El Gobierno prorroga las ayudas al transporte, pero da marcha atrás con el impuesto al diésel y elimina el IVA rebajado de los alimentos

Sánchez hizo hincapié en que el crecimiento económico está asentado sobre la sostenibilidad fiscal y financiera. Así, apostó porque al final de la legislatura en 2027 el déficit público bajará al 1,8% del PIB, logrando bajar del 2% dos años antes de lo que se preveía. Pese a estos cálculos del Gobierno, el Banco de España prevé que el déficit continué en el 2,7% para entonces si no se toman medidas de ajuste de ingresos y gastos adicionales.

Los fondos europeos Next Generation han permitido impulsar un cambio en la estructura económica del país, con 44.000 de los 79.800 millones asignados por Bruselas ya resueltos, según confirmó el presidente. «Han permitido modernizar nuestro tejido productivo, que era el objetivo fundamental de estos fondos», indicó Sánchez, que recordó que los sectores donde más empleo se está creando son las de alto valor añadido como son las consultoras y las tecnológicas.

Bajo este contexto, el Gobierno aprobó en la reunión mantenida este lunes un paquete de medidas de carácter económico y social que incluye una prórroga de seis meses en las subvenciones al transporte público, la subida de las pensiones o la ampliación del escudo antiopas, entre otras medidas. Pero también decaen muchas otras, como la subvención del IVA de los alimentos y se da marcha atrás con la entrada en vigor del impuesto al diésel.

Una de las medidas estrella con la que el Gobierno pretendía recaudar 1.500 millones extra al año era la subida del impuesto al diésel, una obligación impuesta por Bruselas para desbloquear el quinto pago de los fondos europeos, pero no ha ido finalmente este lunes al último Consejo de Ministros como estaba previsto. Desde Hacienda indican que siguen «hablando y negociando» esta medida, que si se concreta entrará en vigor ya en 2025.

Aunque no hay plazo encima de la mesa para su aprobación, en la enmienda que finalmente no se aprobó se contemplaba que entraría en vigor en el mes de abril. Fuentes de Hacienda aseguran que retirar esta medida prevista del Consejo de Ministros no ha obedecido más que a querer «garantizar el apoyo» del resto de los grupos.

Aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, pretendía derogar la gratuidad del transporte público sin distinción de colectivos, la negociación política con Podemos ha obligado al Gobierno a prorrogar seis meses más, hasta el 30 de junio de 2025, las subvenciones al transporte en vigor desde 2022. El presidente puso en valor el aumento del uso del transporte público un 13% desde la llegada de las ayudas y aseguró que se prorrogan las ayudas con el mismo esquema que hasta ahora, pero que a partir del 1 de julio llegará un «nuevo modelo» con ayudas «muy importantes» para los viajeros.

Como novedad, a partir del 1 de julio se creará un abono único de Cercanías de 20 euros para toda España, al mismo tiempo que se seguirá descontando en, al menos, un 40% el transporte autonómico. Los jóvenes de entre 15 y 26 años pagarán solo 10 euros, y los menores de 15 años, nada, según anunciaron desde el Ministerio de Transportes.

El coste anual de las bonificaciones al transporte público es de 1.470 millones para la Administración General del Estado, a lo que se suman aportaciones por 420 millones de otras administraciones. Por tanto, prorrogar la medida seis meses supondrá un nuevo desembolso de unos 750 millones de euros para las arcas del Estado, lo que afectará directamente al déficit público.

La medida que decaerá a partir del 1 de enero es la rebaja del IVA a los alimentos básicos, aceite de oliva y pasta y aceites de semilla. A lo largo de este año, el tipo de este impuesto ha ido recuperando su nivel y se espera que el 1 de enero ya registre sus porcentajes habituales. Desde octubre y hasta el 31 de diciembre, el tipo de los alimentos básicos -pan, huevos, verduras o frutas- y del aceite de oliva se sitúa en el 2%, mientras que el IVA para la pasta y los aceites de semilla alcanza el 7,5%.

