Ribera insiste: el impuesto energético «no reúne requisitos» para ser permanente y aboga por reformarlo

Los miembros de Sumar llevan varios días advirtiendo al PSOE que, dentro del pacto de Gobierno, es «fundamental» hacer permanente esos gravámenes -también el que afecta a los grandes bancos- que hasta ahora tienen figura de temporal.

El equipo de Yolanda Díaz teme que la presión ejercida por grandes empresas como Repsol o Endesa -que han amenazado con reducir sus inversiones o frenar proyectos en el país- lleve a eliminar el impuesto. Pero Ribera insistió el viernes en que se valora su modificación, en ningún caso la supresión del tributo.

El mensaje se repite en los últimos días: la tasa, tal y como se diseño en su día «es posible que no cumpla los requisitos para ser permanente o para que perdure en el tiempo (...) pero yo no he oído a nadie decir que se va a suprimir, se trata de hacer las cosas bien».

En una entrevista a la Cadena Ser desde Dubai, donde estos días se celebra la COP28, Ribera insistió en que «si vamos a trabajar en algo que toma como referencia los beneficios extraordinarios, tenemos que ver cómo se reformula al no tratarse de una solución puntual, sino de algo que dure en el tiempo y sea compatible con la necesidad de la inversión masiva» que se requiere para la transformación del sistema energético.

«Yo creo que de lo que se trata es de que técnicamente las cosas estén bien resueltas teniendo en el punto de mira qué pasa con esos beneficios extraordinarios, asegurando también que podemos garantizar una transformación muy ágil y muy rápida», apuntó Ribera, defendiendo de nuevo el compromiso de ser equitativos en cuanto a que quien tenga más y quien genere más beneficios aporte más a las arcas públicas.

En el mismo sentido del «rediseño» se ha manifestado estos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha dejado entrever que el impuesto que entre en vigor el 1 de enero de 2024 tendrá un menor impacto sobre las empresas, con el objetivo de fomentar las inversiones verdes necesarias. Y es que, sin ir más lejos, el nuevo plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé que la generación renovable alcance el 81% a finales de la década con unas inversiones estimadas de 294.000 millones de euros hasta 2030, movilizadas en buena parte por el secor privado, con lo que mantener el apoyo empresarial resulta clave en la estrategia energética del país.

Con este telón de fondo, de las palabras del presidente del Gobierno se puede extraer que una de las opciones pasaría por limitar al máximo el impacto del impuesto a las compañías que impulsen esas necesarias inversiones para la transición verde.