La banca guarda 4.500 millones para hacer frente al riesgo judicial

La gran banca española (Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) guarda 4.500 millones de euros para hacer frente al riesgo judicial. Una cifra que supone el 24% del total de sus provisiones, según los datos recopilados a partir de los informes financieros consolidados de cada entidad, dentro del epígrafe de «cuestiones procesales y litigios por impuestos».

Todo ese dinero actuaría de escudo frente al coste de procesos que aún colean, como las cláusulas suelo, los intereses de las tarjetas 'revolving', las hipotecas ligadas al IRPH o los gastos hipotecarios. Perotambién ante tramas como el 'caso Villarejo' o la caída del Popular.

La amalgama de reclamaciones es innumerable. Y los avisos han sido constantes para una industria muy castigada en los últimos años con sentencias –y sus correspondientes recursos– que han ido pasando de las audiencias provinciales al Supremo, para llegar incluso en muchas ocasiones hasta la justicia europea.

A 31 de diciembre, Santander es el banco que presenta mayores provisiones para cubrir riesgos legales, con 2.715 millones de euros, según consta en sus informes financieros. Entre los riesgos pendientes, destacan los derivados de conflictos laborales en Brasil o casos sin cerrar por hipotecas en francos suizos. Y también la amenaza que aún sobrevuela por las consecuencias de la absorción de Banco Popular en 2017 por el valor simbólico de un euro.

Precisamente, la Audiencia Nacional ha propuesto esta semana juzgar a Ángel Ron y a PwC, entre otros, por engañar a los inversores en las cuentas que sustentaron la ampliación de capital del banco en 2016. Y mantiene a Santander a la espera de la apertura del juicio oral como responsable civil subsidiario en el caso. Ya en 2017, la entidad estimó en 680 millones el coste de una eventual compensación a accionistas y bonistas del Popular. Pero 535 millones ya se destinaron al pago del llamado 'plan de fidelización' con el que se compensó a buena parte de los afectados, a cambio de que no interpusieran demandas.

Es decir, el riesgo potencial actual sería de 145 millones, según detalla la entidad, más otros 52,6 millones –ya cubiertos en provisiones– asociados a las cláusulas suelo heredadas del banco.

BBVA, por su parte, cuenta con 696 millones en provisiones por procedimientos abiertos, de los que 539 millones corresponden a contingencias legales y 158 millones a fiscales. Uno de los casos que más ha pesado en los últimos años es la investigación por el 'caso Cenyt', cuya fase de instrucción finalizó el 29 de enero en 2024. El banco indica que «no es posible predecir los posibles resultados, incluyendo potenciales multas y daños a la reputación del grupo».

Por su parte, CaixaBank guarda 926 millones de euros en provisiones, principalmente vinculadas a riesgos por la concesión de hipotecas (cláusulas suelo, multidivisa, gastos hipotecarios, vencimiento anticipado, etc.). Con los casos de IRPH prácticamente superados, la hucha frente a demandas por gastos de formalización de hipotecas ascendía a 73,5 millones a cierre de 2023. Y también hay una provisión «suficiente» de 92 millones para atender posibles reclamaciones por la comercialización de tarjetas 'revolving'.

Según su informe anual, existen además dos procedimientos relacionados con el fin de la alianza de bancaseguros que mantenía Mapfre con Bankia, «en fase muy inicial». Y también se siguen tramitando, aunque en un número muy reducido, casos heredados de la salida a Bolsa de Bankia. «Actualmente existen 125 procedimientos en curso con un fondo vivo provisionado de seis millones de euros», indican.

Dentro de la banca mediana, Bankinter reserva 133 millones frente a litigios por préstamos multidivisa y 'revolving', entre otros. Mientras, en Sabadell destaca la protección frente a demandas contra su filial británica TSB (de unos 19 millones), así como de casos de cláusulas suelo, hipotecas y 'revolving', ascendiendo la provisión constituida para este caso a 69 millones de euros.

Tarjetas Black, preferentes, intereses disparados... la avalancha de casos judiciales que la banca acumuló a comienzos de la década de los 2000 generó en los años posteriores no solo un incremento de las provisiones para hacer frente a las demandas, sino una enorme brecha de confianza entre las entidades y sus clientes, cada vez más recelosos de prácticas que se iban confirmando como abusivas a su paso por los juzgados.

Es más, el riesgo reputacional –que es algo intangible, al no aparecer en los balances ni poderse cuantificar– se convirtió en aquella época en un auténtico quebradero de cabeza para los bancos. Tanto, que el propio Banco de España incluyó en 2019, por primera vez en su historia, este riesgo como uno de los principales para el sector en su Informe de Estabilidad Financiera, el de la primavera de aquel ejercicio. Situaba el peligro al mismo nivel que otros riesgos como la desaceleración económica o la pérdida de rentabilidad.

Años después, el sector financiero ha recuperado buena parte de esa confianza perdida. Sobre todo tras el papel clave que las entidades jugaron durante la crisis sanitaria en 2020, regando de crédito al mercado y gestionando ayudas como los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que, precisamente, han amenazado con convertirse en un nuevo frente judicial. «Aún queda camino por recorrer en términos de reputación», suele reconocer un alto directivo del sector cada vez que tiene ocasión. Y es que los casos que aún colean en los juzgados no solo impactan en costes.

También en ese esfuerzo por recuperar el favor de unos clientes que no solo han reclamado por tipos de interés abusivos, entre otros, sino por la falta de claridad–en muchas ocasiones verdadero ocultismo– con la que se han comercializado algunos productos, tal y como recuerdan los despachos especializados en este tipo de litigios.