Boluarte remodela su Gabinete mientras se extienden los cortes de carreteras

Los tres ministerios implicados son Interior, Trabajo y Mujer y Poblaciones Vulnerables. El anterior titular de la primera cartera mencionada, Víctor Rojas, abandonó el cargo después de que fuera presentada en su contra una moción de interpelación para responder sobre las acciones de la Policía en las protestas; especialmente en la masacre de Juliaca, donde 17 personas, una de ellas menor de edad, murieron tiroteados por las fuerzas de seguridad, según confirmó la Fiscalía. Los otros dos ministros implicados dimitieron ante la situación del país.

Sus reemplazos fueron anunciados este sábado. Al frente de Interior estará Vicente Romero Fernández, que fue director de la Policía Nacional entre 2015 y 2017 y ya fue ministro de Interior en diciembre de 2017. Luis Alfonso Adrianzén Ojeda asumió la cartera de Trabajo y Nancy Rosalina Tolentino Gamarra será la ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Mientras la crisis política se trasladaba al seno de su Ejecutivo, Boluarte rechazaba de pleno una eventual renuncia. En su primera aparición pública en casi una semana, la mandataria también pidió perdón. «No puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanos en los actos de protestas. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos», lamentó, para a continuación subrayar que no piensa dimitir.

«No voy a renunciar. Mi compromiso es con Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria», declaró, en referencia a los gobernadores y organizadores sociales que han solicitado su dimisión. «¿Cuántos muertos más va a costar la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia? Eso debemos preguntarnos todos los peruanos, de izquierda o derecha. Ningún cargo puede estar encima de la vida humana», dijo a la prensa el gobernador de Puno, estado donde tuvo lugar la matanza de Juliaca, Richard Hancco.

La presión para que Boluarte renuncie, en cualquier caso, no proviene únicamente del ámbito político. Este sábado miles de personas se echaron a la calle en el décimo día consecutivo de protestas tras el parón por Año Nuevo.

Perú amaneció con Arequipa, segunda ciudad del país, prácticamente bloqueada, sin comunicación terrestre con las vecinas regiones andinas de Cusco y Puno. En torno a un centenar de carreteras estaban bloqueadas por los manifestantes, que solicitan la dimisión de la presidenta y el cierre del Congreso. El aeropuerto de Cusco, puerta de entrada a Machu Picchu, retomó el tráfico aéreo tras dos días cerrado.

Por otro lado, la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos culminó este sábado, tras haberse reunido con autoridades y familiares de víctimas. Los observadores exigen investigaciones imparciales ante los indicios de que elementos de la Policía hizo «uso excesivo de la fuerza» en la represión de las movilizaciones. En torno a medio centenar de personas han perdido la vida en los disturbios.