de que el líder chavista acepte la reunión y luego una negociación política, los tres presidentes de México, Colombia y Brasil convocarán una segunda reunión con Edmundo González para pedirle que asuma también el diálogo.

La coalición sabe que existen muchas posibilidades de que su mediación se frustre. En primer lugar, propone crear un equipo técnico internacional que haga un nuevo recuento de los votos para determinar quién ganó en realidad las elecciones. Es muy probable que Maduro renuncie a una verificación de este estilo cuando ni siquiera ha comunicado todas las actas al Centro Carter, que era el organismo internacional aprobado por su propio Gobierno como observador. A estas alturas, la oposición tampoco tiene claro qué actas entregaría el régimen ni si éstas habrían sido manipuladas.

La siguiente premisa de la negociación es que, de darse un nuevo recuento, el candidato que salga derrotado deberá retirarse y el ganador habrá de comprometerse a no iniciar persecución alguna sobre su rival. Los tress gobernantes americanos exigirán además a Estados Unidos y la UE que levanten todas las sanciones sobre Venezuela y los cargos criminales que pesan en la Justicia de EE UU sobre algunos miembros destacados del chavismo.

Mientras tanto, la ONU se ha sumado a la exigencia internacional de evitar una escalada de la violencia en Venezuela. Su secretario general, António Guterres, ha llamado al régimen chavista y a la oposición a resolver la «disputa electoral por medios pacíficos» y ha reprochado al primero las detenciones «arbitrarias» de esta última semana, durante la que miles de ciudadanos se han manifestado regularmente en las calles para denunciar el fraude en los comicios del 28 de julio.

Guterres respaldó además la petición de otros países y organismos como la UE o la OEA de mostrar una «transparencia completa» sobre el proceso electoral. Y recordó que «todo ciudadano tiene derecho a participar en los asuntos públicos y nadie debería ser sujeto a un arresto o detención arbitraria». Naciones Unidas, sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre el reconocimiento expreso de Estdos Unidos al opositor Edmundo González como el ganador real de las elecciones.

La situación política y social en el país americano se asoma a un abismo. Este sábado dos manifestaciones coinciden en Caracas. Una ha sido convocada por el Partido Socialista Unido como denuncia de los «actos de fascismo» de la oposición y a favor de la legitimidad de Maduro como presidente. La segunda está capitaneada por los críticos que denuncian cómo la Comisión Nacional Electoral todavía no ha presentado las actas justificativas de la victoria del jefe del Estado mientras crecen los indicios sobre un pucherazo. El propio Centro Carter, como observador internacional, confirmó la existencia de graves irregularidades el 28-J en detrimento del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González.

El Gobierno ha anunciado que tomará medidas extremas de seguridad. El líder chavista ya ha calentado el ambiente al anunciar la víspera que la oposición prepara «una nueva emboscada» y que planea usar «granadas y otras armas». «Los comanditos armados pretenden hacer un atentado«, ha dicho el mandatario, que afirma haber «dado las órdenes precisas para que las fuerzas de inteligencia y contrainteligencia, seguridad y policías, protejan la Gran Caracas. Los delincuentes ya están siendo buscados». Los críticos opinan que sus palabras sólo están destinadas a jusificar una oleada de represión durante la movilización opositora.

En ese clima propicio a que cualquier cosa pueda suceder en las calles, el régimen intenta acelerar las fases para revalidarse en el poder. El mandatario y nueve de los diez partidos que concurrían a las elecciones acudieron este viernes a la sede del Tribunal Superior de Justicia para firmar la victoria chavista. Solo faltó la formación de María Corina Machado y Edmundo González. La Corte ha exigido a continuación las actas de escrutinio de las mesas electorales, el balance total de votos y la declaración de proclamación de Maduro como presidente, un proceso que trata de conferir validez jurídica a las elecciones pasadas y al nuevo gabinete venezolano después de que el líder chavista presentara un recurso de amparo al tribunal.

Sin embargo, nada de esto tiene una influencia auténtica fuera del propio círculo de poder de Venezuela. Panamá, Ecuador, Costa Rica y Uruguay han reconocido la legitimidad del opositor Edmundo González como presidente, en la estela del pronunciamiento de Estados Unidos, al que el Gobierno de Caracas considera responsable del «intento de golpe de Estado» contra Maduro. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Washington está detrás de una «perversa maniobra» urdida mediante «la mentira y la manipulación», y con la ayuda de los «grandes poderes de la comunicación global», para «generar una narrativa falsa que desemboque en violencia callejera».

