El rechazo de los nacionalistas fuerza al Gobierno a ajustar aún más el gravamen energético

Ese «ajuste», del que ya habló el ministro de Economía la semana pasada al presentar el plan fiscal ante Bruselas -un programa que incluía la propuesta de convertir en permanente el tributo extraordinario puesto en marcha en 2022, en el peor momento de la crisis de precios y subidas de tipos-, consiste en incorporar toda una serie de deducciones fiscales para minimizar el abono que le corresponda a cada compañía. En el caso de las energéticas, con bonificaciones vinculadas a sus compromisos en inversiones verdes; y en cuanto a la banca, en lo relativo a las rebajas de las que podrían beneficiarse en función de las provisiones que realicen (el dinero que van reservando para hacer frente a impagos) para evitar problemas en el futuro.

Ambas variables son las que marcarán el futuro del impuesto que, en cualquier caso, tendrá un impacto inferior a los casi 6.000 millones de euros recaudados en sus dos primeros ejercicios en vigor (2022 y 2023, pagaderos en 2023 y 2024, respectivamente). El ministro Cuerpo ha explicado la necesidad de acompasar el tributo al actual contexto económico, muy distinto al que había cuando se puso en marcha. Entonces, los precios eléctricos y energéticos estaban disparados (tanto la luz, por la crisis de Ucrania, como el petróleo, que llegó a superar los 120 dólares por barril) como los tipos de interés, que comenzaron a subir del 0% al 4,5% en apenas 24 meses. El objetivo es evitar impactar en las cuentas de resultados de las empresas, según el ministro.

El objetivo del Gobierno pasa por aplicar la reforma del impuesto antes de que finalice este año para que pueda ser cobrado a principios de 2025, como ha ocurrido en los dos últimos ejercicios. La intención del Ejecutivo pasaba por incluirlo a través de una enmienda en la transposición de la directiva europea que establece un impuesto mínimo a las grandes muntinacionales. El plazo para incluir correcciones a esta norma se ha ampliado hasta el 30 de octubre. En estos días es cuando el Gobierno puede convencer a sus socios sobre el nuevo tributo. Si no lo consigue, la última opción sería a través de un real decreto ley que, en cualquier caso, tendrán que avalar las Cortes posteriormente.

Sin embargo, ni Junts ni PNV parecen favorables a prorrogar esta medida. Su portavoz, Miriam Nogueras, ha recalcado este martes en el Congreso que no apoyará la ley para hacer permanente el impuesto a la banca y las energéticas si ello supone perjudicar inversiones en Cataluña y, concretamente, en Tarragona, donde Repsol tiene previsto invertir 1.100 millones de euros. En declaraciones en los pasillos del Congreso, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha señalado que su grupo está pendiente de recibir una propuesta del Gobierno sobre la reforma de ese impuesto hasta ahora temporal y que el PSOE se ha comprometido con sus aliados en convertirlo en permanente. «Veremos qué pasa en los próximos días», ha dicho. Pero sí ha querido dejar clara una advertencia previa: «Desde Junts no facilitaremos que se apruebe nada que ponga en riesgo inversiones que son importantes para Cataluña y en concreto para Tarragona», ha recalcado.

En el trasfondo de esta negativa se encuentra la posición de las empresas afectadas. Entre ellas, Repsol se ha mostrado muy beligerante con cualquier posibilidad de prórroga del tributo, incluso aunque incluya deducciones que lo minimicen. La dirección de la compañía mantiene «congeladas» las inversiones industriales en España a la espera de que el Ejecutivo clarifique el diseño de ese impuesto.

Así lo señalan fuentes de la energética a este diario, una postura que no es nueva, pero sí se pone encima de la mesa cada vez que el Gobierno expone sus intenciones. Y para muestra de su posición, Repsol ha confirmado la elección de su complejo industrial de Sines, en Portugal, para invertir 15 millones de euros en un nuevo proyecto de hidrógeno renovable. Sse trata de un proyecto de un electrolizador de cuatro megavatios (MW) con una capacidad para generar unas 600 toneladas anuales de hidrógeno. Allí no hay «inestabilidad» regulatoria en materia de impuestos, insisten desde la firma.

Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha hecho este martes un llamamiento a tener «cuidado» con el impuesto a las compañías energéticas y a los bancos porque, en su opinión, «no es bueno matar a la gallina de los huevos de oro», refiriéndose a las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz en las que ha insistido en el mantenimiento de esos tributos.