Anticorrupción desbarata la estrategia de la excúpula de Bankia al contemplar acusarles también de falsedad contable

«Avanzamos que, eventualmente, cabría la posibilidad de que modificaramos las conclusiones definitivas considerando que los hechos relativos a los estados contables en las cuentas cerradas a 31 de diciembre de 2012 podrían ser subsumibles en un delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal», advirtió en su intervención la fiscal Carmen Laguna, quien estuvo acompañada de su jefe, Alejandro Luzón, por ser el responsable del Ministerio Público que se encargó del caso durante prácticamente todo el procedimiento. En la práctica ese giro estratégico supone que además de por el fraude a inversores que ya acusaba, aunque solo a los antiguos máximos responsables de Bankia, podría terminar haciendo lo mismo respecto al suministro de información financiera inveraz y el maquillaje de sus cuentas.

La Fiscalía solicita penas de entre cinco y dos años y siete meses de cárcel para el citado Rato, el ex vicepresidente del banco José Luis Olivas y dos exconsejeros que tenían poderes ejecutivos, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú. Si finalmente extendiera su imputación al delito de falsedad dicha petición de prisión se duplicaría y, además, se extendería a los otros 30 encausados que se sientan en el banquillo. Respecto a la motivación de su decisión, la fiscal dio a entender en su intervención ante el tribunal que habían encontrado nuevos indicios que avalarían la manipulación contable referida, al menos en el caso de una de las entidades que conformaban Bankia.

«Este informe -dijo en referencia a uno de los nuevos documentos que pidió incluir en el proceso durante el debate de las cuestiones previas iniciado este lunes- aporta las reuniones de directivos de Banco de Valencia y BFA con el Banco de España«. Y a tenor de esos encuentros y otros documentos contables, «en 2010 Banco de Valencia ya estaba en pérdidas», lo cual para ella puede terminar resultando revelador para valorar «la alteración de la realidad contable» del grupo porque dicha entidad «es una parte importante» de la matriz de Bankia y, por tanto, influía directamente en su situación financiera.

En la misma línea, Laguna solicitó al tribunal la admisión de otro informe de la auditoria PwC sobre la situación contable que tenían las cajas de ahorros que integraron Bankia, y un estudio de la aseguradora británica Aviva sobre la polémica salida a Bolsa del banco en julio de 2011. Asimismo, aportó testimonio de las comparecencias que los principales encausados realizaron en la comisión del Congreso que investiga el origen de la crisis financiera en España, así como del inspector del Banco de España que supervisó la revisión de las cuentas de BFA. En último lugar, pidió añadir a la causa un correo electrónico de Fernández Norniella y varias actas del grupo que «revelan los graves deterioros que sufría» una de sus participadas, la inmobiliaria Bancaja Habitat.

El otro elemento que han considerado en Anticorrupción para cambiar su criterio es una sentencia del Tribunal Supremo de febrero pasado, donde matiza la interpretación que se daba hasta ahora a la llamada doctrina Botín, según la cual si ni la Fiscalía ni una acusación particular acusan a un imputado o procesado esa parte de la causa (o todo el proceso si se diera el caso) deberían ser archivados. Antes de la intervención del Ministerio Público, las acusaciones populares representadas por la asociación de usuarios financieros Adicae y la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) le habían reprochado que solo hiciera una «acusación 'light'», dejando fuera a la mayoría de los encausados, para quienes ellos demandan penas de hasta 12 años de cárcel.

La primera sesión del juicio de Bankia continuó con la exposición de las cuestiones previas por parte de las defensas de los 34 acusados, que visto el cambio de estrategia de la Fiscalía incidieron menos de lo previsto en su petición de ver archivada la parte de la causa referida a la falsedad contable que solo les imputan, por ahora, las acusaciones populares aunque la mantuvieron. Además, destacaron varios de ellos, como los abogados de Rato y Olivas, que sus patrocinados realizaron grandes inversiones en la salida a Bolsa de Bankia (250.000 euros el primero y 150.000 el segundo) que también resultaron en parte fallidas por la caída posterior de su cotización bursátil, en un intento por hacer ver que no hubieran empleado su dinero si había un fin último de engaño o se hubieran alterado previamente las cuentas.