Europa deja al Gobierno en entredicho tras fallar en contra de la indemnización por despido

La resolución europea que carga contra el despido español se tomó el pasado lunes, en plena Semana Santa, y el jueves pasado el comité se lo comunicó a las partes interesadas. Esta sentencia puede suponer un antes y un después en la legislación española, que deberá hacer cambios para adaptarse a la norma comunitaria, lo que previsiblemente supondrá un encarecimiento del despido y la supresión de los actuales límites en la indemnización por despido improcedente, que están fijados en 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, algo que Estrasburgo considera que no se ajusta a la Carta Social Europea. Es decir, se abre la puerta a una indemnización por despido a la carta, que pague a cada trabajador una cuantía en función de sus circunstancias profesionales y personales, y no solo por la antigüedad que tenga en la empresa.

Este fue el principal argumento que utilizó UGT y que ahora respalda Estrasburgo, igual que antes hizo con Francia, Italia y Finlandia: el mecanismo de indemnización en caso de despido improcedente no permite a las víctimas obtener una indemnización adecuada para cubrir el perjuicio sufrido; es decir, no siempre resarcen el daño causado al trabajador, sobre todo cuando la relación laboral ha sido corta. Y, además, no tiene un efecto disuasorio para los empresarios.

El Gobierno se desmarcó de esta reclamación y alegó que la legislación española cumple perfectamente la Carta Social Europea. Es más, junto con las patronales europea y española, sostuvo que el sistema español presenta varias ventajas en términos de certidumbre y seguridad de los contratos. Así, por ejemplo, en caso de despido improcedente, los trabajadores están exentos de la carga de la prueba de los daños reales sufridos. De igual manera, argumentó que si se tuvieran en cuenta factores subjetivos a la hora de determinar la cuantía de la indemnización, el despido se encarecería y, sin duda, afectaría a las decisiones de contratación de los empresarios, por lo que solicitaba una resolución en el que se señalara la conformidad de la legislación española a la Carta Social Europea.

«El CEDS se ha pronunciado ya. Las partes ya sabemos lo que ha dicho, lo sabe el Gobierno de España. Nosotros no lo podemos desvelar, pero pedimos al Ejecutivo que no impida que la ciudadanía española conozca ya el resultado de la petición de UGT. Cuanto antes se sepa lo que ha dicho por el Comité mejor para todos», escribió en un post el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Cuándo se hará pública de manera oficial esta resolución depende del Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que el Ejecutivo del país afectado tiene la prerrogativa de retrasar hasta cuatro meses la autorización para desvelar este fallo que, por tanto, se conocerá como tarde en julio.

Y, el siguiente paso, será tomar decisiones para adaptarse a la Carta Social europea, puesto que «el Tratado es jurídicamente vinculante y las decisiones del Comité de Expertos son de obligado cumplimiento», según establece una ley publicada en el BOE en junio de 2021. Además, el Gobierno de coalición se ha comprometido en numerosas ocasiones a cumplir con la Carta Social Europea, y así lo ha proclamado como bandera para elevar el salario mínimo.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha manifestado en varias ocasiones su disposición a elevar los despidos e imponer una «indemnización a la carta», aunque el ala socialista rechaza esta medida e incluso UGT denunció que desde el Ministerio de Justicia se ha maniobrado para retrasar varios meses esta sentencia, pidiendo la recusación de uno de los miembros del comité. Y otro hándicap para cambiar la ley es la composición del Parlamento, que tendrá que avalar la reforma del despido. Y los números a favor no están nada claros.