Díaz se abre a retrasar la reducción de jornada para atraer a la patronal y le ofrece más flexibilidad

Había muchas expectativas puestas en la nueva propuesta ex profeso para la patronal que Díaz prometió presentar este lunes en la reunión del diálogo social, pero su ministerio sorprendió con un documento que solo incluía un pequeño guiño a la CEOE: otorgarles una mayor flexibilidad para redistribuir la jornada a lo largo del año que viene, una medida totalmente insuficiente para lograr su sí. «Hasta el 31 de diciembre de 2025 el porcentaje de distribución irregular de la jornada anual se aplicará sobre la jornada anual que tuvieran en el momento de la entrada en vigor de esta norma», incluye el nuevo borrador de anteproyecto de ley al que ha tenido acceso este periódico.

Significa esto que las empresas podrán seguir utilizando durante todo 2025 las mismas horas que ahora para distribuir de forma irregular la jornada de sus trabajadores en función de los picos o demandas de actividad, es decir, hasta un 10% de la jornada anual, sin aplicar ya el recorte de jornada.

Pero nada recoge el nuevo documento sobre otra reivindicación clave de la parte empresarial: ampliar el plazo para aplicar la reducción de jornada y que no se recortara ya de forma automática a 38,5 horas en el momento de la aprobación de la nueva ley y disminuya a 37,5 horas desde el próximo 1 de enero.

Sin embargo, tras la reunión, por primera vez el ministerio liderado por Yolanda Díaz se abrió a alargar el plazo para aplicar la reducción de la jornada para dar más tiempo a las empresas para poner en marcha una medida que –denuncian– lastrará su rentabilidad y elevará sus costes, sobre todo para las más pequeñas y para las de los sectores más afectados.

Así lo admitió este lunes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que dejó caer además que el miércoles de la próxima semana, cuando vuelvan a sentarse de nuevo en la mesa del diálogo social, llevarán una nueva propuesta que ya recoja esta reivindicación de la CEOE, que pidió que el recorte se fuera introduciendo a medida que decayeran los convenios e incluso dejándoles un pequeño periodo de transitoriedad para negociar uno nuevo.

Así lo admitió este lunes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que dejó caer además que el miércoles de la próxima semana, cuando vuelvan a sentarse de nuevo en la mesa del diálogo social, llevarán una nueva propuesta que ya recoja esta reivindicación de la CEOE, que pidió que el recorte se fuera introduciendo a medida que decayeran los convenios e incluso dejándoles un pequeño periodo de transitoriedad, según pudo confirmar este periódico.

Pérez Rey apuntó que hay «muchas maneras de, junto con la negociación colectiva, establecer una entrada en vigor que sea lo suficientemente flexible para que nadie pueda tener que introducir de golpe y porrazo la reducción de jornada». «No se trata de hacerla de manera desordenada, o de generar un impacto por su entrada en vigor acelerada, sino de buscar una entrada en vigor moderada», defendió ahora. Eso sí, el secretario de Estado descartó postergarla «hasta 2030», algo que «carece de sentido». Una opción que podría ponerse encima de la mesa es retrasar la reducción a 37,5 horas hasta finales de 2025 e incluso dar un margen mayor a ciertos sectores, a las empresas más pequeñas o a las concesionarias que tienen un contrato público en vigor.

Como era previsible, la nueva oferta de Trabajo no incluye un aumento de las horas extras, una de las principales reclamaciones de la patronal, ni siquiera un incremento de las bolsas de horas complementarias, tal y como defendió Cuerpo. No obstante, probablemente en el próximo documento sí introduzcan alguna medida más de flexibilidad, puesto que la CEOE exigió «medidas de flexibilidad estructural, que no sean temporales, y que permitan una mayor capacidad de distribución del uso del tiempo en las empresas una vez reducida la jornada», según apuntó Pérez Rey.

En contrapartida, Trabajo establece en el nuevo texto un endurecimiento de las sanciones ante los incumplimientos de jornada que además entrañen un riesgo para la salud de los trabajadores, de forma que elevarán su castigo al pasar a considerarse una infracción muy grave.