Los funcionarios, en pie de guerra: «No permitiremos que se desmantele Muface hasta que fallezca el último mutualista»

Fedeca, la plataforma que aglutina al cerca de medio centenar de asociaciones y sindicatos que representan a los cuerpos superiores de la Administración del Estado, se sumó este lunes a la presión al Gobierno y cargó contra la «demagogia» que hay en torno a este tema. «No estamos dispuestos a desmantelar Muface porque supone un ahorro y porque no vamos a dejar colgados a 1,5 millones de funcionarios. No existen razones sociosanitarias, ni económicas, ni jurídicas. No hay argumentos», aseguró en rueda de prensa Ana Ercoreca, presidenta de Fedeca, que hizo hincapié en que no existe ninguna prueba que respalde la supuesta insostenibilidad de este modelo en el que el mutualista puede elegir entre la sanidad pública o la privada.

Y para acompañar esta afirmación, tiraron de datos. Mientras el gasto sanitario público por persona en el sistema nacional de salud alcanza los 1.608 euros al año, la prima media en Muface por mutualista desciende hasta los 1.014 euros. Es decir, casi 600 euros menos por persona, que se traduce en un ahorro de 600 millones al año para el Estado, según recalcaron. Y esto sin sumar aquí las inversiones que serían necesarias para incorporar a los nuevos beneficiarios si se desmantelase Muface, cuyas primas se han elevado un 16% en el último lustro, una subida muy inferior al 40% que se ha incrementado el gasto per cápita en la sanidad pública desde 2018.

Además, la desaparición de Muface supondría la inmediata incorporación de un millón de nuevos usuarios a la sanidad pública, lo que provocaría una «sobrecarga para un sistema ya de por sí tensionado», explicaron desde Fedeca. De esta forma, las listas de espera aumentarían en un 266% en el caso de las consultas externas y en un 115% para las intervenciones quirúrgicas, según cifras aportadas por la Universidad Complutense. En la actualidad, un paciente tiene que esperar 94 días para ser atendido en una consulta externa y 121 días para una intervención quirúrgica, según datos del Ministerio de Sanidad.

«Se ha demostrado que el modelo de Muface es más eficaz que el modelo de sanidad pública», sostiene Edmundo Bal, abogado del Estado y exdiputado por Ciudadanos, que considera «inaceptable que se dejen colgados a 1,5 millones de funcionarios». «Hasta que no fallezca el último funcionario de Muface, no hay derecho a que se nos prive de este derecho de manera unilateral», señaló Bal, que se lamentó de que los funcionarios, a los que muchos tachan de «privilegiados, enchufados y niños ricos», están desprotegidos y pueden modificarles de un momento a otro su salario o sus derechos, algo que no sucede en los trabajadores por cuenta ajena.

«No vamos a consentir que esto se politice. No somos unos privilegiados. Estamos ante una serie de servicios que se prestan porque no se pueden prestar desde la Administración Pública», advierte Mario Garcés, interventor y auditor del Estado y excompañero de Bal en Ciudadanos.

Este grupo de altos funcionarios está convencido de que el Gobierno resolverá pronto este conflicto, aunque solo sea por interés político, puesto que al actual ministro de Función Pública, Óscar López, no le conviene tener en contra a 1,5 millones de funcionarios cuando va a ser el próximo candidato del PSOE para disputarle a Isabel Ayuso la Comunidad de Madrid. Así, instan a López a reunirse con ellos y negociar una solución a largo plazo. En este sentido, Edmundo Bal considera que la mejor opción sería ampliar el colectivo de Muface con todos los funcionarios, una vez que en 2011 se les denegó este derecho, para que no esté tan envejecido y salga más rentable. De igual forma, estaría dispuesto a hablar de un copago por este servicio. «Que negocien una póliza colectiva para todos, incluso que nos digan que participemos más de los 50 euros que ya pagamos cada mes y a lo mejor podemos llegar a un acuerdo para que una parte la sufraguen los propios funcionarios», señaló.