Rato acusa a De Guindos de «exigir» a Bankia más provisiones solo «por razones políticas»

«En una cena del 4 o 5 de abril de 2012 -relató Rato durante el cuarto día de interrogatorio de la Fiscalía- nos exigen que Bankia provisione 15.000 millones (de euros), cosa que yo consideraba desproporcionado y que no podíamos hacer», dijo tras quejarse de que el decreto 2/2012, redactado por el equipo del hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) ya obligaba, de hecho, a hacer unas dotaciones «muy potentes» que dañaron mucho a Bankia porque era «uno de los bancos que más (riesgo) inmobiliario tenía». El problema, insistió en su lamento, es que a ellos se les reclamó todavía «mucho más».

«El Ministerio por razones políticas, y a través de su director general, me traslada a mí personalmente que el Gobierno quiere que Bankia haga un saneamiento mayor», enfatizó Rato en su respuesta a las preguntas del Ministerio Público. «Esa es una petición política que no me traslada el Banco de España (BdE) sino el Gobierno en unas reuniones con mis tres principales competidores (BBVA, Santander y CaixaBank)», rememoró el expolítico metido a financiero (el mismo llegó a ser vicepresidente económico en el Ejecutivo de José María Aznar antes de dirigir el FMI y luego presidir Caja Madrid). Por eso, «a principios de abril -continuó- tuvimos que elaborar un posible aumento de provisiones que no tenía cobertura legal ni había sido pedido por el supervisor (el BdE)».

En realidad, Rato no llegó a nombrar este lunes directamente a De Guindos -sí lo hizo en jornadas anteriores-, pero la referencia velada era muy directa. «Hay una petición política de quien controla al FROB y era nuestro jefe», en referencia a que el Ministerio mandaba en última instancia sobre el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que ya había dado un primer paquete de ayudas públicas a Bankia. Para ellos, dijo, «la cifra era creíble, pero para nosotros no, ...era excesiva». «Nos encontramos -prosiguió- con que nos decían que teníamos que darles más', y lo decía un ministro». Pero «esto -volvió a quejarse- no está soportado por ninguna norma contable del Banco de España, era una posición de autoridad política que nos exigía además su cumplimiento».

No fue su única alusión a posibles interferencias de terceros, pues llegó a sugerir una especie de conjura entre la gran banca y el Gobierno para forzar su marcha. El primero en requerírselo fue «el presidente del BBVA (entonces Francisco González) el 6 de mayo (de 2012)» en el Ministerio, porque «me dijo que habiendo sido ministro del PP no era bueno que fuese presidente de un banco«. Luego se sumaría a esa petición de dimisión el propio titular de Economía, e incluso le dijo que lo hiciera »inmediatamente, sin esperar ningún plazo«, pero el fiscal le preguntó qué motivos podía tener para ello. Según el acusado, «ninguno, pero me insistió en que era mejor hacerlo así». Incluso el propio presidente Mariano Rajoy, añadió, le terminó comentando que estaba de acuerdo con el ministro, pese a que «en un principio me dio la impresión de que todo esto le parecía un poco excesivo».

Rato terminaría renunciando a su cargo dos días después «porque pensé que si yo era un problema no tenía ningún inconveniente en marcharme en beneficio de las cajas (que tras su fusión conformaron Bankia) y de todos. Tenía un margen de maniobra muy limitado y entendí que mientras fuese útil a mis accionistas debía seguir, y que cuando no lo fuese debía irme», concluyó su explicación de este asunto que, según dejó entrever, se habría gestado en una comida a principios de mayo de 2012 entre los presidentes de BBVA, Santander y CaixaBank con el propio ministro.

Pese a ello, defendió que la entidad tenía capacidad antes de la intervención para haber devuelto los 6.000 millones en ayudas que recibió. El fiscal le preguntó si eso le parecía realista conforme a la situación del grupo. «Me lo parecía a mí y también al Banco de España, estabamos igual o mejor que otros, no es que a nosotros nos hubiera dado una exaltación generalizada», aseveró ante esas dudas. «El problema de los posibles es que luego pueden no suceder», zanjó la cuestión.

En cuanto al papel de la auditora Deloitte, y en concreto de su socio Francisco Celma -ambos también se sientan en el banquillo de los acusados en este proceso- como responsable de revisar las cuentas anuales de Bankia, Rato admitió que desde finales de 2011 tenía «cierta inquietud» con algunos aspectos del balance, pero nunca les concretó los motivos. «No llegó a decirnos 'oiga, esto es esencial y sin ello no les voy a poder dar una opinión sin salvedades', que -señaló al tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga- es lo que hubiera correspondido si los problemas eran realmente importantes».

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón -quien estos días sustituirá a la responsable del caso, Carmen Launa, convaleciente por una enfermedad ocular-, le preguntó entonces si no les extrañó que el auditor no presentará su informe anual como era habitual. Rato le contestó que ni él ni el consejo de administración mostraron «preocupación», pues pensaban que se retrasaba precisamente esperando que el Banco de España aprobara el plan que Bankia estaba preparando para cumplir con el segundo 'decreto Guindos' sobre provisiones. «En mi conciencia no había ninguna sensación de que tuviéramos un problema de salvedades, nadie me lo había transmitido», insistió, tras afirmar que solo tuvo una conversación telefónica «muy corta» con el auditor en abril al ver que seguía sin darles su dictamen.

Además, el que fuera presidente del banco rescatado -en prisión desde mediados de octubre para cumplir una condena de cuatro años y medio por el caso de las tarjetas «black»- argumentó que el supervisor financiero reconocía entonces que su situación era «similar, e incluso mejor, que la de nuestros pares en el sector», a la vez que el valor de las acciones de Bankia evolucionaba «como la de los demás bancos». «No teníamos problemas de liquidez ni de retirada de depósitos, porque eso llegó luego con la intervención«, señaló para criticar de nuevo las decisiones del Ministerio de Economía.