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El Gobierno dará una vuelta de tuerca a la ley que obliga a todas las empresas a tener un control horario de sus trabajadores cuando ni siquiera se han cumplido cinco años desde que se aprobó. Consciente de que esta medida no está teniendo el ... efecto esperado, pondrá en marcha un nuevo diseño del registro horario que obligará a las empresas a hacerlo de forma digital y, además, elevará las sanciones para las compañías que incumplan, ya no solo a través de un aumento de su cuantía, sino porque impondrá una multa por cada trabajador y no una solo por empresa, lo que encarecerá de forma significativa esta infracción, que en la actualidad se penaliza con entre 751 y 7.500 euros por empresa. Esto de individualizar las sanciones ya se introdujo en la reforma laboral para la contratación temporal y «está consiguiendo una eficacia considerable».
Así lo anunció este lunes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión celebrada junto con los interlocutores sociales para abordar la reducción de jornada laboral a 37,5 horas en 2025, una medida que –aceptó tras la exigencia de sindicatos y patronal– aplicarán en cómputo anual y permitirán a las empresas implantarla «secuencialmente» para poder adaptarse.
«Las sanciones en materia de trabajo en España no son disuasorias, no consiguen su objetivo», reconoció el número dos de Yolanda Díaz en el ministerio. Pero esta será solo una de las vías que mejorarán para conseguir que el registro horario se aplique correctamente en todas las empresas. La otra vía será con cambios en el diseño del control horario, impidiendo que se pueda hacer de forma manual como sucede en la actualidad, con el objetivo de no poder tergiversar las horas.
Así, el Gobierno obligará a las empresas a digitalizar el registro horario, para que ese registro y sus asientos no sean manipulables, no se puedan alterar ni por el empresario ni por ningún otro sujeto. Además, Trabajo pretende que este registro sea accesible de manera remota por parte de la Inspección de Trabajo, de forma que pueda en cualquier momento comprobar si una empresa está cumpliendo sin tener que acudir presencialmente a su sede. «España tiene una deuda con la UE, que nos pide que el registro sea accesible, fiable y transparente», argumentó Pérez Rey, quien precisó que esta medida de «quitar el papel, que es fácilmente manipulable y difícil de custodiar», se implantará de forma progresiva.
Esta es la propuesta formal que el Gobierno les hizo ayer a sindicatos y patronal y que les remitirá por escrito en unos días. De igual manera, el departamento de Díaz trasladó una oferta concreta de reducción de jornada laboral pese a haberles prometido que les daría margen para negociar solos. Reformará el artículo 34 bis del Estatuto de los Trabajadores para que fije ya definitivamente y de una sola vez una semana laboral máxima de 37,5 horas en cómputo anual, pero les dejará «el tiempo y la flexibilidad suficiente» para adaptarse.
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