¿A quién afecta la sentencia europea sobre el abuso de interinos en España?

En principio, a los tres casos consultados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero también la sentencia europea insta a los tribunales españoles a modificar la jurisprudencia para que no se abuse de la interinidad en la administración -ya que la normativa vigente no parece evitarlo, dice el fallo- y que los contratos temporales que responden a una necesidad estructural sean convertidos en fijos. El ministro para la Función Pública, José Luis Escrivá, ha pedido esperar a la interpretación de los tribunales españoles. También el sindicato CSIF reclama «prudencia y que no se generen falsas expectativas a corto plazo». En todo caso, si empiezan a proliferar las demandas, los tribunales podrían tener que pronunciarse sobre decenas o centenares de miles de casos.

Las personas implicadas, señala la justicia europea, trabajaron «durante muchos años», desde 1994 en los dos primeros casos y desde 1998 en el tercero, con contratos temporales sucesivos porque no se convocaron las plazas para cubrir esos puestos de manera permanente.

El fallo del TJUE dice que «a falta de medidas adecuadas en la legislación española para prevenir y, en su caso sancionar, los abusos derivados del uso sucesivo de contratos temporales, incluidos los indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente, la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos puede constituir tal medida», en el sentido de medida de prevención y sanción en la administración pública que ahora, según el TJUE, no existe.

Pueden recurrir a los tribunales, pero la justicia es lenta. Desde 2021 se están celebrando miles de procesos de estabilización. A finales de 2024, la ley marca que tiene que haber un 8% máximo de interinidad.

Desde el sindicato CSIF lanzan un mensaje de tranquilidad a los que están ahora en procesos de estabilización iniciados a partir de 2021 y aseguran que no deben verse afectados por esta sentencia.

La temporalidad en las administraciones públicas ronda el 30%, según la EPA, una tasa tan alta que duplica la del sector privado. Pero los datos difieren según las fuentes estadísticas. De acuerdo con el último Boletín Estadístico del Personal en Administraciones Públicas hay casi tres millones de empleados en el conjunto de las administraciones, pero solo la mitad es funcionario de carrera; un 22% es personal laboral (641.599 a julio de 2023) y un 29% es 'otro personal'.

El nivel de precariedad en la administración es elevado: un 10% de la plantilla firma contratos de menos de seis meses o incluso de prácticas. El Estado y las comunidades autónomas tienen 224.000 efectivos con un contrato como personal laboral con una duración inferior a seis meses, mientras que hay otros 70.000 que han suscrito un contrato de formación o prácticas.

En julio de 2021 los sindicatos y el Gobierno firmaron un acuerdo para reducir la tasa de empleo temporal estructural, los interinos, al 8%, que es un cómputo distinto al de temporalidad. Y eso debía hacerse antes del 31 de diciembre de este año. Pero hasta ahora no se ha conseguido. Aunque desde el Gobierno aseguran que están cumpliendo y que ya se han hecho fijos al 75% de los 300.000 temporales que se habían comprometido.

La solución para acabar con el abuso de la temporalidad pasa por eliminar la tasa de reposición y planificar qué recursos humanos se necesitan en cada servicio, a juicio del ministro de Función Pública, José Luis Escrivá. También CSIF exige acabar con la tasa de reposición. Esta limita la contratación fija a cubrir los puestos de los funcionarios que se jubilan -y muchas veces no todos-. Pero nada es inmutable y tampoco la Administración: existen servicios donde sobra personal y otros donde se necesitarían muchos más empleados, como en la sanidad.