La CEOE dirá no a la reducción de jornada salvo que se amplíen las horas extras

Sabiendo de antemano que son los grandes perdedores del partido, la única –y remota– opción de que pudieran sumarse a un acuerdo sería que al menos les dejaran meter un gol: aumentar el número de horas extras que pueden hacer los trabajadores españoles cada año para, así, conseguir una mayor flexibilidad para aplicar ese recorte de la jornada ordinaria que impactará especialmente en sectores como la hostelería, el comercio o la agricultura, que son los que en su mayor parte todavía mantienen ese límite de 40 horas semanales, mientras que la mayoría de trabajadores cubiertos por convenios realizan ya menos horas.

Esta fue la propuesta que los empresarios pusieron ya encima de la mesa en la negociación que hasta ahora mantenían con los sindicatos y que ha sido un punto de fricción, principalmente con CC OO. «Que esa reducción que puede haber de la jornada se sustituya por horas extraordinarias para nosotros es una línea roja que no podemos aceptar«, subrayaron desde la organización liderada por Unai Sordo.

Tampoco el Gobierno es partidario de elevar el límite máximo de 80 horas extras al año que pueden hacer los trabajadores hasta 150 horas, para acercarse más al resto de países europeos, ya que España es uno de los países que más restringido tiene trabajar más allá de la jornada ordinaria. «No vemos con especiales buenos ojos el intercambio de reducción de trabajo a cambio de jornadas extraordinarias realizadas por los trabajadores, porque dudamos de esa voluntariedad», argumentó el número dos de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey.

UGT, en cambio, sí se muestra abierto a aceptarlo si eso supone un nuevo acuerdo tripartito. «Vamos a hacer todo lo posible para que la reducción del tiempo de trabajo forme parte de los capítulos de consenso, porque son las reformas que duran, las que tienen un respaldo parlamentario amplísimo», reconoció este martes el líder de UGT, Pepe Álvarez, durante un desayuno informativo.

Sin embargo, el sindicato exige para ello cumplir una serie de condiciones. La primera e imprescindible, que se ponga en marcha un registro de la jornada real, fiable, algo que en la actualidad no existe. «Sin control no vamos a hablar de horas extras», explicaron a este periódico fuentes sindicales.

Esta medida está también incluida en la hoja de ruta del Gobierno. Además de recortar la jornada por ley por primera vez en más de cuarenta años, la medida irá acompañada de un endurecimiento del registro horario que se puso en marcha hace ya cinco años y así figurará en la propuesta que el Ministerio de Trabajo enviará a los agentes sociales esta misma semana. De esta forma, el Gobierno obligará a las empresas a digitalizar el registro horario, para que sus asientos no sean manipulables, no se puedan alterar ni por el empresario ni por ningún otro sujeto. Además, Trabajo pretende que este registro sea accesible de manera remota por parte de la Inspección de Trabajo, de forma que pueda en cualquier momento comprobar si una empresa está cumpliendo sin tener que acudir presencialmente a su sede.

Además, otra condición que impone UGT para aceptar subir el límite de 80 horas extras al año es que las sanciones en caso de incumplimiento sean disuasorias, otra medida en la que coinciden con el Ejecutivo. Trabajo también ha anunciado que elevará las sanciones para las compañías que incumplan, ya no solo a través de un aumento de su cuantía, sino porque impondrá una multa por cada trabajador y no una solo por empresa, lo que encarecerá de forma significativa esta infracción, que en la actualidad se penaliza con entre 751 y 7.500 euros por empresa.

Asimismo, el sindicato liderado por Pepe Álvarez exigirá que las horas extras cuesten más, que tengan un recargo del 25%, como sucede también en otros países europeos. Es más, Estrasburgo ha admitido a trámite una denuncia de UGT en este sentido y tendrá que pronunciarse próximamente si considera que España contraviene la Carta Social Europea al no pagar más por las horas fuera de la jornada laboral.