El Estado vuelve al capital de Telefónica 25 años después de que el gobierno de José María Aznar vendiera el último 20% que ostentaba de la compañía. Dos años antes, el Ejecutivo de Felipe González había vendido otro 12% y con ello finalizó la privatización ... total de la mayor operadora de telecomunicaciones del país. Dados los últimos acontecimientos -sobre todo la sorpresiva entrada de los saudíes en el accionariado- el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido volver a entrar en la empresa con un 10% de las acciones. Un movimiento que ha dado lugar a críticas por parte de la oposición política del Gobierno. Pero, ¿qué posición se está tomando en el resto de países europeos sobre el control de las telecomunicaciones?
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Expertos del sector apuntan a que España está siguiendo el modelo alemán, cuyo gobierno ostenta un 13,8% del capital de su principal empresa de telecomunicaciones, Deutsche Telekom, por el carácter estratégico de esta compañía para el país. En Francia el gobierno controla el 13,4% del capital de Orange, un porcentaje similar al que tenían en Italia, pero que el pasado agosto firmó un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.
Solo Reino Unido ha seguido un modelo de privatización total y sus principales grupos en el sector (BT y Vodafone) también han recibido la visita inesperada de inversores extranjeros. En Noruega el gobierno ostenta más de la mitad de las acciones de Telenor, en Suiza el gobierno tiene casi un 51% de Swisscom. Y en Suecia dispone de aproximadamente el 40% de Telia.
El argumento que daba el Gobierno de Aznar para la salida del grupo Telefónica fue el proceso de liberalización que estaba desarrollando el sector de la telefonía, lo que aconsejaba que el Ejecutivo no fuera accionista de una empresa sobre la que se estaba marcando en ese mismo tiempo una regulación. Pero es evidente que las condiciones han cambiado. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, argumentó este jueves en una entrevista radiofónica que España es uno de los pocos países que no tiene una norma que impida las deslocalizaciones de empresas estratégicas. En este sentido, pidió que la SEPI no dependa de Hacienda, sino del Ministerio de Industria.
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