El despido en España no es barato, es el más caro de Europa

Lo dice la OCDE en sucesivas estadísticas, en las que España se mantiene a la cabeza de Europa por tener las indemnizaciones por despido más elevadas. Es más, de todos los países del denominado 'club de los países ricos' (y son casi cuarenta), solo dos estados superan el coste por despedir en España: Turquía e Israel. Y eso que la reforma laboral de 2012 rebajó la cuantía. Desde entonces, un trabajador al que despiden de forma improcedente tiene derecho a 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades (antes eran 45 días y un tope de 42 mensualidades), mientras que si el despido es objetivo, esta cuantía desciende hasta los 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades.

Concretamente, los trabajadores fijos despedidos por causas objetivas con una antigüedad en la empresa de veinte años reciben de media una indemnización de 362 días, el triple que Portugal, casi el doble que Francia, Irlanda o Grecia y muy alejado de los 18 días que se pagan en Italia o los 45 de Austria, Dinamarca o Polonia, según un informe publicado por la OCDE en 2021. Si en lugar de una antigüedad de veinte años tuvieran cuatro, en España se pagarían 80 días de salario; en este caso, sería el quinto país más caro.

«Comparado con otros países, el periodo de preaviso de despido es breve y las indemnizaciones por despido son particularmente generosas», advirtió ya en el año 2018 esta organización internacional, quien además le lanzó una receta a la que no se ha hecho caso: debería hacerse una reforma que rebajara la indemnización por despido y, para compensar, elevara el plazo de preaviso con que se comunica al trabajador que se le va a poner en la calle, para que así tenga más tiempo para buscarse otro empleo y no conlleve un mayor coste para las empresas.

Otra estadística realizada por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) llega a la misma conclusión: «A pesar de la reforma laboral acometida por el Gobierno español que flexibiliza, entre otros, el despido (en referencia a la de 2012), los datos demuestran que los empresarios en nuestro país tienen que pagar una indemnización por rescisión del contrato muy superior a la de la gran mayoría de países europeos».

Pone como ejemplo el caso de un trabajador con diez años de antigüedad despedido de forma objetiva. ¿Cuánto cobrará de indemnización dependiendo de en qué país esté ubicada su empresa? Pues en cualquier otro estado comunitario se le pagaría menos que en España. Aquí recibiría 28,6 semanas de salario, mientras que el segundo país en el que mejor protección tendría es en Grecia (26 semanas). En Alemania e Irlanda se pagarían 21 semanas; en Portugal, 17 semanas; en Francia cuentan con poco más de diez semanas de indemnización; y en Reino Unido, apenas ocho semanas, según el estudio del IEE basado en datos del Banco Mundial de 2015 (aunque no ha habido cambios legislativos).

Pero además hay bastantes países de la UE en los que este trabajador no recibiría ninguna indemnización, como en Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Chipre, Finlandia, Suecia y Malta.

Es cierto que estos datos corresponden solo al despido objetivo. Pero, de igual manera, el coste por un despido improcedente también «está por encima del vigente en la mayoría de los sistemas de nuestros países de nuestro entorno», según asegura la CEOE en su escrito de alegaciones al recurso presentado por UGT en Europa para elevar el coste del despido procedente en España.

Así, en Alemania, Portugal e Italia, la regla general es la reincorporación del trabajador en caso de despido improcedente. Pero si no lo aceptara, se sustituye por una indemnización con un máximo de doce meses para los germanos, de quince meses para los italianos y de entre 15 y 45 días de retribución por año de servicio para los portugueses, aunque lo más habitual es pagar 30 días. En Francia corresponde abonar una indemnización que oscila entre un mínimo de tres meses y un máximo de veinte meses, que se alcanza después de una antigüedad de treinta años. En Reino Unido el sistema es complejo, pero en cualquier caso todos estos países están por debajo de las indemnizaciones españolas, aunque aquí la obligación de reintegro del trabajador solo se contempla en caso de nulidad.

Además, la CEOE resalta que España es el único país en el que se aplica la protección por despido para todos los trabajadores, mientras que en el resto de socios comunitarios solo opera bajo ciertos supuestos: en Reino Unido y Francia hace falta que el trabajador tenga al menos dos años de antigüedad, en Alemania y Francia que sean empresas de más de diez trabajadores, mientras que en Italia se exige que las empresas superen los 15 empleados.

