Renfe presiona en plena OPA de Talgo y le exige 166 millones por los trenes

Es más, Renfe ha acordado sancionar a Talgo con 80.000 euros por cada día que se retrase la entrega de los vehículos a partir del 1 de abril, fecha límite que puso el ministro de Transportes, Óscar Puente para que la empresa pública espere los trenes para su entrada en fase comercial. Y así lo advierte en una carta enviada por Renfe al consejero delegado de Talgo, Gonzalo Urquijo, a la que tuvo acceso este periódico, y en la que comunica que aumentará las penalizaciones que ya estaban anunciadas por incumplir con el plazo de entregas.

En la carta, remitida con fecha 6 de marzo de 2024, Renfe asegura que la documentación aportada hasta ahora por Talgo «no justifica los retrasos en la entrega de los trenes». Además, se muestran «sorprendidos» de que Talgo «no tenga elaborado el análisis que se requiere y que necesite 90 días para elaborarlo». En esta misiva desde la operadora consideran que es un «flagrante incumplimiento de sus obligaciones contractuales» que está causando a Renfe y a los usuarios del transporte ferroviario en general.

Después de anunciar los importes sancionadores, Renfe solicita a Talgo que «concluya de forma satisfactoria y con el grado de calidad requerido en el contrato los trabajos pendientes», y que lo haga «a la mayor brevedad».

Este requerimiento se hace en un momento especialmente sensible para Talgo. El fabricante está en plena operación de venta al grupo húngaro Magyar Vagon pese a las reticencias del Gobierno, que duda de que detrás del capital haya algún vínculo ruso. Los accionistas recibieron con mucha incertidumbre la OPA y la compañía se desplomó este viernes en Bolsa más de un 54% hasta situar las acciones en 4,20 euros por título y alejando aún más el precio de la oferta de los húngaros de 5 euros por acción hasta valorar la empresa en 619 millones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este viernes que el Ejecutivo analizará esta operación y trabajará para conocer los «detalles exactos» de la OPA y «garantizar la estabilidad futura» de la empresa, «eso es lo que importa», destacó. En una rueda de prensa en Chile, Sánchez destacó la defensa de los «proyectos industriales estratégicos» y señaló que velarán por los puestos de trabajo. En este sentido, el presidente recordó que España cuenta con un marco reforzado para el análisis y el control de inversiones extranjeras, el denominado escudo anti-opas. Esta ley, aprobada en pandemia en semejanza a la de otros países europeos, obliga a tener el permiso del Gobierno cuando la operación de compra por parte de un inversor foráneo suponga más de un 5% del capital, o un 10% si hay intereses en Defensa.