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José María Camarero y Lucas Irigoyen
Madrid | Bilbao
Jueves, 7 de marzo 2024, 10:31
El desembarco de la compañía húngara Magyar Vagon en la ferroviaria española Talgo ha activado las posiciones del Gobierno para evitar que, otra vez, una compañía extranjera –aunque procedente de un país de la Unión Europea– pueda controlar una firma que el Ejecutivo considera de ... un «sector estratégico, como el ferroviario. Por ello, fuentes gubernamentales apuntan que estarán «vigilantes» ante la operación que este mismo jueves han lanzado los húngaros sobre el fabricante de trenes español.
El grupo Magyar Vagon ha lanzado definitivamente una OPA (oferta pública voluntaria) sobre Talgo para hacerse con el 100% de su propiedad. Lo ha hecho ofreciendo un precio de 5 euros por título, lo que supone abonar una prima de casi el 14% con respecto al último precio marcado por la cotizada española este jueves cuando ha cerrado la Bolsa, en el entorno de los 4,40 euros. Con estas cuantías, la compañía húngara desembolsará unos 619 millones de euros, tal y como ha comunicado en un hecho relevante a la CNMV tras el cierre del mercado.
Ante este movimiento, el Gobierno ya había puesto sus ojos sobre la operación. Consideran que se trata de una empresa que juega «un papel fundamental» en lam ovilidad ferroviaria. Por ello, van a «defender los proyectos industriales estratégicos y los puestos de trabajo» que puedan verse afectados con una operación que suele acabar en ajustes de personal para optimizar costes.
El caso de Talgo se une al de otras compañías consideradas claves para la economía española ante la llegada de inversores extranjeros. La principal de todas es Telefónica, sobre la que el Ejecutivo ya anunció a finales de 2023 que adquiriría un paquete de hasta el 10% de sus acciones, a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para evitar que la firma saudí STC tomara el control de la operadora. También están en el radar otras compañías como Indra o Naturgy; en este último caso, después de que el fondo Black Rock se hiciese con GIP, uno de los principales accionistas de la energética.
El Ejecutivo cuenta con el escudo anti-opas, aprobado en pandemia y reforzado el año pasado. Esta ley obliga a tener el permiso del Gobierno cuando la operación de compra por parte de un inversor foráneo suponga más de un 5% del capital, o un 10% si hay intereses en Defensa.
Que Moncloa no veía con buenos ojos la intención de un grupo industrial húngaro para hacerse con el control de Talgo era un secreto a voces. Hasta ahora, eso sí, había mantenido cierto cuidado con las formas, sobre todo mientras la oferta pública de adquisición (OPA) no estaba presentada. Este miércoles, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dejado de lado los matices afirmando rotundo que el Gobierno «hará todo lo posible» para evitar que el principal fabricante de trenes de alta velocidad español sea adquirido por un consorcio empresarial dirigido por un exasesor del presidente de Hungría, Viktor Orban. Se ha referido también a las dudas sobre el origen del capital que pueda financiar la adquisición en referencia a las conexiones con Rusia de la economía húngara.
Las declaraciones han introducido un elemento beligerante sobre el planteamiento expresado por el ministro de Industria hace tan solo dos semanas. Jordi Hereu aseguró que el Gobierno considera a Talgo como un activo estratégico y que será necesario «el pleno convencimiento de que se mantiene el control».
El giro de tuerca llega cuando la corporación industrial que lidera Andras Tombor, como adelantó ELCORREO, tiene ya el acuerdo con los principales bancos que prestan dinero a Talgo. Se trata de un requisito imprescindible para hacer oficial la OPA ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y sin el que las entidades financieras podían liquidar los préstamos ante un cambio de dueños.
Las palabras del ministro Puente no han variado los planes del conglomerado empresarial húngaro que, según ha confirmado este periódico, sigue adelante con el proceso y consumará este jueves o viernes el registro ante el regulador de la Bolsa de la oferta por el 100% de las acciones de Talgo por 617 millones.
Andras Tombor fue asesor de Defensa del presidente de Hungría, Viktor Orban, y controla una corporación refundada y fortalecida con privatizaciones en el sector ferroviario de su país impulsadas por la Administración húngara. Entre sus compras, destaca la de las instalaciones que el fabricante ruso TMH tenía en Hungría y que se integraron en Magyar Vagon.
Las ventajas de este actor residen en su naturaleza industrial que reforzaría la fuerza de fabricación de Talgo ante unos pedidos en máximos históricos –más de 4.200 millones– que amenazan con ahogar su capacidad. El fabricante acumula retrasos de dos años en la entrega de varios trenes Avril a Renfe. Además, tiene en el futuro otra entrega de 56 trenes en Alemania por 1.400 millones, el mayor contrato de su historia. Un reto que puede encontrarse con más pedidos de Arabia Saudí, Egipto o Marruecos.
La oferta húngara es la única que hay encima de la mesa para adquirir el paquete accionarial del fondo británico Trilantic, accionista de referencia en Talgo. Los ingleses tienen el 60% de una sociedad que comparten con la familia Oriol (20%) y los Abelló. Esta entidad, denominada Pegaso Transportation International, tiene el 40% de Talgo, otro 9% se lo reparten la familia Torrente Blasco y pequeños accionistas, y el resto, un 51%, cotiza libremente en Bolsa
Talgo ha ido trasladando información puntualmente al Gobierno de España y también ha mantenido al tanto al Ejecutivo vasco, ya que en Euskadi está la fábrica más grande de las dos que tiene en el país. En los mensajes se ha aclarado que el diseño de la operación pasa por mantener empleo y sedes en España, así como dar continuidad al equipo directivo del presidente Carlos de Palacio y Oriol, que mantendría ese cargo en la medida en que se cumplan esas condiciones, como adelantó este periódico. Talgo logró el pasado año unas ventas históricas de 652 millones y un beneficio neto de 12,2.
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