Así es el despido que quiere Europa: sin indemnización máxima y con opción de volver al puesto

A falta de conocer los detalles, Estrasburgo previsiblemente marcará a España un camino en el que se eliminen las indemnizaciones máximas, se adecúen al daño causado y se otorgue al trabajador la opción de elegir entre ser readmitido en la empresa o cobrar dicha indemnización, puesto que así lo ha hecho en otras decisiones previas.

En la actualidad, y tras la reforma laboral de 2012, cuando una empresa despide a un empleado y un juzgado declara que es improcedente es la compañía la que elige entre pagar una indemnización que está fijada en 33 días de salario por año trabajado con un límite máximo de 24 mensualidades o reincorporarlo de nuevo. Cabe destacar, no obstante, que solo Italia y Portugal conceden al trabajador el derecho de volver a su puesto.

Además de un tope, el sindicato liderado por Pepe Álvarez denuncia que la persona trabajadora tiene derecho a una indemnización predeterminada de forma puramente automática por la ley, únicamente fijada en atención al tiempo de antigüedad. Argumenta así que es excluyente y no tiene conexión con la reparación del daño causado, «de modo que no existe una posibilidad efectiva de que un órgano jurisdiccional valore y reconozca un daño mayor sufrido por la persona trabajadora como consecuencia del despido sin causa justificada o con causa ficticia».

Es, por tanto, otra medida que podría adoptar España y que, además, cuenta con el beneplácito de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que se ha erigido en este último año y medio como una firme defensora de instaurar una indemnización a la carta.

La ministra se ha mostrado partidaria de establecer indemnizaciones diferentes en función de las circunstancias del trabajador y el impacto que pueda tener; es decir, que la compensación dependa de factores como la edad, la renta, la formación, el género, la situación familiar... El Gobierno, por el contrario, defendió ante Europa el actual sistema y sostiene que la indemnización es «adecuada» y «disuasoria».

UGT reclama además que se establezca una compensación mínima y propone que sea de seis meses, algo que –alegan– sí supondría una traba al despido para los empresarios, incluso para los trabajadores con menos antigüedad.

Eso es lo que tuvo que hacer Italia después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales resolviera también que su despido era contrario a la Carta Social Europea: el trabajador puede elegir ahora entre dos opciones en caso de despido improcedente: aceptar la readmisión con el abono de los salarios de tramitación o cobrar una indemnización que varía entre un mínimo de 12 mensualidades y un máximo de 24, que en todo caso fijará el juez, atendiendo a la antigüedad del trabajador y teniendo en cuenta el número de empleados de la empresa o las dimensiones de su actividad económica.

Antes que Italia, el tirón de orejas del órgano que vela por que se cumpla la Carta Social Europea le tocó a Finlandia.Sus indemnizaciones varían entre 3 y 24 meses de salario, pero para calcular su cuantía se tienen en cuenta factores como la duración de la relación laboral, la edad del empleado y sus perspectivas de conseguir un nuevo trabajo.

Francia también ha sido instada a cambiar su despido, aunque por ahora no lo ha tocado y es bastante inferior al de España. En realidad, España cuenta con uno de los despidos más caros de Europa. Además, es el único país que indemniza a todos los trabajadores, mientras que en otros solo se hace si se cumplen ciertas condiciones: en Reino Unido y Francia hace falta que el trabajador tenga al menos dos años de antigüedad, en Alemania y Francia que sean empresas de más de diez trabajadores, mientras que en Italia se exige que las compañías superen los 15 empleados.

Instaurar una indemnización a la carta, sin tasar previamente y subjetiva en función de factores como la edad, la renta, el género, la formación, la situación familiar, etc., puede tener también el efecto contrario del que se busca: favorecer a los trabajadores más vulnerables o a los que más dificultades tienen para encontrar otro empleo en el futuro.

De esta forma, las empresas, que siempre buscan la certidumbre, podrían tomar la decisión de no contratar a los trabajadores mayores, a las personas con algún tipo de discapacidad, a los que tengan varios hijos o a los de escasa formación por el miedo a que, si el día de mañana tienen que despedirlos, les va a salir más caro que si cogen a jóvenes, sin familia, con estudios...

En realidad, esta era la legislación que regía durante el franquismo: era el juez quien dictaminaba qué indemnización había que pagar al trabajador, algo que se cambió con la llegada de la Constitución. No obstante, una indemnización mayor que la de 24 mensualidades también es posible actualmente en España y así lo declaran algunos jueces, aunque para ello el afectado tiene que pedirlo en la demanda y probar el daño causado.