El problema para el régimen es que las suspicacias trascienden a Estados Unidos y el resto de naciones que niegan la victoria de Maduro, y se extienden a otros países considerados amigos. Por ejemplo, Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Luiz Inacio Lula da Silva no han ido tan lejos como Estados Unidos y las naciones latinoamericanas que revalidan el triunfo opositor. Ellos apuestan por una salida más flexible, pero también imponen a Maduro «transparencia» en los resultados electorales. Proponen que el final de la crisis sea consecuencia del diálogo entre los dos actores fundamentales de las elecciones (sin la presencia de María Corina Machado), pero dejan claro en un comunicado que «el principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados». Los tres presidentes creen que «las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional».

Los tres gobiernos de izquierda lograron esta semana frustrar una declaración conjunta de la Organización de Estados Americanos (OEA) para presionar a Maduro y condenar la ola represiva. México decidió no acudir al Consejo Permanente mientras Colombia y Brasil se abstuvieron en la votación final. Los tres parecen decididos a formar un frente alternativo al de la OEA y atraer a nuevos asociados a lo que llaman coloquialmente el G3. De hecho, Petro ya se ha puesto en contacto con su homólogo chileno, Gabriel Boric, para conversar sobre la «tensa situación» venezolano y convencerle en un intento de «fortalecer este grupo latinoamericano».

Venezuela es un país a punto de explotar. La chispa puede saltar este sábado cuando en las calles coincidan las manifestaciones convocadas por el presidente, Nicolás Maduro, y los partidarios de la oposición, que denuncian el fraude del régimen chavista en las elecciones celebradas el pasado domingo. El líder chavista se atribuyó el 51% de los votos, pero sigue sin presentar la actas del escrutinio pese a la creciente presión internacional. «Nos enfrentamos a una arremetida mundial, del imperialismo de Estados Unidos, de la extrema derecha fascista, para apoderarse del país a través de la violencia criminal», clama el mandatario. La líder opositora, María Corina Machado, le replica así: «No descansaremos hasta que seamos libres».

Machado y el candidato opositor Edmundo González han convocado a los ciudadanos a las manifestaciones que se celebran este sábado en las principales ciudades de Venezuela a partir de las diez de la mañana (las cuatro de la tarde en España). Tras una semana de disturbios y violencia que se ha saldado con al menos veinte muertos y más de mil detenidos, la tensión es máxima. La oposición denunció este viernes el asalto de las oficinas de su líder en Caracas. Seis individuos armados y encapuchados irrumpieron de madrugada en la sede, causaron destrozos, realizaron pintadas y se llevaron varios documentos y ordenadores. Todo sucedió horas después de que Machado publicara «desde la clandestinidad» un artículo en 'The Wall Street Journal' donde explicaba que teme por su «vida» y su «libertad». Por eso llama a la ciudadanía a protestar. De las urnas a las calles.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y hombre fuerte de Maduro, Diosdado Cabello, cargó contra Machado, como recoge el diario 'El Universal'. «El imperialismo, a través de su lacaya, convoca a una provocación violenta en Venezuela». Y lanzó un aviso: «Nuestra respuesta es ir a la calle en todos los Estados, en todas las capitales (...) Ellos dicen a las diez, pues nosotros vamos a las diez. Cuando ellas quieren nosotros queremos. Esta es una batalla que se tiene que ganar en la calle (...) Nosotros marchamos en paz y alegría. ¡No les demos ni un centímetro de territorio que no les pertenece!».

Maduro y el chavismo se aferran al poder pese a que la oposición ha presentado los resultados de más del 80% de las actas electorales, que dan la victoria a Edmundo González por un margen de «millones» de papeletas. El candidato opositor agradeció este viernes a Estados Unidos el «reconocimiento» de su triunfo en los comicios. Para Antony Blinken, secretario de Estado de EE UU, «los datos demuestran abrumadoramente» que el aspirante avalado por Machado «obtuvo la mayor cantidad de votos». Incluso gobiernos que mantienen buenas relaciones con Venezuela, como Colombia y Brasil, han pedido al régimen que facilite las actas.

La respuesta chavista ha sido cargar contra Estados Unidos y la oposición. «El cobarde y criminal de Edmundo y la fascista de Machado deben estar entre rejas», reclamó el hijo de Hugo Chávez -anterior presidente y gran valedor del actual-. En esa línea, Maduro anunció la creación de dos presidios de máxima seguridad para «reeducar» a los detenidos en los altercados de esta semana. «No habrá perdón ni contemplación con esas personas. ¡Criminales! Veremos si estas cárceles logran convertirse en granjas productivas. ¡Que vayan a hacer carreteras!».

Mientras aumenta el cerco sobre el Ejecutivo bolivariano, su líder se aferra a la petición de amparo que ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela para dar por buenos los resultados electorales que, según los datos del Ejecutivo, confirmaron su victoria el domingo. Pero, como apuntan algunos expertos, ese organismo no es competente en esta cuestión y, además, está bajo control del propio régimen del presidente.