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El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha aprovechado la celebración de la junta de accionistas de la compañía para cargar de nuevo contra el gravamen energético que el Gobierno ha prorrogado este año, al insistir en que cualquier posibilidad de establecerlo como permanente «detrae ... opciones a nuestra capacidad para invertir y para afrontar con éxito las exigencias que impone la transición energética».
El ejecutivo ha insistido en que esta figura fiscal representa «un agravio comparativo y competitivo en el marco del derecho europeo», donde prácticamente ningún país mantiene este tributo después de los dos años de crisis de precios derivados de la guerra de Ucrania.
El Ejecutivo tiene la intención de modificar la actual estructura del impuesto extraordinario, que anunció en julio de 2022 cuando los precios eléctricos se encontraban disparados, para «adaptarlo» a la nueva realidad económica de unos costes más bajos, aunque no quiere suprimirlo. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya anunció la idea de «buscar un umbral razonable» para el sector, que podría suponer la aplicación de deducciones vinculadas a las inversiones sostenibles que hagan las compañías para minimizar su impacto.
Durante su discurso en la junta, Bogas también ha alertado sobre la necesidad de adecuar la regulación de las redes de distribución al considerarlo «un tema urgente» porque se está «haciendo perder oportunidades a nivel país para atraer empresas, talento y tejido industrial».
Bogas ha insistido en debatir «qué es lo que hay que hacer y, muy especialmente, que la regulación se adapte» a las necesidades para desplegar las inversiones que se necesitan en redes de distribución eléctrica, ya que se trata de un aspecto «crítico y vital» para poder alcanzar los objetivos de la transición energética.
A su juicio, ha indicado en el discurso, el crecimiento de la actividad industrial está encontrando «muchas dificultades» y que cada vez hay más casos de empresas que, a pesar de verse atraídas por la disponibilidad y los precios de la energía en España, ven imposible instalarse por unas limitaciones regulatorias y unos topes a la inversión que «no permiten dimensionar y adaptar la capacidad de acceso» a las redes de distribución. A este respecto, puso el ejemplo de los centros de procesamiento de datos, una industria que ve en España, por su mano de obra cualificada e infraestructuras eléctricas y de fibra, «un lugar ideal» para crecer, pero en donde la falta de capacidad de la red no les permite llevarlo a cabo. Y ha apuntado que mientras en Irlanda el consumo eléctrico de los centros de datos está próximo al 20% del total de la demanda, en España supone solamente un 0,2%.
Asimismo, recordó que Endesa tiene capacidad para incrementar su inversión, de acuerdo con lo contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno a 2030, pero recalcó que para ello «es necesario que la regulación de esta actividad mejore, que se eliminen los topes a la inversión y que la remuneración sea adecuada para que la inversión tenga una rentabilidad razonable».
En concreto, el grupo prevé destinar a las redes de distribución 2.800 millones en su plan estratégico 2024-2026 -que se eleva hasta un total de 8.900 millones de euros-, 200 millones de euros más que en el plan anterior.
Por otra parte, Bogas, que subrayó Endesa «es y aspira a continuar siendo la energética más importante del mercado español», puso en valor que la compañía ha «cruzado el Cabo de Hornos» en su travesía hacia la descarbonización y electrificación. «Pero aún tenemos travesía por delante», añadió al respecto, recordando que se viene de afrontar «períodos de máxima incertidumbre» en el sector derivados de los conflictos bélicos en Europa y de tensiones geopolíticas en puntos clave del planeta.
La eléctrica celebrará en noviembre su 80 aniversario desde su creación, y Bogas ha insistido en que es un activo «clave» dentro del grupo italiano Enel, en un referente de la transición energética. «Una compañía que aporte valor a sus accionistas, que genere empleo, y que contribuya al diálogo sosegado y constructivo para que la colaboración público-privada sea una realidad», manifestó.
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