Díaz cede y dará más plazo a las empresas para reducir «progresivamente»la jornada a 37,5 horas

Así, después de semanas de fuertes tensiones con la CEOE, Díaz se pliega a una de sus exigencias y dará a las empresas un «plazo mayor» para aplicar la jornada laboral «sin prisas», permitiendo que se haga «de forma progresiva y paulatina», previsiblemente a lo largo de todo el año que viene, al menos en aquellos sectores y negocios que tengan más difícil ponerlo en práctica.

Así lo admitió este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras otra nueva reunión de la mesa de diálogo social que calificó de «muy constructiva» y en la ¬que –a su juicio¬– se consiguieron «avances», aunque no para los sindicatos, que denunciaron «cierto bucle y atasco» en la negociación y amenazaron con convocar movilizaciones en septiembre si en el próximo encuentro que mantendrán el 29 de julio no se producen «avances sustanciales y concretos».

«Es una medida que no se volverá a tocar en casi lo que queda de siglo y, por tanto, no tenemos que incorporarla de manera abrupta, sino que vamos a ir progresivamente bajando hasta las 37,5 horas posiblemente con la colaboración de la negociación colectiva», explicó el número dos de Díaz, que evitó fijar cuál es la nueva fecha que maneja ni si el plazo mayor será para todas las empresas o por sectores o tamaño. Pero sí dejó caer cuál puede ser el horizonte temporal: «No es lo mismo a inicios de 2025 a que se pueda contar con todo el colchón de 2025. Entre lo que queda de 2024 y todo 2025 hay un margen. Dentro de esos dos parámetros temporales hay fórmulas que permitan que esa incorporación sea más progresiva», como –ejemplificó– dar más días de vacaciones o permisos adicionales.

Pese a abrirse a «flexibilizar la entrada en vigor» de la medida, los sindicatos dejaron claro que no están dispuestos a «suspenderla, aplazarla o llevarla a tiempos muy futuros», tal y como puntualizó la representante de CC OO, Mari Cruz Vicente. «El periodo transitorio debe empezar ya», advirtió. En esta misma línea, su compañero de UGT, Fernando Luján, se mostró partidario de «ser flexibles en el ámbito de cada uno de los convenios, pero no con los aplazamientos». «Transitoriedad sí, aplazamiento no», puntualizó, aunque en este caso abrió la puerta a un periodo transitorio mayor que sobrepase incluso 2025, siempre y cuando las empresas «empiecen a andar» en este camino de recortar horas de trabajo. «Si se tiene que alargar la medida lo podemos ver, pero no aplazar o suspender», recalcó.

Otro de los elementos a los que se abrió el ministerio es a introducir mecanismos que permitan cierta flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo, tal y como demanda la patronal. El secretario de Estado reiteró una vez más que la vicepresidenta segunda descarta aumentar el número de horas extras que se pueden hacer al año, pero sí están dispuestos a que se puedan distribuir las horas de forma más irregular, lo que puede beneficiar a aquellos sectores con ciclos productivos inconstantes a lo largo del año, como la agricultura o algunas actividades relacionadas con la hostelería, donde hay una mayor carga de trabajo en verano o en el momento en el que hay que recoger los frutos, según señaló Pérez Rey. Más concretamente, el Gobierno estaría dispuesto a elevar ese 10% de horas que se pueden distribuir actualmente de forma irregular, según ha podido saber este periódico.

Pero la gran novedad de la reunión es un elemento que incorpora Trabajo a la negociación: regular el derecho de los trabajadores a la desconexión digital para impedir «ser molestados» con llamadas o emails «cuando uno descansa». «De nada serviría reducir la jornada si se puede recibir una llamada telefónica de tu jefe a las 12 de la noche o un correo electrónico a las 5 de la madrugada», argumentó Pérez Rey.