Bankia y sus exconsejeros piden retirar del juicio a la mayoría de las acusaciones

Su argumento, en el caso de las asociaciones como Adicae, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y el sindicato CGT, que ejercen la acción popular, es que no tienen un interés directo en el proceso, al no haber resultado perjudicadas. Y en el caso de las acusaciones particulares el razonamiento del letrado del banco, Joaquín Burkhalter, es que la cifra de los accionistas que representarían estaría muy inflada, hasta el punto de quejarse de una «confusión reinante» en el juicio que hace «obligatorio» discriminar quiénes están «realmente legitimados y en qué medida».

Según los datos que había presentado el banco en los últimos días, hubo 10.700 accionistas minoritarios perjudicados por su polémico estreno bursátil -de entre los 150.000 compradores de títulos que hubo en total- que denunciaron ante la Audiencia Nacional. A raíz de que el Tribunal Supremo sentenciara en febrero de 2016 que los inversores particulares habían sido inducidos al engaño, Bankia abrió un procedimiento administrativo para resarcirles con una provisión total de 1.840 millones de euros. Hasta el momento habrían recuperado su dinero 10.532 personas físicas y jurídicas, mientras quedarían aún otros 168 por solventar, a razón de una media de 12.500 euros para sumar dos millones pendientes de devolución.

No obstante, el abogado de la entidad financiera estimó este martes que el número de perjudicados personados en el juicio y aún sin recuperar su inversión serían 205, a quienes ofreció el dinero original de sus acciones más un interés anual del 1% con cargo a la fianza civil de 34 millones de euros que tiene depositada en esta causa. Por ello, insistió en depurar el número real de quienes aún mantienen un interés directo en el proceso, de manera que las 26 acusaciones presentes «acrediten que tienen poder de representación y los títulos correspondientes a la salida a bolsa de Bankia de sus afectados y, los que no, que sean expulsados del proceso». De no hacerlo así, y en caso de terminar resultando absuelta, reclamaria que fueran condenadas a pagar las costas del juicio, petición a la que se unió la representación de la auditora Deloitte.

Y es que en el banco estiman que, además de haber decenas de ellos que ya habrían sido resarcidos -acudir al procedimiento de devolución de Bankia implicaba como condición previa renunciar a ejercer acciones penales-, se estaría incluso utilizando el nombre de personas muertas, además de haber otros que están ilocalizables y un último grupo que compró títulos con posterioridad al polémico estreno bursátil. De ello acusó en concreto a la asociación Adicae, que representa a 1.415 accionistas pero según la entidad financiera 1.385 habrían recuperado su inversión y entre el resto habría al menos tres fallecidos. En esta tesitura su letrado se quejó de «indefensión» y reclamó al tribunal que depure responsabilidades.

Un paso más allá han ido los letrados del Banco Financiero de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, y del ex interventor general de la entidad, Sergio Durá, quienes han reclamado al tribunal que suspenda temporalmente la vista oral visto ante la confusión que se ha generado en torno a las acusaciones. «Con esta incertidumbre reinante no se puede iniciar el juicio; pedimos que se depure esto y, si es necesario, que se suspendan las sesiones por el impacto que tendría en las cuestiones previas», argumentaron al tiempo que añadieron otra advertencia en la línea de la realizada por el abogado del banco: «Si hay inversores no legitimados durante el juicio» que influyen en la condena, «ésta sería nula».

A juicio de esas defensas, las declaraciones de los acusados deberían posponerse hasta enero (al menos, hasta el día 8 de ese mes) para dar tiempo tanto a depurar el número de partes personadas como a estudiar la nueva documentación presentada, incluidos varios informes periciales, entre ellos uno del perito judicial Antonio Busquets, inspector del Banco de España. En cualquier caso, la mayoría de quienes se sientan en el banquillo consideran que «la única acusación particular legitimada» es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), por asumir los 22.424 millones de euros que terminó costando el rescate de Bankia, y que la Fiscalía solo acusa en estos momentos a 30 de los 34 procesados por un solo delito (estafa y no falsedad documental).

Otra de las quejas más repetidas en esta segunda jornada de cuestiones previas por las defensas ha sido la «indefinición» de las imputaciones que se les realizan. «Los escritos (de acusación) deben dejar claro los delitos y la documentación que así lo prueben», reprochó el abogado de Durá, único directivo encausado y que fue quien como interventor se encargó tanto de las cuentas de 2011 como de su reformulación posterior. Varios acusados más, exmiembros del consejo del banco, criticaron que «nadie concrete cuál habría sido su actuación presuntamente delictiva, dando por probados hechos que no han sido acreditados», por lo que concluyeron demandando al tribunal -que ahora estudiará qué decisión tomar y probablemente la anuncie este miércoles- «un juicio justo».