Ábalos culpa al Gobierno anterior del conflicto taxi-VTC

«Escucho todo tipo de propuestas y no hay problema, porque está abierto el plazo de enmiendas», señaló durante su comparecencia en la comisión de Fomento de la Cámara Baja en relación a la tramitación ahora como proyecto de ley de su polémico decreto 13/2018 de octubre sobre este asunto. En dicho texto se habilita a las administraciones territoriales a regular la actividad de los VTC y se da una moratoria de cuatro años para que puedan hacerlo.

«El decreto no obliga a regular», puntualizó el ministro, para acto seguido advertir a las comunidades de que si no lo hacen en ese tiempo luego «las VTC no podrán dar servicio en ese territorio», solo en trayectos nacionales entre dos o más regiones. «Eso es lo que va a ocurrir», insistió en su aviso tras argumentar que son las autonomías y las ciudades «las que mejor conocen sus necesidades». «No me extraña, por tanto, la situación que se vive en Madrid -dijo en referencia a la polémica entre la Comunidad y los taxistas- porque ya nos dijeron que no iban a asumirlo».

«Son cuestiones extremadamente relevantes en sus territorios», insistió para defender que el decreto les conceda esas atribuciones sin que ello suponga «echar balones fuera», algo de lo que le acusaron desde las filas del PP y Ciudadanos. En este sentido sostuvo que no se han «desentendido de la situación» y siguen «trabajando en los aspectos competenciales que nos corresponden», como la articulación del registro telemático para los servicios de VTC o la reforma reglamentaria de las sanciones por incumplimientos.

Pero donde más énfasis puso Ábalos fue en culpar al Ejecutivo anterior, presidido por Mariano Rajoy, del comienzo de este conflicto. Y es que aunque fue la llamada 'Ley Ómnibus' de 2009 impulsada por el gabinete de José Luis Rodriguez Zapatero la que liberalizó los servicios de VTC, el ministro argumentó que entonces no operaban Uber ni Cabify en España (llegarían en 2014) y «no había una amenaza para el taxi».

«Si el PP no hubiera tardado más de dos años en restablecer la ratio 1/30 (una autorización de VTC por cada 30 licencias de taxi)», criticó, «el mercado no se habría inundado con más de 12.000 permisos de VTC en toda España». Y es que los tribunales han ido dando la razón a este colectivo en sus recursos contra las peticiones denegadas por el Gobierno entre abril de 2013, cuando se dejó sin efecto la citada 'Ley Ómnibus', y noviembre de 2015 al aprobarse la nueva regulación.

No obstante, el ministro también quiso lanzar un aviso al propio sector del VTC sobre el alcance de sus permisos actuales. «Nadie es dueño de una autorización, no constituye un derecho de propiedad legalmente», enfatizó para a continuación señalar que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo «el cambio en las condiciones de explotación tampoco supone una merma sobre la misma».

Por otro lado, el ministro también se ha referido a los problemas ferroviarios en Extremadura, que se deben, según su opinión, a decenios de «inacción, sobre todo por parte del Gobierno del PP, que redujo la inversión anual desde 2012 y que incluso en 2017 dejó sin gastar el 80 % del presupuesto previsto».

Una comparecencia en la que ha querido pedir disculpas a los viajeros del servicio ferroviario por las incidencias que se producen -ocho en enero, frente a ninguna en diciembre- y en la que ha asegurado que el Gobierno «hace todo lo posible» para evitar que haya más problemas o, si los hay, minimizar sus efectos.

Ante la posibilidad de que algunas de las incidencias se deban a sabotajes, ha informado de que se han puesto todos los datos en conocimiento de la autoridad correspondiente para realizar las investigaciones de hechos «tan graves», que podrían haber tenido «consecuencias trágicas».

«Debemos ser conscientes de que no podemos erradicar en unos meses los déficit de inversión de varias décadas, pero nuestro compromiso es impulsar la inversión en la infraestructura y acelerar la renovación de los trenes», ha prometido.

La licitación actual multiplica por más de 80 los valores del mismo periodo de 2017 y las adjudicaciones han aumentado un 755 %, ha agregado, y ha precisado que los valores de licitación del nuevo Gobierno alcanzan los 388 millones.