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Lucas Irigoyen
Miércoles, 28 de agosto 2024, 08:19
Una batalla judicial. Es lo que se abre ahora una vez que el Gobierno decidió ayer vetar la compra de Talgo por parte de Magyar Vagon. Fuentes del consorcio húngaro explicaron a EL CORREO que su determinación y apuesta por el fabricante de trenes de ... origen vasco no decae y que la mantendrán «pacientemente». Eso sí, defenderán su posición por la vía legal. Según confirmó este periódico en círculos conocedores de la operación, las primeras medidas consistirán en un recurso ante el Tribunal Supremo y una petición de amparo a la Comisión Europea. La vía nacional planteará un contencioso-administrativo y, como ocurrirá con el amparo ante la UE, incluirá la solicitud de medidas cautelares.
El Consejo de Ministros denegó la oferta de Magyar Vagon para comprar Talgo apoyado en el decreto antiopas por cuestiones de «seguridad nacional» y por el carácter «estratégico» de la empresa. Fuentes judiciales señalaban ayer que el argumento jurídico exploraría, precisamente, la posibilidad de que la resolución del Gobierno escondiera motivos «arbitrarios» bajo las razones de «seguridad nacional». Insistían, además, en que ya hay antecedentes de actuación de la Comisión Europea ante bloqueos ejercitados por gobiernos a operaciones corporativas como esta. Una situación en la que Magyar Vagon no deja de contemplar el papel a favor que puede jugar el presidente de turno de la Unión Europea, que actualmente es el húngaro Viktor Orbán.
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Por su parte, portavoces de Talgo explicaron que esperarán a que el consorcio magiar dé los primeros pasos para tomar sus «propias decisiones». Los mismos medios apuntaron que seguirán «con su actividad industrial y de negocio y con sus compromisos con trabajadores, clientes y proveedores». Pero el escenario no es sencillo. Ya en la última junta de accionistas, su presidente, Carlos de Palacio, señaló que la prioridad de la empresa era reforzar su capacidad de fabricación. La cartera actual de pedidos, con más de 4.000 millones, ahoga a la compañía, que encontraba en las ocho plantas que aportaba Magyar Vagon una bombona de oxígeno.
Trilantic, el fondo de inversión británico y principal accionista de Talgo con un 40%, no realizó valoraciones. Su posición es la más afectada, ya que la decisión del Gobierno paraliza una opa por la que se iba a embolsar cerca de 250 millones de euros.
La situación jurídica actual podría complicar otras alternativas como la de Skoda. El grupo checo fue promocionado como alternativa por el Gobierno español, pero su oferta de fusión no contó con el respaldo de Talgo.
Los accionistas son los máximos perjudicados en primera instancia, al menos en lo económico. La caída ayer del 8,72% de la acción (hasta los 3,92 euros) redujo el valor de la compañía en Bolsa en 46,4 millones. Unas pérdidas que ascenderían hasta los 133 millones si se tuviera en cuanta el valor del título con los 5 euros que ofrecía Magyar Vagon en su opa.
Es una circunstancia señalada por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), que anunció ayer su intención de acudir también a los tribunales para denunciar «la injerencia del Gobierno» y pedir que se anule el escudo antiopas que permite intervenir al Ejecutivo.
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