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«Mano dura con la inseguridad en Ecuador». Esta es la bandera de la mayoría de las campañas presidenciales que están a pocos días de culminar en el país sudamericano. Pero las bandas criminales que gobiernan el territorio no esperarán hasta el 20 de agosto - ... cuando se tiene prevista la celebración de las elecciones generales anticipadas-, y eso lo demostraron el pasado jueves con el asesinato a tiros del candidato a la Presidencia Fernando Villavicencio.
El panorama de paz que reinaba en Ecuador dio un vuelco en sólo tres años. El país llegó en 2015 a estar entre los destinos más seguros del mundo y era el segundo con menos delincuencia a nivel de Latinoamérica. Pero el tráfico de drogas y la corrupción lo han convertido desde 2018 en el Estado con más muertes violentas del continente. 4.603 personas fueron asesinadas el año pasado. La cifra más alta desde que se tiene registros oficiales. Mientras que en los seis primeros meses de 2023, se han contabilizado ya 3.513 crímenes de este tipo.
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Ubicado entre dos grandes productores de cocaína, Colombia y Perú, Ecuador es un territorio «óptimo» para el tráfico de la droga con destino, principalmente, a Estados Unidos y Europa. Sus puertos son codiciados incluso por los cárteles más poderosos de México. Las mafias de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación estarían detrás de los grupos de delincuentes que asolan al país andino, según las autoridades locales. Además, la «debilidad de los controles fronterizos», según reconoció la Polícia en un comunicado publicado en julio, hacen del Estado un conglomerado de infraestructura y geopolítica estratégico para los criminales.
'Los Lobos', 'Los Choneros', 'Los Tiguerones' y 'Los Chone Killers' se han consolidado en los últimos años como las bandas más peligrosas del país, temidas incluso por el Gobierno. Funcionarios, periodistas y defensores de derechos humanos han tenido que huir para salvaguardar su vida. Silenciados por investigar o denunciar la delincuencia, algunos se han autoexiliado. Justo uno de los perseguidos era Villavicencio. El candidato presidencial, que se había abanderado con su lucha contra la corrupción y sus planes para mejorar la seguridad, ya había denunciado amenazas de muerte, al parecer por destapar un caso de cohecho que salpicaba al expresidente Rafael Correa.
Otros candidatos a cargos locales y la Asamblea también han sido acallados de manera violenta. Villavicencio es el cuarto político asesinado en este año. En febrero, dos aspirantes a alcaldías murieron en sendos atentados y en julio, el mandatario de la ciudad de Manta, Agustín Intriago fue tiroteado mientras visitaba una obra de la localidad. La conmoción que imperaba en el país tras conocer la noticia obligó al presidente Guillermo Lasso a declarar el estado de emergencia en la región. Un despliegue militar que ahora se extiende a todas las localidades ecuatorianas tras el crimen de Villavicencio.
«De decreto en decreto», así ha vivido el país durante los últimos meses. Los informativos no dan abasto para las decenas de noticias de asesinatos, coches bomba, extorsiones o secuestros que sufren los ciudadanos a diario. La violencia azota con mayor crueldad a cinco de las 24 provincias del país. La llamada 'ruta de la droga'. Ciudades costeras que antes gozaban de prestigio turístico, ahora son el centro de enfrentamientos armados entre los grupos que se disputan el territorio para el narcotráfico. La delincuencia se concentra en Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y El Oro, donde han ocurrido el 80% de los asesinatos, según medios locales.
La geolocalización de las muertes y de la actividad criminal ha llevado al Ejecutivo a reforzar la seguridad en la zona. Una de las soluciones que ahora está sobre la mesa: enviar a policías recién graduados a la «boca del lobo». El ministro de Interior, Juan Zapata, reveló al medio local 'Primicias', que el 80% de los nuevos agentes que terminarán el curso este año serán asignados a las cinco provincias más afectadas por la ola de violencia.
Pero la Policía ha sufrido el «agotamiento» de sus fuerzas durante los últimos años debido a las gestiones de los gobiernos. Los criminales no temen enfrentarse a los efectivos porque están igualmente armados y entrenados, incluso manejan artefactos de largo alcance similares a los del Ejército. Un arsenal que sólo tienen las unidades de élite ecuatorianas. La mayoría de agentes de servicio urbano tiene pistolas Glock o cortas de 9 milímetros. Muchos ni siquiera tienen armas, según informa 'Primicias'. Esta carencia sería el resultado de la falta de inversión de fondos en seguridad. «Los policías pagaban de su propio bolsillo para reparar los vehículos. En lugar de radios, utilizaban sus móviles para comunicarse. Como los delincuentes tienen mucha mejor tecnología, estamos en desigualdad con el crimen ilícito», lamenta un agente entrevistado por el diario estadounidense 'The New York Times'.
El armamento en manos de las organizaciones peligrosas también ha sorprendido en las cárceles de Ecuador. Rifles, escopetas, pistolas semiautomáticas, espadas artesanales y miles de municiones de diferente calibre, que serían ingresadas de manera ilegal al país desde Estados Unidos, han sido encontradas en los pabellones donde permanecen encerrados los integrantes de las bandas, según lo confirmó el comandante de Policía, Fausto Salinas. La ola de violencia vinculada a las drogas habría comenzado justo en los centros penitenciarios. Los grupos delictivos locales compiten por mejores posiciones en el negocio desde sus «bases de operaciones» para el tráfico de drogas, extorsiones, microtráfico, secuestros y sicariato que han hecho del país andino el epicentro del crimen en América Latina.
Unos 4.000 militares y policías de Ecuador ingresaron este sábado en la cárcel regional de Guayaquil para trasladar a un penal de máxima seguridad a José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', el líder del grupo criminal 'Los Choneros', a quien el asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio acusó de haberlo amenazado de muerte. Los efectivos llevaron a 'Fito' -en prisión desde 2011 por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato- al centro penitenciario conocido como La Roca, horas después de que cuatro de los siete aspirantes electorales se reunieran para intentar consensuar un plan de seguridad.
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