La Fiscalía de Perú confirma que los 17 fallecidos en los disturbios de Juliaca fueron tiroteados

Así lo confirmó el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina. El funcionario informó, además, de que se han abierto investigaciones por presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves. A ello hay que sumar las pesquisas puestas en marcha contra la presidenta, Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros por «genocidio», homicidio modificado y lesiones graves. En ese sentido, ha trascendido que el Ejecutivo peruano suscribió dos contratos el 20 y 27 de diciembre para abastecerse de 31.615 cartuchos y bombas lacrimógenas. El Gobierno armó a la Policía hasta los dientes.

En paralelo, una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a Lima para evaluar «la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas sociales». Los comisarios fueron recibidos por la propia Boluarte en el Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo peruano. A lo largo de tres días de trabajo, la misión se reunirá con autoridades, víctimas y familiares en Lima, Ica y Arequipa.

Los observadores deberán investigar el medio centenar de víctimas mortales que se han cobrado hasta el momento los disturbios. Este jueves se produjo la última. Tuvo lugar en Cuzco, capital del departamento sureño homónimo y meca del turismo en Perú, al que se ha trasladado el epicentro de las protestas. Un líder campesino murió en un choque con las fuerzas de seguridad, según confirmó la Defensoría del Pueblo. Otras 34 personas resultaron heridas cuando la Policía cargó contra una turba que trataba de invadir el aeropuerto de la ciudad.

No fueron los únicos incidentes. En ocho de las veinticinco regiones del país los manifestantes cortaron carreteras, quemaron casetas en los peajes e intentaron saquear centro comerciales. Los principales disturbios se concentran en los departamentos del sur, tradicionalmente más pobres que el resto y de mayoría indígena. Sin embargo, la mayoría de manifestaciones que recorrieron el país, incluida la capital, Lima, fueron de carácter pacífico.

Las protestas cumplen ya más de un mes, desde la detención del expresidente Pedro Castillo, encarcelado de manera preventiva por rebelión, pero la espiral de violencia ha llegado a su cota más alta esta semana. El lunes, 17 personas, incluida un menor de edad, murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad cuando unas 2.000 personas, azuzadas por grupos radicales, trató de asaltar el aeropuerto de Juliaca. Este jueves el Departamento de Salud informó de que otros tres civiles murieron a causa de las heridas provocadas en la refriega.

A esa veintena de víctimas hay que sumar un agente de Policía fue quemado vivo dentro del coche patrulla. Los manifestantes se enfrentaron a pedradas y con explosivos caseros a los agentes, pertrechados con gases lacrimógenos y munición real, a la luz de lo expresado este jueves por la Fiscalía. Es la mayor tragedia hasta el momento en la grave crisis que vive Perú. El Gobierno declaró luto nacional, mientras el alcalde de San Román de Juliaca, Óscar Cáceres, sustituyó la bandera blanquirroja peruana por otra albinegra y anunció que el 9 de enero será declarado «día de los mártires de la democracia».

La crisis política, económica y social en la que se hunde Perú no sorprende a los expertos. En cuatro años han llegado al poder seis presidentes, a lo que se suma una clase política con ínfimos índices de credibilidad –apenas el 18% de los peruanos aprueba la gestión del Congreso, según diversas encuestas–, altos índices de corrupción y una brecha social, económica y étnica entre la capital y sus alrededores y los departamentos del sur. Es allí precisamente donde han surgido las violentas protestas, que exigen la dimisión de Boluarte, la disolución del Congreso y una nueva Constitución –la actual data de 1993, cuando Alberto Fujimori ocupaba la presidencia. Lo que nadie sabe es cuándo se detendrá la espiral de violencia.