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Crear más de un millón de empleos durante los próximos cuatro años para llegar a superar los 22 millones de afiliados a final de la próxima legislatura. Este es el reto que se fija el PP si asalta La Moncloa en las próximas elecciones. ¿Es ... un objetivo alcanzable?
Teniendo en cuenta que se han creado más de un millón de puestos de trabajo en el último año y medio puede que parezca que no es descabellado. Pero no son comparables, puesto que hay que tener en cuenta que España ha tenido un ritmo de crecimiento de empleo acelerado a consecuencia de la pandemia, que, aunque queda lejos, destruyó precisamente un millón de empleos en pocas semanas.
A partir de ahí, el empleo metió el acelerador y llegó a elevarse a ritmos que incluso superaron algunos meses el 5%, un nivel que no se veía desde hace muchos años, en más de una década. Creció muy por encima del PIB, algo inusual, y, de igual manera, se mantuvo indemne a acontecimientos externos como la crisis de precios y la guerra en Ucrania. Demostró una resiliencia desconocida y la Seguridad Social alcanzó máximos y sigue en estos últimos meses batiendo récords. Hay ya más de 20,8 millones de afiliados y, aunque el Gobierno preveía superar los 21 millones este verano, la desaceleración que se ha producido en los últimos dos meses pone en peligro este objetivo.
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Superar los 22 millones se puede, sí, pero no será fácil, según señalan los expertos. «Se trata de un objetivo alcanzable pero la gran duda es en cuánto tiempo, ya que todo depende fundamentalmente del ciclo económico que haya en los próximos años», señala Valentín Bote, director de Randstad Research. Si se registra un ciclo negativo, no solo le costará más a España llegar a ese nivel, sino que incluso puede retroceder, advierte, tal y como ocurrió en las anteriores crisis económicas.
Eso sí, este experto pide al Gobierno que no «manipule las estadísticas» para sacar pecho de los buenos datos de empleo. «Ese espíritu de manipular la información aunque sea a corto plazo está en el ambiente», denuncia. Así, Bote pone de manifiesto que la obligación que había establecido el Ejecutivo de que a partir de octubre todos los becarios cotizaran, una de las derivadas que tenía era «engordar el número de afiliados» precisamente de cara a las elecciones, que eran en diciembre. «Si las elecciones no se hubieran adelantado, esto estaba previsto para llegar a los comicios con un nivel de afiliación dopado», explica. Por ello, demanda al Ejecutivo que ofrezca las cifras desglosadas, para saber cuántos de los afiliados son becarios y cuántos no. Del mismo modo, llama la atención sobre que, más de un año después de la entrada en vigor de la reforma laboral, aún no se sepa cuántos fijos discontinuos están trabajando y cuántos inactivos. «Dicen que no lo saben o que no han encontrado todavía el número», señala.
Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, condiciona que se puedan superar los 22 millones de cotizantes a que haya una activación fuerte de trabajadores, algo que tendría que venir de la mano de la inmigración o de una incorporación masiva de personas de la inactividad a la actividad. De igual manera, sostiene que dependerá también del contexto geopolítico y del aprovechamiento de los fondos europeos.
Por ello, piensa que este nuevo empleo tendría que darse en sectores intensivos de mano de obra, como la construcción, y en las industrias relacionadas con los PERTE.
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