La reforma de la reforma laboral que viene: cambios en los fijos discontinuos y el despido

Salga el Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio, esta reforma laboral ha llegado para quedarse e incluso pasará a la historia por haber conseguido lo que ninguna antes había logrado: reducir de golpe y porrazo la temporalidad, uno de los males endémicos del mercado de trabajo español, una anomalía que hasta ahora nos situaba a la cabeza de Europa. Lo ha conseguido gracias, en exclusiva, a las empresas, puesto que la Administración Pública, lejos de recortar su abultado número de interinos, los ha llevado a máximos.

Eso sí, esta reforma laboral sufrirá algún retoque e incorporará nuevas medidas con independencia del color del partido que gobierne. Así lo reconoció recientemente el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien, lejos de tener intención de derogarla, la calificó de una reforma «sustancialmente buena», aunque avanzó que hará algunas «mejoras» y «ajustes».

De hecho, en sus propuestas económicas para la próxima legislatura, los populares incorporan la 'mochila austríaca', lo que significa, por tanto, cambios en el modelo actual de despido. Actuar en esta materia también es la intención de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aunque en sentido opuesto, para elevar las indemnizaciones por despido improcedente, algo que se le ha quedado en la guantera y que promete retomar si se mantiene en el poder.

Los sindicatos la aplauden pero la CEOE se opone, al tiempo que exige dar marcha atrás y retirar el poder que se ha dado a la inspección de Trabajo para controlar los despidos colectivos.

Otro retoque que se puede hacer de esta reforma, ya que concita bastante grado de consenso, es actuar sobre la figura del fijo discontinuo, que se ha disparado desde su entrada en vigor. Porque ya nadie cuestiona –o muy pocos– que ha sido plenamente eficaz en rebajar la temporalidad, al mismo tiempo que se ha creado empleo con fuerza, más de un millón de puestos desde su puesta en marcha en enero de 2022. Sin embargo, hay bastantes dudas sobre si esta reducción de la temporalidad viene acompañada de una reducción de la precariedad. ¿Ha traído mejores condiciones para los trabajadores, más estabilidad y seguridad, mejores salarios o es solo un cambio de nombre?

Porque sí, la firma de contratos temporales se ha desplomado drásticamente, mientras los indefinidos han subido como la espuma, hasta niveles nunca vistos. Ahora, el 86% de los afiliados son fijos, tres millones más que el último mes antes de la entrada en vigor de la nueva norma.

Pero muchos de esos indefinidos son fijos discontinuos, es decir, muchos trabajadores han pasado de tener un contrato temporal a uno indefinido pero intermitente. El Gobierno se resiste a cuantificar mes a mes cuántos afiliados están en esta situación, pero se han duplicado con creces en el último año y a cierre de 2022 superaban los 830.000, de los cuales la mitad no estaba en actividad.

Este auge de trabajadores intermitentes también ha elevado la rotación laboral del empleo que antes se entendía como estable. Se han disparado las personas que firman más de un contrato indefinido en el mismo mes: casi 45.000 en mayo, récord histórico y quince veces más que los menos de 3.000 que eran habituales antes de la reforma laboral. La duración media de los contratos se ha desplomado y ha pasado de 52,7 días antes de la reforma a 43,9 días. Y, pese a las sanciones impuestas, no se ha conseguido erradicar la destrucción diaria de empleo. ¿Son esto síntomas de estabilidad?

«Empezamos a ver indicios de que la caída de la temporalidad no viene acompañada de una reducción de la precariedad laboral», se lamenta José Ignacio Conde-Ruiz. El subdirector de Fedea ve claro que ahora toca trabajar sobre esta reforma y desarrollar un reglamento jurídico para el contrato fijo discontinuo, así como restringir su uso, ya que «se puede utilizar prácticamente para todo y no hay garantías de que vuelvan a llamar a este trabajador». Aboga además por implantar un bonus malus para penalizar a aquellas empresas que abusen de estos contratos.

En esta misma línea, Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA e interlocutora de la CEOE durante la negociación de la reforma laboral, también apuesta por «aclarar jurídicamente» algunos conceptos de estos contratos intermitentes, que presentan dificultades de interpretación, y controlar el fraude, para que no se utilicen como una sustitución de los temporales. Por su parte, el director de Randstad Research, Valentín Bote, pide permitir a las empresas de trabajo temporal (ETT) suscribir contratos fijos discontinuos con sus empleados, algo que –alega– redundará en su beneficio puesto que trabajarán más días al año con diferentes empresas. Incluso da un paso más allá y aboga por recuperar el contrato por obra y servicio que eliminó la reforma de Yolanda Díaz y supone costes más elevados para las empresas.

Pero, además, no hay que olvidar que sí, esta reforma ha sido un éxito en la lucha contra la temporalidad, pero no ha atacado los otros dos graves problemas endémicos que arrastra desde hace décadas el mercado laboral español: un paro disparatado, que se ha convertido en estructural y es el más elevado de Europa, y una escasa productividad, también de las más bajas del continente. Otra difícil tarea que tiene por delante el próximo Gobierno.