La sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela sobre las elecciones del 28 de julio, que avala la victoria de Nicolás Maduro, ha profundizado la crisis que soporta el país no sólo a nivel interno, con el régimen chavista y la oposición en un punto de ... máxima tensión, sino también en sus relaciones con el exterior. El fallo emitido el pasado jueves, y que es inapelable, se ha encontrado con el previsible rechazo de buena parte de la comunidad internacional, que insiste en reclamar la publicación de cada una de las actas electorales como única prueba fiable de lo que ocurrió hace casi un mes en las urnas.
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En esa línea se pronunciaron la Unión Europea, Estados Unidos, España y una decena de naciones latinoamericanas como Chile, Uruguay, Paraguay y Ecuador, que calificaron de «fraude» la reelección del líder bolivariano para un tercer mandato y lamentaron su falta de «democracia». «No hay duda de que estamos frente a una dictadura», zanjó el presidente chileno, Gabriel Boric, uno de los más duros con la resolución judicial.
Nadie confiaba en que el Supremo fuera a poner en duda los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral –en manos del chavismo, como el máximo órgano judicial– que proclamaron a Maduro ganador de los pasados comicios con el 52% de los votos. Su sentencia, tachada de «nula» por la oposición, solamente ha dejado satisfecho al régimen y, en particular, al propio presidente, que la consideró «histórica y contundente». «¡Santa palabra! ¡Hágase la paz! ¡Respeto absoluto!», proclamó, poco después de conocer el fallo, ante una multitud de simpatizantes en el Estado costero de La Guaira. El líder bolivariano recibió además el apoyo de Cuba, que aseguró que cuestionar el resultado electoral supone seguir «la pauta» de Estados Unidos, y una declaración de «absoluta lealtad» por parte del ejército a raíz del la resolución del tribunal.
Mediación de la ONU
Pero la euforia de Maduro contrasta con la gravedad de la crisis política, social y económica que arrastra el país caribeño –donde se teme un nuevo éxodo de venezolanos– y que las denuncias de pucherazo sobre las elecciones presidenciales sólo han empeorado. La ONU, que estuvo presente en los controvertidos comicios, se ofreció este viernes a mediar para resolver la complicada situación en Venezuela –las protestas tras el 28 de julio han causado, según datos oficiales, 27 muertos y más de 2.400 detenidos– cuando «todas las partes» estén de acuerdo y así lo soliciten.
El ejército declaró su «absoluta lealtad» al régimen poco después de conocerse la resolución
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se expresó este viernes con claridad:«Nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y de momento no hemos visto ninguna prueba, nadie ha visto las actas». «Cuando las tengamos, veremos cómo son», agregó. El Ministerio español de Asuntos Exteriores insistió también en reclamar esos documentos, que según la oposición venezolana les darían el triunfo por el 67% de las papeletas, porque, «en tanto esto no se produzca, no podremos reconocer el resultado».
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