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La velocidad de crucero prometida por el Gobierno para el despliegue de los fondos Next Generation este año se ha topado de bruces con un conjunto de obstáculos que está impidiendo regar la economía real con esa avalancha de recursos. «Reconociendo el esfuerzo realizado por ... las administraciones públicas, algunos de los resultados dejan bastante que desear (…). Las convocatorias y licitaciones autonómicas siguen a las transferencias estatales con un significativo retardo», advierte Ángel de la Fuente desde Fedea, institución que realiza un seguimiento muy marcado del Plan de Recuperación.
Los expertos coinciden en que la excesiva carga burocrática es uno de los grandes retos para la correcta ejecución de este dinero. Pero este no es un problema nuevo. España ha demostrado históricamente que le cuesta, y mucho, absorber todos los recursos que llegan de Europa. Así lo reflejan los últimos datos públicos de la Comisión Europea, que nos sitúan a la cola de la región en términos de ejecución efectiva de las inversiones.
En concreto, España destinó 34.344 millones de fondos estructurales y de inversión (EIE) a proyectos concretos en el país, un 47%de los 72.440 millones planificados para el periodo presupuestario 2014-2020. Estos recursos incluyen el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
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Son los datos de ejecución más pobres de toda la Unión Europea, por detrás de Dinamarca o Italia, donde el porcentaje de gasto respecto a lo planificado ronda el 50%. Entre las economías de nuestro entorno, destaca el buen uso de Portugal. Aunque el país recibió menos dinero que España en el periodo, sin duda ha sabido exprimirlo más. En concreto, en los años analizados gastó un 78% de los 36.306 millones de euros planificados dentro del presupuesto europeo.
Alamania fue capaz de gastar un 65% de lo previsto, mientras que Francia lo hizo en un 68%. El país más avanzado es, junto al vecino ibérico, Hungría, con un porcentaje de gasto del 80% sobre el total estimado.
Pero, ¿por qué se da esta diferencia? Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, indica que este problema «estructural» tiene que ver, por un lado, con que «en España hay muchos más controles antes de las licitaciones que en otros países, donde incluso se han relajado en ese momento inicial para endurecerlos a posteriori». Alude además a la propia estructura administrativa del país, «con comunidades, ayuntamientos, administración central... que pueden retrasar los proyectos. Algo que no pasa en otros países más centralizados como Portugal».
«Hay cerca de 9000 municipios y 11.000 organismos de contratación», recordaban desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en un reciente foro para analizar la evolución de los fondos europeos. «De esos 9.000 ayuntamientos, ¿cuántos tienen capacidad gestora? El 3%, no más», insiste.
El miedo es que España tropiece con los Next Generation que, además, movilizarán cifras mucho más abultadas y que no solo se destinarán a infraestructuras, sector que suele ser más eficiente a la hora de ejecutar. «Este dinero estará centrado en renovables, digitalización, innovación...sectores distintos que además deben integrar a las pymes en el proceso», indica Torres. «Son proyectos muy distintos a los que se han hecho hasta ahora y requieren implicar también a muchos más agentes», insiste.
Incluso en infraestructura y construcción existe cierto temor en un entorno en el que, además, se mezcla el impacto de la crisis energética. «El aumento de los materiales hace que las obras se retrasen, no se usen los fondos y las empresas se desaniman a la hora de acudir a las licitaciones», explica Miguel Ángel Carrillo Suárez, presidente del Colegio de Caminos, Canales y Puertos.
Pese a las dudas, la realidad es que España sigue siendo alumno aventajado en este programa respecto a otros países de la región. Fuimos los primeros en recibir el visto bueno de Bruselas a los hitos y reformas que dan acceso a los fondos. Y esos hitos se están cumpliendo, de momento, en plazo. Así que no ha habido ningún problema en los plazos de entrega.
Hasta la fecha, España ha recibido un total de 31.000 millones de euros de estos fondos (19.000 millones en 2021 -9.000 en forma de prefinanciación y 10.000 como el primer pago semestral- y otros 12.000 en 2022). El siguiente pago será de 6.000 millones de euros y su recepción está vinculada al cumplimiento de 29 hitos y objetivos del primer semestre de 2022.
Pero ahora llegan las promesas más complejas de alcanzar –por ejemplo, la segunda parte de la reforma de las pensiones– y los problemas siguen centrados en las trabas burocráticas no solo para solicitar, sino también para hacer el correcto seguimiento de las inversiones en la economía real.
Desde el Ministerio de Economía defienden que en estos últimos meses se han acelerado las licitaciones y la apertura de concursos. Pero los datos siguen sin cuadrar. «Percibimos un acelerón en la publicación de convocatorias, pero aún hay mucho margen para incrementar el ritmo», insistían estos días desde la CEOE.
De los 28.000 millones de euros presupuestados para este año, las CCAA han recibido ya más de 18.000 millones a través de conferencias sectoriales, subvenciones y convenios. Pero el Gobierno sigue sin ofrecer los datos actualizados en términos de contabilidad nacional, que son los que permitirían saber cuánto dinero ha llegado de verdad a las empresas.
En su informe de seguimiento, Fedea estima que la tasa de ejecución en 2021 fue, como mucho, del 27% sobre el total presupuestado. Y este año rondaría apenas el 5,2% a cierre de junio, aunque reconocen que es difícil atinar con el cálculo. La propia Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) estima que los pagos realizados (lo que más se asemejaría a un dato de ejecución)rondaban los 5.618 millones en agosto, un 20% de lo presupuestado para el ejercicio.
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