Madrid se planta ante los taxistas «radicales podemizados»

El golpe de efecto del gremio del taxi tuvo un recorrido muy corto. Antes incluso de que el sector entregara al Ejecutivo regional su última propuesta para poner fin al conflicto, el presidente madrileño dejó claro que la comunidad no va a dar un paso atrás. Es más, que para el Gobierno autonómico casi se ha convertido en una cuestión de honor no echarse atrás. Que el Ejecutivo del PP no va ceder ante los «radicales podemizados» que, en su opinión, están orquestando las protestas del gremio. Ángel Garrido advirtió ayer a los taxistas de que sigue considerando que su última oferta solo pretende «eliminar» a sus adversarios en el asfalto y anticipó que el Gobierno autonómico no considera ese documento siquiera como punto de partida. «Estamos abiertos a negociar el respeto de derechos, pero no a ir contra los derechos del contrario. Si pretenden eliminar a los VTC, la respuesta va a ser no», insistió.

Y es que el borrador presentado oficialmente ayer por el gremio insiste en que la comunidad imponga una precontratación mínima de una hora a empresas como Uber y Cabify, como ya ha hecho Cataluña. Esta es la «línea roja» que el Gobierno autonómico no va a aceptar nunca. La comunidad propone como máximo una limitación espacial (que no se pueda contratar con la 'app' a vehículos que estén demasiado cerca del cliente).

El texto dado a conoce por las cinco asociaciones que respaldan la huelga (la Federación Profesional del Taxi de Madrid, la Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid, la Asociación Madrileña del Taxi, Élite Taxi Madrid y la Asociación Plataforma Caracol) no es especialmente novedoso. Aunque el sector insistió en que ha rebajado mucho sus pretensiones iniciales, el borrador de decreto que presentó en el registro de la Comunidad de Madrid es casi más restrictivo que el aprobado por la Generalitat. El texto incluye, entre otras exigencias: que los VTC solo puedan ser contratados para realizar un servicio mínimo de cinco kilómetros; que los vehículos con conductor no tengan aparcamientos en superficie; que los VTC no puedan deambular por la calle a la espera de clientes y que tengan que volver de forma obligatoria a su base tras el servicio; que no puedan usar geolocalizador para su contratación; y que la nueva normativa defina claramente el concepto de «captación de clientes».

«El mundo cambia para todos y si nos empeñamos en parar el mundo, nos habremos equivocado. Es un error muy grave, sigue girando», fue la respuesta inmediata de Garrido a la oferta de los taxistas. El Gobierno regional, según explicaron a este periódico fuentes de la Comunidad, ni siquiera considera un punto de partida el último texto del gremio. Es más, lejos de ver «concesiones» en ese articulado, lo considera un «nuevo planteamiento de máximos». «Es una propuesta aún más radical», llegó a decir Garrido ya por la tarde, tras haber analizado el texto de los taxistas con más detenimiento.

Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, encargado de presentar públicamente esta última propuesta, tampoco dio su brazo a torcer. Explicó que el sector va a seguir con las movilizaciones si la Comunidad de Madrid no se aviene a negociar estos puntos porque los taxistas «no vamos a aceptar un trágala». «No es nada excepcional, es algo que se está haciendo en otras comunidades como Cataluña, Valencia, Baleares o País Vasco», dijo Sanz, al tiempo de que hizo balance de las diez jornadas de huelga.

Según el sector, durante estos días de paro 128 taxis han sido atacados, el último la noche del miércoles cuando un vehículo fue calcinado. Un centenar de taxistas ha resultado herido y otros seis conductores han sido detenidos, tres de los cuales se encuentran con cargos.

Con este panorama, y sobre todo tras conocer la respuesta de Garrido, los taxistas, como era evidente, anunciaron que seguirán con su huelga indefinida. Ayer volvieron a manifestarse, no solo en Gran Vía, sino tambien frente a la sede nacional del PP en la calle Génova y la Puerta de Sol, sede del Gobierno regional.

Ahora el taxi, según anunciaron sus responsables, busca una nueva vuelta de tuerca: una gran manifestación en Madrid en defensa del sector público.