Con el nuevo año, y ante la moderación significativa de precios tras la crisis inflacionaria, el IVA de los alimentos básicos volverá al 4% -el tipo superreducido-, mientras que el de la pasta y los aceites de semilla volverá a situarse en el 10% -el reducido que se aplica a la alimentación-. Eso sí, cuando los tipos vuelvan a la normalidad, el IVA del aceite de oliva será del 4% -el superreducido- en lugar del 10% que venía soportando en el pasado.

El último Consejo de Ministros del año también ha servido para aprobar una batería de medidas en materia de vivienda que, sin duda, marcarán buena parte de la actividad del Gobierno el próximo año. Entre ellas, la puesta en marcha de la esperada ventanilla única para controlar los alquileres turísticos y temporales que tienen mucho que ver con la abrupta escalada de precios de los últimos años. La medida entrará en vigor el 2 de enero pero será efectiva desde el 1 de julio -finalizado el periodo de transición para que empresas y administraciones puedan adaptarse- e impondrá un sistema de registro y un número de identificación para estos alquileres de corta duración.

El ámbito objetivo comprende tanto los servicios prestados por las plataformas en línea a anfitriones que prestan servicios de alquiler de alojamientos de corta duración en España, independientemente del lugar de establecimiento de dichas plataformas, como los servicios de alquiler que prestan los anfitriones.

La norma, por tanto, opera sobre los alquileres turísticos, los alquileres de temporada, los alquileres de habitaciones o de otras propiedades que permitan el alojamiento de corta duración y que conlleven una remuneración económica, siempre y cuando se oferten a través de plataformas en línea transaccionales.

Más allá de la ventanilla única, el Gobierno también ha modificado la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para impulsar la promoción de vivienda pública. Del mismo modo, tras el anuncio del Gobierno de la creación de una empresa pública de vivienda, la entidad pública empresarial del suelo (SEPES) incorporará a su cartera inmuebles integrados en el Patrimonio del Estado, como las viviendas procedentes del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), Patrimonio Nacional. Estas dos últimas mantendrán la titularidad de los inmuebles, pero corresponderá a SEPES su gestión en virtud del convenio que suscriban las entidades.

El Gobierno ha aprobado también el real decreto ley por el que se prorroga la aplicación del gravamen temporal energético, pese a que después entrará en vigor la derogación del tributo que aprobó el Congreso con apoyo del PP, PNV y Junts. Es decir, como todo decreto ley, la prórroga del gravamen de las energéticas tendrá que someterse en el Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación y derogación, y ahí es donde el Gobierno no tiene garantizados sus apoyos dada la negativa de PNV y Junts.

Por eso, Hacienda piensa ofrecer que el decreto se tramite después como proyecto de ley para ahí transformar el gravamen en un impuesto permanente y así convencer a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV, que pide que su gestión corresponda a las haciendas forales vascas y navarra.

Otra de las medidas más esperadas es la extensión del denominado 'escudo antiopas' hasta el 31 de diciembre de 2026. Una medida que entró en vigor en 2023 para proteger la 'españolidad' de las grandes compañías españolas de sectores estratégicos frente a posibles intereses extranjeros. En concreto, la medida consiste en que este tipo de operaciones tendrán que recibir el visto bueno del Consejo de Ministros cuando se produzcan sobre empresas cotizadas con domicilio social en el país y sobre no cotizadas cuando el valor de la inversión supere los 500 millones de euros. Asimismo, se consideran inversiones extranjeras directas aquellas en las que el inversor pasa a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital de la sociedad en cuestión.

El Gobierno ha decidido prolongar las medidas del escudo social para los consumidores vulnerables. Así, se extiende la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para los consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025 y se irá ajustando a la normalidad los descuentos del bono social. Así, a partir del próximo 1 de enero los consumidores vulnerables tendrán un descuento del 50% en la factura eléctrica. A partir del 1 de julio será del 42,5% y desde el 1 de enero de 2026 se estabilizará en el reforzado 35%. Los consumidores vulnerables severos tendrán un descuento del 65% a partir del 1 de enero, del 57,5% desde el 1 de julio y se estabilizará en el reforzado 50% en enero de 2026.

En 2026, los descuentos definitivos quedarán en un 35% para los consumidores vulnerables y en un 50% para los consumidores vulnerables severos. Se trata de descuentos superiores a los niveles precrisis, fijados respectivamente en un 25% y un 40%.