«La OCDE desmiente 'de iure' la afirmación de la ministra», señala Marcel Jansen, investigador de Fedea y profesor asociado de la Universidad Complutense, quien, sin embargo, sí reconoce que la reforma laboral flexibiliza tanto las causas del despido procedente, que son «muy fáciles de cumplir» para las empresas, puesto que basta un deterioro de sus resultados durante tres trimestres consecutivos. Sin embargo, también advierte que hay compañías que prefieren optar pagar la indemnización por despido improcedente para que no haya riesgo de que el trabajador recurra. «La empresa sigue buscando la seguridad jurídica aumentando incluso la indemnización», destaca este experto.

Es por eso que en un indicador del grado de rigidez en la protección del empleo elaborado por la OCDE España se sitúa a mitad de la tabla: un 2,43, por debajo de Francia, Italia, Portugal u Holanda –entre otros–, pero por encima de Alemania o Reino Unido, tal y como se advierte en el gráfico. Antes de la reforma laboral, sin embargo, estaba en la parte alta de la tabla, con una de las legislaciones más restrictivas de Europa.

Jansen advierte que si se elevara el despido, se ubicaría a España claramente con el país con la legislación más estricta, algo que es una «mala idea» con la tasa de desempleo tan alta que hay, la mayor de Europa, puesto que esto frenaría las contrataciones.

Los despidos, lejos de aumentar por efecto de la pandemia, se han reducido. Se registraron 444.102 en 2021 (último año disponible, según datos del Ministerio de Trabajo), un 7% menos que un año atrás, pese a que la crisis sanitaria aún estaba muy presente en la actividad económica. Sin embargo, esto se debe exclusivamente a un recorte en los despidos individuales, pues los colectivos (ERE) se dispararon, hasta el punto de que duplicaron su nivel previo a la covid-19 y superaron los 75.300. Esto provocó que la indemnización media se elevara un 21% hasta los 11.16 euros.

El coste del despido vuelve a estar en el centro del debate tras prometer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que el Gobierno trabajará «pronto» para modificar las actuales condiciones que hay en España y elevar las indemnizaciones actuales. Lo hizo en el Congreso de los Diputados durante el debate de una moción interpuesta por ERC para recuperar los 45 días por año trabajado para el despido improcedente, que se rebajaron a 33 en la reforma laboral de 2012. ERC se suma así a la ofensiva que han lanzado los sindicatos para mejorar las compensaciones de los trabajadores que se quedan sin trabajo de forma injustificada.

Fue UGT el primero en reabrir una vieja herida de la izquierda cuando hace casi un año presentó una denuncia ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el precio «asequible y nada disuasivo» del despido en nuestro país, denuncia a la que posteriormente se sumó CC OO y que el Consejo deEuropa admitió a trámite.

Y lo hizo pese a que la reforma laboral aprobada hace poco más de un año dio carpetazo a esta antigua reivindicación de los sindicatos. Ese fue el pacto que se hizo en la mesa del diálogo social: no tocarlo para lograr un acuerdo, puesto que era una línea roja de la CEOE que en ningún caso estaba dispuesta a negociar. A cambio, la patronal abrió la mano a –entre otras cosas– limitar al máximo el contrato temporal e impulsar los indefinidos, bajo el paraguas de esa figura de los fijos discontinuos, que hasta ahora había sido residual pero que ha eclosionado en el último año; de hecho, se ha duplicado y son ya casi un millón de trabajadores con este empleo intermitente, pero que tiene los mismos derechos que el indefinido en caso de rescisión.

La moción de ERC no prosperó y, además, dejó en evidencia una nueva grieta en el Gobierno de coalición: el PSOE votó en contra mientras Unidas Podemos, a favor. Pero no solo eso. Pese a que Díaz viene repitiendo en los últimos meses la necesidad de elevar el coste del despido por ser demasiado barato, el Gobierno al que pertenece y del que además es vicepresidenta negó la mayor.

Tras las denuncias de los sindicatos, el Ejecutivo defendió recientemente ante Europa las «ventajas» del actual esquema de despido improcedente que se basa «en factores automáticos» (salario y antigüedad) y que viene aplicándose desde hace 40 años y «pacíficamente aceptado por los interlocutores sociales». A su juicio, ofrece «certidumbre y seguridad» tanto para el trabajador como para el empresario, «que puede conocer de antemano las consecuencias de una extinción laboral».

Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña elevó la indemnización por despido a 48 días por año trabajado y un máximo de tres años, muy por encima de lo que rige la ley. Los jueces esperan ahora que se pronuncie Europa, previsiblemente antes de final de año, lo que podría instar a un cambio legal..