La Fiscalía rechaza excarcelar a Junqueras y Sànchez por su candidatura a las elecciones del 28-A

En su escrito, el acusador público Fidel Cadena sostiene que el riesgo de fuga no solo se mantiene una vez iniciado el juicio, sino que se incrementa al tener más sesiones de la vista oral en abril y mayo. En su postura tiene en cuenta el «liderazgo e implicación» de los cinco encausados, que hace que «el riesgo de reiteración delictiva no esté en modo alguno conjurado», sino que persiste. «La posición preponderante que políticamente ostentaban los procesados y sus propias manifestaciones reiteradamente difundidas en los medios de comunicación sugieren la alta probabilidad de reincidir», subraya el escrito.

El fiscal utiliza nuevamente el argumento de estar en medio del juicio para justificar también el riesgo de fuga, porque se encuentra en «una fase procesal» clave, en la que «se están determinado la consolidación de los fundamentos de la imputación».

Pese a alegar «vínculos personales, patrimoniales y políticos que harían penosa su huida», advierte de que los presos disponen del «respaldo de una estructura organizativa y grupos afines, suficiente para materializar en situación de libertad la evasión de los tribunales españoles así como lo recursos económicos necesarios para la subsistencia fuera de España, el asesoramiento legal especializado y la publicidad ventajosa«.

Circunstancias todas ellas, detalla, similares a las de otros cuatro encausados en rebeldía por el delito de rebelión, que son el expresident Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y lo exconsejeros Clara Ponsatí y Antoni Comín.

El fiscal advierte, además, de las consecuencias que tendría una eventual fuga para el juicio, ya que «es evidente» que de producirse sería imposible continuar con la vista oral en relación a ellos mismo, lo que causaría «perjuicios irreparables a la administración de Justicia y al desarrollo conjunto del juicio«.

Asimismo, rechaza equiparar el 'caso Demirtas' -activista kurdo encarcelado en Turquía y amparado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- al de los candidatos presos «porque los presupuesto de la medida cautelar, sus fines y proporcionalidad no guardan relación alguna con la situación de ninguno de los procesados presos», si bien recuerda en el caso del político turco «no se demostraron o esgrimieron razones de peso» que justificaran mantenerlo en prisión.

Por todo ello, el fiscal considera que el mantenimiento de la medida cautelar es «razonable y proporcionada» y que «no implica una vulneración a un juicio justo» ni se ve perjudicado su derecho de defensa.