El Gobierno creará un registro de empresas para ejecutar los fondos europeos

El Gobierno prevé la creación de un registro estatal de las entidades interesadas en participar en estos proyectos estratégicos que dependerá del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En él se inscribirán, no sólo las empresas privadas, sino también las públicas. El listado será público. Las sociedades registradas, de acuerdo con el texto, serán consideradas preferentes para la colaboración con todas las Administraciones Públicas no sólo en relación con el proyecto en particular en el que participen, sino que «se tendrá en cuenta de forma prioritaria para su nominación por España en relación con la participación en proyectos importantes de interés común europeo u otros programas europeos». En general, las entidades que se registren en un PERTE tendrán carácter preferente para la suscripción de convenios con las Administraciones Públicas, así como para formar parte en consorcios con el sector estatal.

La inscripción en el registro podrá considerarse como un requisito necesario para ser beneficiario de subvenciones. Y constar en él también permitirá presumir que concurren razones de interés público o económico a efectos de la tramitación de subvenciones de concesión directa.

El registro estatal de entidades interesadas en los PERTE se pondrá en marcha en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del decreto ley.

Antes, en el plazo de un mes de la entrada en vigor del real decreto, los departamentos ministeriales y organismos públicos encargados de la gestión de proyectos deberán tener elaborado un instrumento de planificación estratégica para los fondos. En concreto, deben contar con la programación anual de los contratos necesarios para desarrollar sus planes.

Con objeto de agilizar la concesión de subvenciones, el decreto prevé la simplificación de la tramitación de éstas siempre que estén relacionadas con el uso de fondos europeos, hasta el punto de que se abre la posibilidad de utilizar el procedimiento de urgencia, en el caso de que razones de interés público lo aconsejen. Ello implica que se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. En este sentido, también se simplificarán los requisitos internos para la aprobación de las subvenciones y la documentación que se habrá de presentar por los beneficiarios. Incluso se contempla el otorgamiento de subvenciones de concurrencia no competitiva con cargo al fondo de recuperación cuando se vayan a financiar actuaciones o situaciones concretas que no requieran una valoración comparativa con otras propuestas.

La tramitación de urgencia se extenderá para la ejecución de gastos con cargo a fondos europeos. No sólo se aplicará, por tanto, a las subvenciones, también se ejercerá en los contratos. De esta manera, los plazos para emitir los informes o para cumplimentar los trámites quedarán reducidos a cinco días naturales, sin posibilidad de prórroga. Y los plazos fijados para la tramitación del procedimiento se reducirán a la mitad, salvo el plazo de presentación de proposiciones, que será de quince días naturales desde la fecha del envío del anuncio de la licitación.

Esta es una cuestión que genera cierta controversia, puesto que fuentes del sector de la consultoría afirman que es posible que Bruselas no acepte la gestión de urgencia de los contratos ligados a los fondos comunitarios. De ahí que el Gobierno es probable que espere a la publicación de las medidas orientativas de gestión administrativa de los fondos europeos para aprobar su decreto y, así, sus medidas no choquen con el esquema bruselense.

En todo caso, el real decreto permite la percepción de anticipos por parte de las empresas hasta el límite del 50% de la cantidad total a percibir.

Además, se elevan los umbrales económicos para recurrir a los procedimientos abiertos simplificados, ordinario y abreviado, para que resulten aplicables a un mayor número de contratos.

La gestión de los fondos también afectará al trabajo del personal de la Administración, que se planea refozar. De acuerdo con el decreto, la cobertura de las necesidades de personal relacionadas con el incremento de la carga de trabajo ligado a la gestión de los fondos se realizará preferentemente con los efectivos de cada departamento. Pero se recoge la posibilidad tanto de la redistribución de efectivos, como de su reasignación y de la atribución temporal de funciones. Y si se contempla la modificación de puestos de trabajo, también se avanza la posibilidad de nueva oferta de empleo público, el nombramiento de personal funcionario interino y la contratación de personal laboral con «contratos de duración determinada».

Además, se recoge la posibilidad de aplicar un complemento variable por consecución de objetivos a los funcionarios, o por asignación de funciones adicionales a tiempo parcial.

El decreto contempla además actuaciones para agilizar los procedimientos administrativos. Así, se promoverá la elaboración de pliegos-tipo. Y el Ministerio de Hacienda elaborará contratos-marco para que los diferentes órganos de la Administración puedan contratar servicios técnicos, de consultoría y de auditoría.

Y se hará hincapié en la digitalización de la gestión: de esta manera, se creará un portal web único que centralizará y distribuirá la información. Además, a través de esta ventanilla única del portal web se tramitarán las solicitudes de participación en las convocatorias.