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La Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, que promovió la huelga del sector de 20 días en marzo de 2022 en España, se suma a la ola de movilizaciones de los agricultores. Y también lo harán otros representantes del sector ... primario como la pesca. A partir del próximo sábado, los transportistas que pusieron en riesgo la cadena de suministros hace casi dos años refrendarán el inicio de las movilizaciones que, en el caso del sector primario, se desarrollan desde mañana.
Así lo anunciaron este lunes Manuel Hernández, presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, y Lola Guzmán, portavoz de la plataforma 6F, que por primera vez suma a agricultores, ganaderos y pesca al margen de los sindicatos. De hecho, las protestas que se han visto en los últimos días en algunas regiones han sido convocados a través de redes sociales, a la espera de que las tres principales organizaciones del sector -COAG, Asaja y UPA- hagan público el calendario oficial de paros que la pasada semana decidieron mantener pese a la reunión con el ministro del ramo, Luis Planas, en la que el Ejecutivo se comprometió a defender sus reivindicaciones en Bruselas.
Del mismo modo, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos -que no ha sido convocada por el Ministerio a pesar de tener una buena parte de representación entre los trabajadores del campo- también desarrollan sus protestas desde mañana y mantienen la gran tractorada ante el Ministerio de Agricultura prevista para el 21 de febrero, jornada que fue convocada por la organización ya el pasado mes de diciembre.
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Sin embargo, la plataforma 6F -creada hace apenas una semana al albor de las protestas en Francia y que ya cuenta con más de 100.000 personas adscritas- convoca las movilizaciones al margen de estos sindicatos agrarios o cualquier partido político. Las movilizaciones conjuntas se producirán a partir del sábado, pero ya desde mañana parará el sector primario. Las movilizaciones serán capaces de «cortar la entrada a los puertos», según la plataforma, que no quiso desvelar dónde se producirán para «ganar efectividad gracias al factor sorpresa».
Hernández confirmó que no van a cancelar los paros hasta que se reúnan con el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, sin intermediación de las «grandes organizaciones subvencionadas que solo acuerdan soluciones que quedan en papel mojado y propaganda», en referencia al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), interlocutores del Ministerio de Transportes que firmaron el acuerdo hace dos años. «No serán manifestaciones de un día», aseguró el presidente de la plataforma, que denunció que la ley del transporte que se aprobó en agosto de 2022 no está dando ningún resultado para que los transportistas no trabajen a pérdidas porque no está sancionando las infracciones.
Su reivindicación principal son los bajos precios que se paga por los productos agrarios, ganaderos y al transporte «que nunca llegan al bolsillo de las personas que los producen o los transportan», argumentó Hernández. «La intermediación se ha convertido en un cáncer para la clase trabajadora», señaló el camionero, que denunció la competencia desleal en el sector que está siendo avalada por el Gobierno y los tratados europeos.
Por ahora el sector no ha recibido respuesta por parte del Ministerio de Agricultura ni de Transportes. Preguntado por este asunto, Óscar Puente señaló que cualquier paro convocado por los transportistas en apoyo al sector agrícola está «absolutamente injustificado» y que sus motivaciones no tienen «nada que ver con el sector, sino más con la política». Sin embargo, la plataforma de camioneros le tachan de «echar balones fuera» y le recordó que ha incumplido su promesa de reunirse con ellos para evitar unos paros con los que amenazaron hace tres semanas.
Por su parte, Lola Guzmán, rechazó la intervención de cualquier sindicato agrario que les convoque, aunque les invitó a unirse a su plataforma para garantizar los derechos de los trabajadores del sector primario. Aseguró que en la reunión con el ministro Luis Planas que reclaman tendrán que tratar la ley de bienestar animal y el Pacto Verde Europeo, nuevas normativas que «están impactando seriamente» en el sector. «No hay mayor ecologista que un agricultor o un ganadero, pero nos tratan como si fuéramos terroristas», aseguró Guzmán, que denunció que organizaciones como Asaja o COAG han tenido 40 años para poner de acuerdo al sector y «plantarle cara al Gobierno», pero aseguró que su verdadera intención es «vivir de subvenciones y sacar un día al año los tractores a pasear como si fuera una cabalgata de reyes».
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