El debate que hay en España por el 'boom' de los fijos discontinuos que ha traído la reforma laboral ha traspasado ya las fronteras. El Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha sumado este viernes a las voces que piden que el Gobierno ponga encima ... de la mesa el número total de trabajadores intermitentes que existen en la actualidad y aclare además cuántos están trabajando en cada momento y cuántos no están activos, lo que significa que, pese a tener un contrato en vigor, no trabajan y no cobran.
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En concreto, el organismo con sede en Washington considera que «deberían estar sujetos a un monitoreo más preciso utilizando información estadística adicional» y deja una receta para lograr más estabilidad en este tipo de contrato: incrementar las cotizaciones para la prestación por desempleo de las empresas que tengan mayor rotación de trabajadores.
Pero este no es el único mensaje que lanza el FMI a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en un extenso informe en el que le hace una enmienda a gran parte de sus medidas estrella. Precisamente cargó contra varias de las iniciativas que la propia ministra estaba defendiendo casi al mismo tiempo en el Senado: reducir la jornada laboral a 37,5 horas, seguir elevando el salario mínimo y limitar y encarecer el despido. Esta serie de promesas que proclamó Díaz ayer chocan con las recomendaciones que hicieron los 'hombres de negro'.
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Así, en mitad del debate sobre si España debe encarecer su despido para adaptarlo a Europa tras el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales de que es contrario a la Carta Europea, el FMI abogó por relajar la legislación de protección del empleo «reduciendo la incertidumbre en torno a los costes del despido». Mientras tanto, en la tribuna la vicepresidenta no solo reiteraba su intención de elevar la indemnización por despido improcedente y hacerla a la carta, en función de las circunstancias personales del afectado, sino que dio un paso más allá y anunció que reforzará las causas del despido objetivo. Incluso dejó caer que prohibirá que una empresa pueda echar a un trabajador cuando registre una caída de sus beneficios o no alcance los niveles que había previsto.
«Todo lo que va vinculado a las causas, a los despidos objetivos, es necesario que reforcemos las causas. Esto es clave. En las económicas se puede despedir sencillamente si una empresa no alcanza los niveles de beneficios que había previsto. No es que tenga pérdidas, sino lo que había previsto. Bueno, pues algunas cosas tendremos que cambiar», señaló. Y repitió que hará que el coste del despido sea «verdaderamente disuasorio».
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«Uno de los problemas que tiene la legislación española es que (el despido) no tiene carácter disuasorio ni resarcidor, entre otras cosas porque el hecho de tener una indemnización prefijada de antemano no es acorde al Derecho. No es un problema de 33, de 40 o de 45 días, es que el sentido de la lógica indemnizatoria que dice Europa es otro», añadió. Es decir, justo lo contrario de lo que propugna el FMI: que las empresas sepan perfectamente cuánto les costará despedir.
Pero este no es el único mensaje que lanza el FMI a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en un extenso informe en el que le hace una enmienda a gran parte de sus medidas estrella. Precisamente cargó contra varias de las iniciativas que la propia ministra estaba defendiendo casi que al mismo tiempo en el Senado: reducir la jornada laboral a 37,5 horas, seguir elevando el salario mínimo y limitar y encarecer el despido. Esta serie de promesas que proclamó Díaz ayer chocan con las recomendaciones que hicieron los 'hombres de negro'.
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Así, en mitad del debate sobre si España debe encarecer su despido para adaptarlo a Europa, el FMI abogó por relajar la legislación de protección del empleo «reduciendo la incertidumbre en torno a los costes del despido», mientras en la tribuna la vicepresidenta no solo reiteraba su intención de elevar la indemnización por despido improcedente y hacerla a la carta, en función de las circunstancias personales del afectado, sino que dio un paso más allá y anunció que reforzará las causas del despido objetivo. Incluso dejó caer que prohibirá que una empresa pueda echar a un trabajador cuando registre una caída de sus beneficios o no alcance los niveles que había previsto.
Además de estos fallos en la reforma laboral, tampoco convence al FMI la reforma de las pensiones recién aprobada por el Gobierno y considera que conseguir la sostenibilidad del sistema sigue siendo una asignatura pendiente. La visita oficial a España que ha realizado este organismo ha terminado con un nuevo tirón de orejas por el elevado gasto en pensiones, que ya supera los 200.000 millones de euros anuales. Y la creciente presión del envejecimiento de la población anticipa que la cifra seguirá subiendo en los próximos años, por lo que la institución advierte de que «será necesario adoptar nuevas medidas para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones».
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La receta que los funcionarios del llamado Artículo IV para España han trasladado a Moncloa coincide con las recomendaciones de otras instituciones internacionales como la OCDE: la alternativa pasa por elevar aún más la edad de jubilación efectiva y buscar nuevas fórmulas para reducir la tasa de reemplazo (porcentaje del salario que una persona recibe como pensión), que en España es «significativamente superior a la de países comparables». Traducción: jubilarse más tarde y con pensiones más bajas.
Pero, ¿cómo conseguirlo? El FMI apuesta por la extensión del periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión de jubilación, considerando la carrera completa. En realidad, esta fue una de las medidas más polémicas que ya se incluyó en la última reforma de las pensiones diseñada por el ministro José Luis Escrivá. Pese a que su intención era, tal y como dice el FMI, calcular la cuantía de la pensión de los jubilados con toda su carrera laboral, fue suavizando sus propuestas y de los 35 años de cotización para calcular la pensión que puso encima de la mesa, finalmente se aprobó un nuevo sistema que pone en marcha una pequeña ampliación y un largo periodo de transición, como afeó también recientemente la OCDE, que advirtió que España es uno de los pocos países que no utiliza toda la carrera laboral de los trabajadores para calcular la cuantía de su futura pensión.
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Lo que hicieron es que, desde 2027 se irán ampliando progresivamente los años de cómputo de la pensión hasta que se tomen, a partir de 2038, los 27 mejores años de los últimos 29 cotizados. Pero hasta 2044 se mantendrá un régimen dual por el que se aplicará a los trabajadores o bien este nuevo método o el actual, el que les resulte más beneficioso.
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