El Estado apunta a empresas estratégicas por miedo a perder el timón de la economía

Detrás de cada uno de esos movimientos teóricamente empresariales se pueden esconder posiciones políticas que actúan como un caballo de Troya: aprovechan la coyuntura para tomar posiciones en empresas que manejan datos sensibles, seguridad nacional o control de infraestructuras clave para el funcionamiento de todo el país. «Ya no quedan casi dinámicas de mercado, sino dinámicas que son realmente geopolíticas», explica Ángel Saz, director de EsadeGeo. «Hay que protegerse porque el mundo se ha vuelto geopolítico», explica.

En esa espiral se han instalado ya los gobiernos de toda Europa. También España: el 'shock' del coronavirus destapó la vulnerabilidad de los pilares económicos, muy dependientes de otros países cada vez más lejanos, como China o los del Golfo Pérsico. En 2020, el Ejecutivo activó su escudo anti-opas: una norma para evitar que empresas extranjeras aprovecharan los precios de derribo de aquella época para entrar en firmas españolas.

Pero una vez superada la crisis, la amenaza sigue. Se acentúa. Y España ha optado por la intervención directa en compañías clave. Sigue la estela de otras potencias, como Francia, Italia y, en parte, Alemania. Aunque no hacen lo mismo otros territorios como Países Bajos, Reino Unido o los nórdicos. «Ellos hacen lo mismo, defenderse, pero con sin intervenir directamente en los accionariados», explica Ángel Saz. ¿Cómo? «Filtrando inversiones y bloqueando pretensiones de ciertos accionistas no deseados en industrias críticas», afirma.

España ha regresado a la participación directa pública en corporaciones después de haberlas terminado de privatizar hace apenas dos décadas. Lo hace a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en Hispasat, Enagás, Airbus o IAG, por ejemplo. Para ello necesita endeudarse porque tener ese capital –como la prevista en Telefónica– implica emitir deuda pública. Aunque después reciben ingentes cuantías de dividendos.

La cara b de esta intervención es la gobernanza. O la buena gobernanza. Diversas fuentes del mercado insisten en que cualquier desembarco estatal en una empresa privada requiere evitar los riesgos de intervencionismo político, con la designación de directivos vinculados a los partidos pero no siempre bien preparados para esos puestos.

De hecho, España es el segundo país de la OCDE donde más cargos cambian en la estructura del Estado cuando hay un relevo en el Gobierno. Solo Turquía nos adelanta en este triste ranking. La OCDE advierte: esta politización favorece el ascenso de personas no cualificadas y daña la imagen de las instituciones.

Ese es el temor que tienen los grandes accionistas de Telefónica, la compañía en la que entrará el Estado. Lo hará por ser estratégica, pero también muy regulada. La rigidez viene heredada de cuando era un antiguo monopolio incumbente de cobre, situación que ya no tiene nada que ver con la actual. La operadora exige la «desregulación total» porque «se ha quedado obsoleta», con una corporación que ya no es ni mucho menos un monopolio, ni es incumbente (la fusión de Orange y MásMóvil relegará a Telefónica de la primera posición), ni es de cobre sino que en abril –coincidiendo con su centenario– cerrará este negocio y será de fibra.

Las 'telecos' viven un momento crítico. El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que esta semana se ha reunido con responsables de STC para tratar la entrada de la operadora saudí al accionariado, viene demandando desde hacía años en el Mobile World Congress (MWC) el 'fair share': que las grandes tecnológicas paguen por el consumo masivo que hacen de la infraestructura de red que ellas se ocupan de modernizar, ampliar y desarrollar. Este año ha pedido «colaboración» y evitar «abuso».

El ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, sorprendió a la industria el pasado lunes, cuando anunciaba la creación de una empresa pública sobre la que se instrumentalizarán las inversiones del Gobierno en tecnológicas. Una especie de SEPI digital: la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), dotada con 20.000 millones de euros para tomar posiciones en este sector. En este caso, el Estado no tendrá que endeudarse. Los fondos proceden del Next Generation y estaban destinados sobre todo al Perte Chip. Si la SETT es el instrumento final para hacerse con el 10% de Telefónica («tiene todo el sentido que se haga a través de la SETT», aseguró el propio Escrivá en el Mobile), será con deuda.

El Consejo de Ministros aprobará la creación de la entidad este martes. Estará lista «en dos o tres meses». Su creación ha pillado por sorpresa a parte del Ejecutivo –puede arañar competencias a Hacienda o Economía– y a las empresas. Fuentes del sector señalan que tendrá un impacto muy tibio ya que los fondos estaban asignados, aunque sí servirá para unificar programas dispersos. El martes se conocerán los detalles de otro organismo que quiere reforzar el papel público ante la creciente amenaza mundial.