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El año que viene toca evaluar la reforma de las pensiones diseñada por José Luis Escrivá y la Comisión Europea ya le ha echado el primer jarro de agua fría. Bruselas considera que no ha servido para el principal reto que tenía por delante: ... lograr la sostenibilidad del sistema, que está en números rojos desde hace más de una década, y señala que su gasto y su déficit se dispararán de manera irremediable y de forma significativa a lo largo de las próximas décadas, de forma que el Gobierno deberá hacer un ajuste del 0,8% de su Producto Interior Bruto (PIB) anual entre 2026 y 2030, lo que supone unos 11.300 millones de euros al año.
Aunque la última palabra para saber si España está obligada a hacer más ajustes en las pensiones la tendrá la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los sindicatos se mostraron este lunes abiertos a poner en marcha medidas adicionales para cuadrar las cuentas. «Estamos en disposición de abordar tanto el año que viene como dentro de tres años medidas adicionales», aseguró Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO tras salir de una nueva reunión del diálogo social.
Bravo admitió que la primera parte del encuentro se centró en analizar este informe de Bruselas –que se tendrá en cuenta para poner en marcha la cláusula de salvaguarda que se activará si el gasto se desvía– y abogó por, si fuera necesario, centrar las nuevas iniciativas en dos materias: «ir más lejos» en el sistema de cotizaciones por ingresos reales de los autónomos que ya se ha iniciado y culminar la separación de fuentes de la Seguridad Social, ya que aún está sin completar esa transferencia presupuestaria que debe hacer el Estado al sistema para cubrir todos los gastos que no sean de pensiones y que Escrivá cifró en casi 23.000 millones anuales.
CC OO apuesta además por seguir trabajando en medidas efectivas para retrasar de forma voluntaria la jubilación, como mejorar los incentivos para aquellas personas que puedan y quieran seguir trabajando. «Sin necesidad de incidir en un incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) –que implicaría elevar más las cotizaciones sociales–, hay medidas que se podrían adoptar si fuera necesario», señaló Bravo, quien, no obstante, quiso ¬–como el Gobierno– lanzar un mensaje de tranquilidad¬ y considera que no será necesario «a corto plazo», ya que la reforma de las pensiones «mantiene un nivel de sostenibilidad social y económica más que razonable».
Habrá que esperar al año que viene para saber si realmente España se ve abocada a tomar nuevas medidas para compensar el gasto que ha ocasionado volver a ligar las pensiones a la inflación y suprimir el factor de sostenibilidad, pero la Airef ya ha dejado caer que las cuentas del sistema no le cuadran. La ministra del ramo, Elma Saiz, también quiso este lunes mandar un mensaje a la calma: «Será en 2025 cuando la AIReF vea la evolución de los diferentes instrumentos que incorpora la reforma. Por eso quiero lanzar un mensaje de tranquilidad y de confianza en nuestra reforma del sistema de pensiones», subrayó.
La nueva reunión de la mesa de las pensiones terminó, una vez más, sin acuerdos. Es más, tanto los sindicatos como la patronal mostraron su rechazo total a la propuesta sobre jubilación parcial que les trasladó el Gobierno y que, lejos de mejorar la actual, la empeora, limitando más su acceso, empeorando en muchos casos las condiciones y recortando la pensión de los trabajadores que compaginan pensión con empleo. «Tiene que ser una oportunidad para mejorar lo que hay ahora, no para empeorar», reclamó Cristina Estévez, la negociadora de UGT.
Los sindicatos exigen al Gobierno permitir jubilarse parcialmente cuatro años antes de la edad legal, poder seguir eligiendo cómo repartir la jornada laboral y recalcular la pensión para que cuando llegue el momento de la jubilación definitiva se cobre el 100%.
Para el representante de CC OO, hay que mejorar además el contrato de relevo asociado a la jubilación parcial, haciéndoles contratos indefinidos, a tiempo completo y para puestos de trabajo «no amortizables».
«Esto no es una medida de relevo generacional temporal para que cuando la persona jubilada parcial salga, la persona que le sustituye pueda haber extinguido su contrato. No, se trata de que tenemos que mantener el empleo de manera clara. El Gobierno está lejos todavía de acercarse en una materia como ésta (al acuerdo)», advirtió Bravo.
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