Un traje a medida para gestionar los fondos europeos aligerando plazos

El objetivo:desatascar las tuberías de la Administración y agilizar la ejecución del dinero europeo. El Ejecutivo ha insistido en que España no puede desaprovechar la oportunidad de cambio productivo que puede suponer la inyección comunitaria. Pero que entre 2014 y 2020 el país sólo haya gastado el 34% de sus 56.000 millones en fondos estructurales no es buen precedente. Este dato ilustra que el Estado requiere mejoras en la contratación pública, la gestión de las subvenciones y las asociaciones público-privadas.

La dilación de los procesos se entiende si se conocen los pasos a cumplir. El Estado ha de identificar y documentar la existencia de una necesidad. Después, tiene que acreditar que cuenta con el dinero para acometer el proyecto. Entonces, tramita el expediente, que implica la apertura de un procedimiento abierto a la competencia: se anuncia la licitación, se abre un periodo de ofertas, se reúne a un grupo de técnicos para evaluarlas, y es posible que, antes de darles una puntuación definitiva, se les requiera más información. Cuando llega el veredicto, alguna empresa puede recurrir por estar en desacuerdo en cómo se ha realizado la adjudicación. Todos estos pasos tienen sus plazos y un marasmo de papeles que aportar y analizar.

La secuencia que explica José Amérigo, socio de PwC, responde a la trasposición de una directiva comunitaria en materia de contratos públicos cuyo objetivo es garantizar que los procesos son competitivos, es decir, que los contratos no se dan a dedo.

Pero si cumplir los pasos puede llevar entre cuatro y seis meses, Amérigo cree que con reformas se pueden reducir un 40%los tiempos sin mermar garantías. María Guinot, socia de Deloitte Legal, añade que la normativa española impone un rigor que excede de lo exigido por Europa.

En cuanto a cuestiones concretas, Amérigo opina que se puede ahorrar tiempo considerando que la mera inclusión de un proyecto en el plan que el Gobierno enviará a Bruselas para recibir los fondos ya supone identificar la necesidad; o desarrollando una fiscalización continua de los expedientes en lugar de previa; o con unos modelos de pliegos homogéneos para todas las administraciones.

CEOE presentaba sus propuestas esta semana en la reunión de los agentes sociales con el Gobierno. Y la acogida del Ejecutivo, declaran, ha sido «inicialmente buena». Luis Socias, jefe de la oficina de proyectos europeos de la organización patronal, defiende que no se han de reformar leyes de manera permanente, sino que se ha de construir un marco nuevo a aplicar exclusivamente durante el próximo semestre europeo y sólo con los fondos comunitarios.

Para éstos, propone Socias, se aplicarían los contratos urgentes, aunque la laxitud de su aplicación se limitaría a los plazos, más breves, no a cuestiones que puedan reducir la competencia.

Pero desde KPMG Abogados, su socio Borja Carvajal explica que Bruselas puede plantear problemas a la generalización de la urgencia en los contratos –porque crea que no está justificado– y puede haber empresas que se quejen porque los plazos más cortos les impidan presentarse a los concursos. Carvajal advierte de que lo prudente es esperar a que Bruselas apruebe en las próximas semanas sus reglamentos para suprimir las trabas administrativas. Porque el miedo a no gastar puede llevar a incurrir en el riesgo de castigo europeo y se tengan que devolver fondos por haber adjudicado mal.

Aunque el decreto ha de ir más allá de la contratación. También habría de recoger medidas para favorecer y premiar iniciativas empresariales y para flexibilizar los consorcios público-privados que canalicen fondos europeos. Toda ayuda será poca para lograr destinar a proyectos interesantes todos los recursos comunitarios.

No hay que olvidar las subvenciones: Guinot sugiere que las ligadas a los recursos de Bruselas se agrupen en un plan estratégico para su gestión centralizada. Ello requiere una gran labor de planificación pública. Así los solicitantes podrían preparar los proyectos sin esperar a cada convocatoria y acortaría los tiempos. Y se podría favorecer la declaración responsable para acreditar requisitos tanto para subvenciones como para contratos.