Rato, a un paso de ser juzgado por contratos de publicidad en Bankia

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha concluido las diligencias previas sobre este caso de presunto trato de favor a las empresas de publicidad Zenith y Públicis en varios contratos de Bankia cuando Rato la presidía. Y lo ha hecho encontrando indicios de la posible comisión del citado delito.

Por eso ha dictado auto de procedimiento abreviado contra él y otra docena de personas, además de las dos empresas citadas, según se conoció este jueves. Entre ellas figuran Alberto Portuondo, su presunto testaferro; Teresa Arellano, su antigua secretaria personal; y José Manuel Fernández Norniella, colaborador suyo desde la etapa en el Ministerio de Economía y a quien nombró consejero ejecutivo de Bankia.

Según las conclusiones del juez instructor, sociedades patrimoniales vinculadas a Rato recibieron entre 2011 y 2012 sendas transferencias de las empresas publicitarias citadas por un total de 834.000 euros. La defensa del expolítico metido a financiero -tras llegar a ser vicepresidente económico del Gobierno dirigió el FMI, para luego presidir Caja Madrid y Bankia- sostiene que fue el pago por servicios de intermediación de esas firmas, de las que dijo además no tener un contacto directo, pero la Fiscalía Anticorrupción sostiene que en realidad sería el abono de comisiones por adjudicarles contratos 'a dedo' desde el banco.

Ahora el Ministerio Público y las acusaciones dispondrán de diez días hábiles para presentar sus escritos de acusación, paso previo para que el juez dicte auto de apertura de juicio oral contra Rato y el resto de investigados. Esta es la primera pieza que se concluye dentro de la causa penal abierta hace casi cuatro años sobre su presunto enriquecimiento ilícito.

Según la Oficina de Investigación contra el Fraude (ONIF), Rato controlaría -de forma directa o indirecta a través de su entorno personal- un patrimonio de «al menos» 26 millones de euros. Buena parte del mismo no habría sido declarado a Hacienda, conforme a las conclusiones de la Agencia Tributaría, que le atribuye un presunto delito fiscal por importe de 5,4 millones de euros correspondiente a los ejercicios de 2014 y 2015, los únicos que no habrían prescrito.

Además, se le investiga por presunto blanqueo de capitales al haberse detectado movimientos en el extranjero por valor de 7,8 millones, con ingresos en cuentas de sociedades radicadas en paraísos fiscales y controladas por Rato. Esta podría ser la pieza siguiente en concluir, dado que la Audiencia Provincial de Madrid ha conminado a ello pese a la insistencia de la Fiscalía por recabar datos de más de una docena de cuentas en territorios 'offshore' como Monaco, Suiza y Panamá, entre otros.