El desembarco en Telefónica necesita unos Presupuestos

Aunque desde el Ministerio de Hacienda –el departamento con competencias sobre la SEPI– mantienen el mutismo tras las consultas realizadas por este diario, el mercado bursátil apunta a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2024 como la principal razón por la que el Gobierno no ha iniciado el desembarco en la compañía de telecomunicaciones.

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José María Camarero

La SEPI cuenta anualmente con un límite de endeudamiento que le habilitan las cuentas públicas de cada año. Y con los presupuestos de 2023 prorrogados desde el pasado 1 de enero sería imposible iniciar la compra del 10% de Telefónica.

Sin embargo, el proyecto de ley para las cuentas públicas de este año ni está aún ni se le espera a corto plazo. Antes de que ese texto pase por el Consejo de Ministros, el Gobierno tiene que llegar a un acuerdo sobre la ley de amnistía para lograr el apoyo de Junts a esa norma y también a las cuentas necesarias para dar el margen financiero necesario para que la SEPI pueda adquirir el paquete accionarial anunciado a finales de 2023.

Porque la operación supondrá un desembolso de unos 2.000 millones de euros, calculados en base a la cotización con la que cerró la compañía este viernes. Sería un 6% más que el precio que registraba la firma cuando el Ejecutivo anunció la operación.

Es decir, al Estado le costaría hoy unos 150millones de euros más acometer la entrada en Telefónica que si lo hubiera hecho en las semanas posteriores al anuncio. A lo largo de los dos primeros meses del año, el grupo de telecomunicaciones se ha revalorizado y sobre todo lo ha hecho en las dos últimas semanas con un rally con el que se ha aproximado a los 3,83 euros.

Precisamente ese era el precio que marcaba la acción cuando la compañía saudí STC anunció en septiembre su intención de hacerse hasta con un 10% del capital. Movimiento que obligó al Estado a responder con su intervención dos meses después.