Las nacionalizaciones vuelven a estar sobre la mesa, pero será difícil pagarlas

El mayor protagonismo de los Estados cobra forma poco a poco. No sólo con los millonarios planes fiscales que han diseñado los gobiernos para mantener a flote a las economías. También, en la ruptura de un tabú: la entrada de capital estatal en empresas en problemas. La Unión Europea ha relajado las reglas que rigen las ayudas que pueden prestar los Estados para que puedan recapitalizar compañías afectadas por la pandemia, es decir, nacionalizar empresas, en parte o totalmente, algo que ya está produciéndose con algunas aerolíneas.

No es la primera vez que la nacionalización deja de ser un anatema. La crisis de 2008 acabó con parte del sector financiero americano y británico rescatado por el dinero de los contribuyentes. En España queda un residuo: Bankia, que aún tiene una participación mayoritaria del capital público. En EE UU, los rescates llegaron incluso al sector automovilístico, con intervenciones de General Motors y Chrysler.

Juan Abellán, profesor de la EAE Business School, afirma que ahora estas operaciones pueden producirse, bien para evitar que el dinero foráneo se haga con compañías nacionales que se han abaratado mucho; bien por una necesidad de recursos que sólo resuelva una inyección de capital que no se logre en el mercado.

Abellán dice que en ambos casos la intervención sería temporal. Argumenta que si bien ahora la UE «está dejando hacer», sólo vería bien estas operaciones si fueran coyunturales, obligadas por la situación, para deshacer la posición cuanto antes. Aunque, en función de la duración de la pandemia y la crisis, puede ser necesaria una larga permanencia estatal en el capital. De todas maneras, de acuerdo con las nuevas normas comunitarias, el Estado ha de salir de las empresas en seis años si son cotizadas y en siete, si no lo son. Además, durante el periodo en el que el Estado forme parte del capital, no se permitirá ni la distribución de dividendos ni la de bonus.

Diego Pitarch, profesor del IEB, matiza que en la decisión de permanecer más o menos tiempo en el capital puede influir la sensibilidad ideológica de los Gobiernos. O la tradición: el Estado francés tiene una mayor vocación de permanencia estructural en el capital de empresas estratégicas, como energéticas, 'telecos' y aerolíneas.

También hay otro dilema: ¿la inyección de capital público ha de ir ligada a la toma de control de la gestión o a la influencia del Gobierno en las decisiones de la empresa? La ortodoxia dicta que la gestión siga siendo «profesional», independiente del poder político. Pero el secretario general de CC OO, Unai Sordo, una de las personas que en España ha empezado a hablar de las nacionalizaciones, afirma en declaraciones a este periódico que una inyección pública ha de condicionar la gestión de la compañía. A su juicio, la entrada del Estado no puede responder sólo a una limpieza temporal de los problemas que puedan atenazar a las empresas, no se puede incurrir en las prácticas de un 'Estado bobo' que viene a rescatar, pero sin ser proactivo.

Juan Torres López, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, coincide: «Si el Estado pone capital, debe estar en el consejo de administración. Si no, estamos ante un problema de captura del sector público por intereses privados o de nacionalización de las pérdidas y de privatización de los beneficios».

La nueva normativa comunitaria establece que los Gobiernos pueden marcar condiciones en términos medioambientales, digitales o fiscales a las empresas en las que intervengan.

El sector privado español se resiste a las nacionalizaciones. Fuentes empresariales comentan, por un lado, que el Estado ha de tener un enfoque preventivo, es decir, ha de evitar que se llegue a una situación límite del tejido productivo con, por ejemplo, avales públicos, garantías de liquidez, medidas fiscales... O con actuaciones para evitar opas hostiles por parte del capital extranjero, como ya ha hecho el Gobierno español, algo que al empresariado le parece «positivo».

Y, en todo caso, afirman que acciones de mayor calado no llevarán a replantear el sistema ni a un incremento estructural del poder público en las empresas: «Una situación coyuntural requiere una solución coyuntural. La respuesta ha de durar lo que persistan las necesidades», advierten fuentes empresariales. Abellán añade que no ve al Estado gestando un holding de participaciones en diferentes compañías, sino sólo apoyando a empresas en problemas que no puedan acceder a los bancos o a los mercados. Añade que, para los accionistas, lo mejor sería un préstamo gubernamental a largo plazo que la dilución que lleva consigo una ampliación de capital que suscribiría el Estado.

Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas, afirma que, ante la potencial magnitud «brutal» del «desastre» económico ocasionado por la pandemia, veremos «cosas que no habíamos visto nunca». En estas circunstancias, afirma, hay que quitarse las anteojeras ideológicas y actuar con pragmatismo. Pero a estos argumentos suma otro que pone límites a la eventual actuación del Estado, en particular el español, que se va a enfrentar a unas grandes dificultades financieras: «El dinero público va a ser un bien muy escaso». Por ello, cree que el Gobierno, si bien prestará mucha atención a los sectores en dificultades, como el turístico, optará más por la innovación legislativa que por las inyecciones de dinero. Aunque la necesidad llevó a que en la pasada crisis España requiriera ayuda comunitaria para salvar a la banca.

Ante esto, Francisco Alcalá, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Murcia e investigador del IVIE, señala que es difícil que haya nacionalizaciones en España no sólo por la escasez de recursos públicos, sino también porque los sectores en juego no son tan estratégicos como la banca: el apoyo a ésta fue, en realidad, un rescate a los depositantes.

Con o sin intervención pública en las empresas, Pich cree que el Estado está actuando como nunca en la economía; condiciona de forma inédita la actividad económica. Y ha adoptado un papel protagonista en el aspecto social, con la protección directa de más de un 30% de la población.

La cuestión está en si Bonzon tiene razón y el cambio va a ser estructural, si la capacidad del Estado va a permear hasta tal punto que va a tener un papel sustitutivo del mercado tanto para proveer a las personas vulnerables como al capital devaluado por la Covid-19 y el confinamiento.