Un 'efecto dominó' de quiebras amenaza a miles de empresas

Desde el pasado mes de septiembre, la tendencia es clara: el número de empresas que han presentado declaración de concurso de acreedores ha ido incrementándose:un 25% tras el verano;un 26% en noviembre;y hasta un 30% en diciembre, según los datos de los Registradores. En enero, con los registros más actualizados, la situación se ha estabilizado mínimamente.

Esta realidad contrasta con la que las empresas han vivido durante el año de la pandemia: una gran bolsa de negocios sobreviven casi como si fueran 'zombis' a la espera de una liquidación a la que saben que están abocados. Solo así se explica que en 2020 el número de compañías que presentó concurso de acreedores fuera inferior a las que lo hicieron en 2019. El año de la pandemia ha cerrado con 3.428 expedientes, frente a los 3.632 del ejercicio anterioro los 3.614 de 2018, dos años en los que la economía se encontraba en pleno proceso de recuperación.

Resulta aparentemente incoherente que en un periodo marcado por una grave crisis como la del coronavirus apenas hubiera quiebras legales. El portavoz y vicedecano del Colegio de Registradores, José Miguel Tabarés, aclara estos datos:«El año pasado, con los decretos aprobados por el Gobierno sobre los concursos de acreedores, desapareció la obligación de presentarlos», apunta. Hasta marzo, si una empresa estaba en situación de insolvencia (fundamentalmente, que no podía cumplir con sus obligaciones económicas para pagar a sus acreedores), tenía dos meses para solicitar el concurso. Desde el primer estado de alarma desapareció esta obligación. «Y ello, junto a la parálisis en las actuaciones judiciales de marzo a junio, provoca que el número de concursos de acreedores sea inferior al de 2019 cuando la situación económica y empresarial es mucho peor», sostiene Tabarés.

Por ello, el portavoz de los Registradores anticipa «la posibilidad de que haya un incremento importante en el número de concursos» durante este año. Aún no está clara la intención del Ministerio de Economía sobre la posibilidad de prorrogar la actual moratoria para que las empresas no tengan que presentar concurso aunque técnicamente sean insolventes. «Se trata de la artificial ilusión de una mejora en la situación económica a corto plazo», explican algunas fuentes de departamentos legales y jurídicos. En realidad, el Gobierno trabaja en varios frentes a la vez:esa posible prórroga, junto al nuevo programa de ayudas por valor de 11.000 millones para evitar que las empresas tengan que cerrar –el presidente del Gobierno anticipó el viernes que serán «ayudas a los balances de las empresas»–, así como la propia reforma de la ley concursal para trasponer la directiva europea a la legislación española.

Sobre esta última baza, la directiva comunitaria permite, por ejemplo, refinanciaciones en fase extrajudicial. También deja abierta la posibilidad de que se condone parte de las deudas tributarias, ya que estas no figuran entre las exenciones contempladas en la norma, como sí ocurre con las derivadas de hipotecas, pensiones de alimentos o sanciones penales.

Mientras llegan todas esas reformas legales, muchos negocios tratan de aguantar. Por eso, fuentes jurídicas consideran que existe una bolsa de empresas que ya son inviables pero que siguen sobreviviendo como 'zombis'. Estas fuentes apuntan que el objetivo del concurso de acreedores no es tanto liquidar la empresa sino llegar a un acuerdo con los acreedores para superar la inviabilidad. Aunque, en realidad, un 90% de esos procesos termina con el cierre del negocio, sobre todo entre las pymes.

Si los acreedores renuncian con una quita y aparte aplazan la deuda, se puede superar el bache frente a la liquidación total. Ahí se encuentra otra de las posibilidades que maneja el Ministerio de Economía para salvar a las empresas tras un año de crisis: la posibilidad de que la banca aplique quitas y otras medidas financieras para los negocios que sean viables.

Sin embargo, entre las entidades financieras ha cundido el pánico con esta posibilidad. «Es importante también que cualquier medida adicional que se adopte parta del principio de garantizar la estabilidad financiera, y para que las entidades financieras sigan siendo una parte importante de la solución en la futura recuperación económica», apuntan esas fuentes bancarias. «Una economía fuerte necesita de un sector financiero que también lo sea», explican desde las entidades españolas.

Mientras los empresarios esperan la solución final que les aporte el Ejecutivo, las peores estimaciones se ciernen sobre el sector, sobre todo en hostelería y turismo. En su último análisis elaborado a finales de 2020, el Banco de España ya estimaba que entre el 6% y el 10% de las compañías serán inviables por el impacto de la crisis sanitaria. Es decir, que están abocadas al cierre porque, además de no poder hacer frente ahora al pago de intereses, tampoco serán rentables en los próximos años. Además, los negocios catalogados como insolventes –aquellos con unos resultados futuros insuficientes para afrontar la deuda que tienen– oscilan entre el 14,5% y el 18,7%, frente al 10% de 2019.