Hacienda se juega hasta 11.000 millones en impuestos por los reveses judiciales de la era Montoro

Los cálculos elaborados por el departamento que ahora dirige María Jesús Montero ya está digiriendo dos sentencias de medidas fiscales aprobadas en el Gobierno de Mariano Rajoy, con un coste de 9.000 millones de euros. Se trata, por una parte, de la anulación de la reforma del Impuesto de Sociedades de 2016, decretada en enero por el Tribunal Constitucional, con un impacto de unos 3.200 millones. A ese fallo se une el del TJUE sobre el tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos, con un coste que ascenderá a casi 6.000 millones.

A esas cifras habría que añadir la sentencia en contra del canon hidráulico, con un coste de más de 1.900 millones para la Hacienda Pública y, más recientemente, con el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero. Si se suman solo estos cuatro fallos judiciales, el impacto supera los 11.000 millones.

En septiembre, el Gobierno deberá presentar a Bruselas un plan de consolidación para reconducir el desfase entre ingresos y gastos por debajo del 3% del PIB que exige el marco comunitario —en 2023, el déficit fue del 3,6%— y situar la deuda, que sigue coqueteando con el 110% del PIB tras dispararse con la pandemia, en una senda descendiente. Según la Autoridad Fiscal (Airef), será necesario un ajuste del 0,64% del PIB cada ejercicio si el plan es a cuatro años, equivalente a unos 9.000 millones de euros, y de 6.000 si se amplía a siete.