Las tractoradas convocadas por redes sociales se desinflan tras una semana de escasa movilización

Desde la Plataforma 6F, que fue la primera en salir a la calle al margen de las organizaciones más representativas (COAG, ASAJA y UPA), recone el desgaste del movimiento. «El número de agricultores movilizados va perdiendo fuelle», indicó ayer en una rueda de prensa su portavoz y asesor jurídico, Xaime da Pena, quien atribuye esa debilidad a «la contundencia con la que Interior ha ordenado actuar a la policía, con la orden de golpear las cabezas de la gente mayor».

Según explicó, aunque sin mostrar las pruebas para ello, el sábado hubo más de 60 heridos en las cargas posteriores a la convocatoria en la que se pactó ese paro indefinido del que ahora, solo dos días después, han decidido desligarse los transportistas comandados por Manuel Hernández, que también actúan al margen de las principales patronales del sector.

Por estos supuestos hechos violentos, solicitan la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, contra quien emprenderán acciones legales. «Se van a iniciar acciones judiciales, no sólo a nivel social y civil, sino también penal», advirtió Da Pena, con la intención de llevar el caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También estudian denunciar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, después de que otra de las portavoces de la plataforma, Lola Guzmán, arremetiese contra la policía presente en los actos del pasado sábado. «Poco os mató la ETA», llegó a increpar. Unas palabras que la propia Policía Nacional ha decidido denunciar por un supuesto delito de odio.

En este clima de tensión, y frente al argumento de que el uso de la fuerza policial está mermando las manifestaciones, fuentes del sector aseguran que la desvinculación de muchos agricultores de esta plataforma se debe a los tintes políticos que la rodean, algunos de ellos relacionados con la extrema derecha, algo que siempre ha negado Da Pena.

Este mismo lunes, los agricultores murcianos votaron no acudir a sus convocatorias, asegurando que «esta organización está siendo utilizada para lanzar reivindicaciones políticas en un movimiento que es agrario». La deserción interna ha provocado que el 6F cambie de estrategia, haciendo un llamamiento a la «unificación» para poner fin a los cortes de carreteras por parte de los agricultores y que, en vez de eso y para garantizar su seguridad, se saque a los animales a las calles. En todo caso, advierten que «si hay algún valiente que quiera seguir cortando, que corte».

Por otra parte, COAG, Asaja y UOPA reanudaron este lunes su calendario de movilizaciones, que tendrá su día fuerte él miércoles 14 de febrero, cuando está previsto el bloqueo de accesos a Mercamadrid, así como las tractoradas más numerosas en Burgos, Cuenca, Guadalajara, Jaén, Málaga, Palencia, Santiago de Compostela, Sevilla, Toledo, Valladolid y puerto de Motril.

Estas organizaciones sí se reunieron hace unas semanas con el ministro de Agricultura, Luis Planas, que en una entrevista en Onda Cero insistía en que defenderá los intereses del campo en el próximo Consejo Europeo del ramo que tendrá lugar el próximo 26 de febrero.

No obstante, reconoció que es difícil trasladar estos debates a medidas concretas en el corto plazo. Y eso es precisamente lo que reclama el sector, golpeado por la sequía, la competencia desleal de terceros, los elevados costes que en muchas ocasiones generan ventas a pérdidas y una enorme carga burocrática y medioambiental que dificulta la labor en el campo. «Muchas veces por superposición de normas hay una presión muy fuerte», reconoció Planas, que también ha recibido un toque de atención por parte de los empresarios.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, pidió al Ejecutivo que escuche las reivindicaciones, apuntando al elevado coste que ha supuesto para las explotaciones la subida del salario mínimo.

En todo caso, Planas defendió que de las ayudas de la PAC que ya están llegando al campo, correspondientes a los pagos de este año, un 60% de los trabajadores del sector va a cobrar más, un 30% lo mismo y un 10% menos. «La liquidación no ha concluido y lo van a ir percibiendo poco a poco», indicó.