Los expresidentes pesan mucho en Perú

El líder de la izquierda peruana fue sentenciado a 18 meses de cárcel por haber anunciado el cierre del Congreso, la conformación de un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto y la reconfiguración del sistema de Justicia. No encontró el respaldo de ningún sector. Poco después fue destituido por el Parlamento y detenido.

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Johana Gil

Un año después, su defensa ha anunciado que solicitará apoyo de tribunal internacional de derechos humanos para subsanar las «irregularidades» del caso, según el abogado de Castillo, Eduardo Pachas. Según la Justicia del país andino, la liberación del exmandatario no será pronto. A su actual sentencia se suma otra de 36 meses por un supuesto caso de corrupción que le sitúa como dirigente de una organización criminal relacionada con el Ministerio de Vivienda y la petrolera estatal.

El intento fallido del exjefe de Estado es el reflejo de la crisis política permanente en el país. Antes del corto mandato de Castillo (17 meses) Perú tuvo tres presidentes en poco más de dos años.

Mientras el Constitucional peruano debate la petición del líder sindical, la actual mandataria, Dina Boluarte, celebra este jueves su primer año como la primera mujer en la Presidencia del país latinoamericano. «Perú y su frágil democracia se asomaron al abismo», ha dicho Boluarte, quien ascendió al cargo para un periodo de transición hasta la convocatoria de elecciones anticipadas. Un proyecto frenado numerosas veces por el Congreso.

Su Gobierno desaprobado por más del 80% de la población ha sido convulso desde el primer minuto. Desde su llegada al poder se desataron masivas protestas que reclaman adelantar la cita con las urnas. Las movilizaciones desestabilizaron al país durante casi tres meses y dejaron decenas de víctimas. Se saldaron con 77 fallecidos, de los cuales 49 murieron por enfrentamientos con las fuerzas del orden, según diversas fuentes oficiales. Ante la presión social que denunciaba la represión de las fuerzas de seguridad, la Fiscalía abrió una investigación contra Boluarte y varios de sus ministros por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Un año después la población continúa pidiendo la dimisión de Boluarte y el regreso de Castillo a la presidencia.