Duro Felguera, Air Europa... los rescates públicos que pueden avecinarse

La primera compañía en solicitar asistencia estatal fue Duro Felguera, cuyo consejo a finales de julio abrió la puerta a que la SEPI (organismo a través del que se articulan las ayudas) entre en su capital.

La que ha sonado más fuerte como candidata al rescate es Air Europa. El proceso estaría adelantado. Pero Iberia había lanzado una oferta de compra por la compañía. Se podría interpretar que el Estado salva a Air Europa para que Iberia la adquiera saneada. Y ello puede ser un obstáculo que dificulte la ayuda estatal.

Una empresa que pida apoyo al Estado, además de estar al día con sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, ha de presentar un plan de viabilidad del negocio, precisar las ayudas que necesita para garantizar su supervivencia y a través de qué figuras se canalizarían (capital, híbridos u otros instrumentos). Asimismo, ha de diseñar una estrategia para devolver el dinero. En el caso de Air Europa, ante los planes de compra de Iberia, habría que resolver, señala Jesús de Blas, de Bankoa Crédit Agricole, cómo se devolvería el rescate, qué sociedad sería la responsable de desarrollar el plan de viabilidad y la que se sometería a escrutinio sobre cómo se cumplen sus objetivos.

La propia IAG también ha salido en las quinielas de posibles empresas a rescatar. En su caso la dificultad es su «doble nacionalidad» hispano-británica. Nuria Álvarez, desde Renta 4, precisa que ya ha anunciado una ampliación de capital, pese a que tiene caja suficiente, lo que la excluye como 'rescatable'.

Han trascendido otros nombres, que enumera Juan Alberto Sánchez, profesor del IEB: Globalia en su conjunto (propietaria de Air Europa o de Halcón Viajes), la siderúrgica Celsa o la firma de ingeniería Abengoa. Todas ellas de dos sectores muy impactados por la covid-19: el industrial y el turístico.

Sánchez apunta que, dado que el rescate requiere como contrapartida la imposibilidad de repartir dividendos, el control de las retribuciones a directivos y la existencia de un consejo gestor del fondo que pudiera controlar decisiones estratégicas de la compañía, sólo las más necesitadas solicitarán ayuda.

Los analistas cuestionan que entre las que vayan a solicitar el rescate haya muchas cotizadas. David Ardura, de Gesconsult, prevé que éstas «se van a resistir a pedir ayuda»: «Van a apurar y a tratar de financiarse en el mercado todo lo que puedan». De Blas coincide, sobre todo si la petición de apoyo se traduce en una nacionalización. Añade como argumento que, solicitando el rescate, lanzarían un mensaje negativo: supondría que no son capaces de lograr financiación bancaria (que puede estar avalada por el ICO) ni de emitir bonos ni de cubrir una ampliación de capital por sus medios.

De Blas agrega que el mercado asume que las compañías con más dificultades de acceso a la financiación son las que no cotizan y que el Gobierno no querría concentrar mucho sus inversiones, lo que hace pensar que su fondo se dirige a sociedades más pequeñas, aunque de un cierto tamaño, puesto que la ayuda mínima es de 25 millones de euros. De Blas opina que las empresas rescatadas serán de sectores estratégicos impactados por la pandemia y los extiende más allá del turismo, los viajes y el transporte, para alcanzar, por ejemplo, a la industria auxiliar de la aeronáutica.

La compañía de la que se trate ha de ser proactiva solicitando apoyo estatal. De ahí que, ilustra De Blas, Nissan no fuera candidata a recibir ayuda: no lo pidió; su decisión de irse de Barcelona puede responder a una reestructuración geográfica que trasciende la crisis generada por la covid-19. Algo similar puede pasar con Alcoa. Aunque las dos cumplan con otro requisito para acceder al rescate público: su carácter estratégico, en este caso, para el empleo en su área geográfica. Pero, tal y como recuerda Sánchez, el fondo se dirige a empresas con sede social y actividad en España.

Las compañías beneficiarias tienen que haber sido solventes en los últimos años, lo que puede dificultar que las que arrastren problemas del pasado y que pidan ayuda la obtengan. Sánchez señala que el caso de Abengoa podría ser complejo, ya que viene esquivando diversos concursos de acreedores desde 2016 y acaba de recibir apoyo del ICO con un crédito avalado de 230 millones.